ALICANTE.- Las administraciones públicas mantienen abiertos 199.983 expedientes por deudas impagadas en la provincia de Alicante, tanto de empresas como de particulares. Distintos organismos, desde los dependientes del Estado hasta la Generalitat, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, tratan de cobrar alrededor de 100 millones de euros correspondientes a impuestos, tasas o embargos que, pese a la dificultad para que se reintegren a la tesorería pública, no están considerados como incobrables.
Un estudio de la empresa Informa D&B, que lidera entre la sociedades privadas españolas el suministro de información económica y financiera, sitúa a la provincia en el quinto puesto del ránking nacional (tras Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia) en deudas impagadas a la Administración.
La morosidad con organismos públicos en la provincia creció un 26,27% en 2006 empujada, según el informe, por irregularidades en los pagos a las administraciones incubadas desde el principal sector económico de Alicante: la construcción y la actividad ligada a la vivienda. Los expertos de Informa reflejan en su estudio que seis de las 10 provincias más deudoras están situadas en la costa mediterránea, a la que califica como «zona histórica de impagos». «Esta situación - recoge el informe - se debe básicamente a la creación de empresas de promoción inmobiliaria y de la construcción - el 39% de las empresas deudoras pertenece a estos sectores - que no cumplen con todos los requisitos que la ley exige».
La deuda familiar en España está cifrada oficialmente en más 13.000 millones de euros, lo que incluye cuentas pendientes - las más voluminosas - con los bancos. Los expertos en coyuntura económica calculan que la deuda con las administraciones correspondiente a Alicante se eleva a unos 100 millones de euros, lo que equivale a un endeudamiento medio de 500 euros por moroso.
Cuando los analistas de Informa aluden a las anomalías detectadas en la actividad inmobiliaria, explican que «esta situación irregular se transmite a lo largo de su vida mercantil [de las mercantiles]: las empresas desaparecen sin presentar su disolución, quedando en paradero desconocido e ignorando su cierre la Administración».
En el conjunto de España, las deudas impagadas a la administración aumentaron un 19,7% en 2006. Las provincias con menos impagos en 2006 fueron Teruel (4.603), Ceuta (2.373), Ávila (2.286), Soria (1.596) y Melilla (1.371).
Alicante es la quinta provincia española en número de deudas impagadas a las administraciones, con un total de 199.983 , más de 141.000 de ellos en vía ejecutiva. El 39% de las sociedades deudoras de España pertenece a la inmobiliaria y la construcción , muchas de las cuales ni siquiera notifican su cierre. La morosidad con organismos públicos ha crecido en la provincia un 26,27% en un año. El capítulo que engrosa el endeudamiento de dudoso cobro de particulares y empresas con la Administración corresponde a los embargos , de los que se dictaron en 2006 un total de 46.102 en la provincia, un 136,02% más que el año anterior.
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