VALENCIA.- Por sorpresa y a 20 días de las elecciones municipales y autonómicas. Así notificó ayer la Conselleria de Territorio y Vivienda la aprobación de la declaración de impacto ambiental del plan parcial de Rabasa, último trámite previo a la autorización definitiva del polémico macro proyecto que prevé la construcción de unas 15.000 viviendas sobre una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados delimitados por la autovía de circunvalación en el noroeste de la ciudad.La secretaria autonómica de la conselleria, Cristina Serrano, afirmó ayer en un comunicado que este plan es un «ejemplo» de «urbanismo ambiental y sostenible», ya que incluye medidas muy importantes para prevenir impactos negativos. En el ámbito político, mientras el alcalde Alperi optó por el silencio, la candidata del PSPV Etelvina Andreu reiteró su rechazo al plan y expresó su extrañeza por la «extremada prisa» con la que Territorio aprueba la declaración.
La decisión del Consell también coincide con la suspensión de hecho de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en virtud de una reforma del Reglamento de Gestión Urbanística por parte de la Generalitat en la que «se considera que los ayuntamientos han desistido de tramitar el PGOU si un año después de superar el concierto previo no ha continuado su tramitación».
El Plan General de Alicante superó ese concierto previo con la conselleria hace cuatro años y desde entonces el Ayuntamiento no ha efectuado ningún otro trámite administrativo, al margen del encargo de los trabajos e informes técnicos a destacados especialistas con alguno de los cuales ha tenido serios enfrentamientos, como es el caso del Lluis Cantallops, que entregó el PGOU en diciembre de 2004. La tramitación del plan de Rabasa al margen de este documento integral de planificación urbana ha sido uno de los argumentos recurrentes de los colectivos y partidos políticos contrarios al proyecto.
Lejos de cualquier reproche sobre la tramitación o el contenido de la actuación urbanística, Territorio aseguró ayer que la aprobación de la declaración de impacto ambiental pone de manifiesto que la Generalitat «exige las máximas cautelas ambientales para cualquier iniciativa urbanística, de modo que los nuevos desarrollos se ajusten en todos los casos a criterios de sostenibilidad».
Serrano también precisó que el informe ambiental ha cumplido «escrupulosamente» todos los trámites de información y exposición pública, con el objetivo de «garantizar la seguridad jurídica de las partes afectadas y el cumplimiento del principio de legalidad urbanística y ambiental». La Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa ha sido sometido a un año y 8 meses de información pública, repartidos en dos periodos (del 24 de agosto al 30 de septiembre de 2005; y del 27 de diciembre de 2002 al 8 de julio de 2004), y se han tenido en cuenta un total de 123 alegaciones, de modo que el procedimiento se adecua a las exigencias de la normativa europea.
Territorio también resalta que el plan cuenta con el informe favorable de Renfe, ya que el ente gestor de las infraestructuras ferroviarias ha emitido una resolución en este sentido, en lo que se refiere al cumplimiento de la ley sectorial ferroviaria. Entre otras medidas que figuran en la declaración de impacto, Serrano destacó que la totalidad de las lagunas contarán con la clasificación de «suelo no urbanizable protegido», tanto la lámina de agua como los terrenos forestales adyacentes, que no computarán en el sector, lo que se trata, a juicio de la secretaria autonómica, de «una extraordinaria medida de carácter ambientalista que recuperará una zona actualmente degradada».
En cuanto a la protección de la fauna y hábitats de las lagunas, la declaración ahora aprobada exige una distancia mínima de 100 metros alrededor de cada laguna, tanto para la construcción de casas, como de caminos, paseos, farolas o cualquier otra infraestructura, y que se establezcan condicionantes para el emplazamiento de instalaciones muy ruidosas, así como de excesiva iluminación en el entorno más próximo a esta zona.
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