BRUSELAS.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió, por trece votos a favor y ocho en contra, el archivo definitivo de las denuncias presentadas por el Consell y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, que reclamaban que Bruselas investigará a fondo los motivos por los que el Ministerio de Medio Ambiente modificó el proyecto para trasladar la toma del agua al Azud de la Marquesa.
Esta decisión impedirá, según los nuevos informes técnicos presentados por los regantes y avalados por profesores de cuatro universidades, la recuperación integral de los acuíferos del Vinalopó, tal como exige la propia Unión Europea, debido a que el agua sólo sirve para regar y 29 municipios deberán seguir abasteciéndose con caudales de los acuíferos.
La Comisión de Peticiones vuelve a dar la razón al Gobierno central y una bofetada, al igual que sucedió en noviembre de 2006 -en aquella ocasión el resultado había sido todavía más ajustado al prosperar el archivo de las denuncias por un voto-, al ánimo de la Junta Central de Usuarios y del PP, al respaldar el trazado del Ministerio de Medio Ambiente al que, además, subvenciona con 120 millones de euros.
El conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, presente en la votación, denunció que «todo este proceso ha estado viciado y la UE se ha plegado a los intereses de un grupo político y no al de los ciudadanos». Por su parte, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó de «bofetón al PP», la decisión que «supone un fracaso para la Generalitat, fruto de su propio despropósito».
Andrés Martínez, representante de los regantes que utilizarán en un futuro el agua que llegue desde Cullera, calificó de «política» la votación realizada en el Parlamento Europeo, cargando, además, contra la actitud del eurodiputado por el PSPV, Joan Calabuig, «que se ha limitado a defender la postura de su partido desde la demagogia y sin consultar los datos técnicos. Se ha atrevido a señalar en la Comisión de Peticiones que llegará más agua de Cullera y por lo tanto que es mejor para Alicante, cuando parece desconocer que el caudal no sirve para beber. Por nuestra parte y aunque nos llamen terroristas, seguiremos defendiendo que el Vinalopó tenga agua de calidad y a precios asequibles. Estoy triste porque se cambió el proyecto sin apuntar un sólo argumento técnico».
Lo cierto es que, una vez más, el PP no logró convencer a sus compañeros de ideología en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde de sus 38 miembros, veinticuatro forman parte de la Derecha Europea y 13 de la Izquierda.
A la sesión acudieron 21 eurodiputados de los que trece votaron a favor de las tesis del Gobierno y, por tanto, del cambio del trazado y ocho por la reapertura de la investigación. Entre éstos últimos figuraban dos de los que no acudieron a la votación de noviembre, que de haberlo hecho entonces hubieran aprobado la posición de Consell y regantes.
Destacar que entre los miembros más conservadores de la Comisión de Peticiones está su presidente, el polaco Martin Libicki, blanco de las iras del Consell en los últimos meses debido a su postura ante las denuncias sobre los presuntos abusos urbanísticos amparados por la Ley Urbanística Valenciana.
Algunas fuentes consultadas en Bruselas apuntaban a que «todo se acaba pagando». En la sesión, la postura de Consell y Junta Central fue defendida por el eurodiputado vasco Carlos Iturgáiz, mientras que el socialista Joan Calabuig abogó por el cambio del trazado. Calabuig, acusó a la Generalitat de «haber tenido una actitud completamente irresponsable al intentar impedir la realización de una obra esencial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Sin embargo hemos conseguido que la política de crispación del Consell no se ponga esta vez por encima de los intereses de la ciudadanía».
Calabuig subrayó que «la Generalitat en una actitud irracional ha intentado obstaculizar que vinieran fondos europeos para una obra muy importante. Por suerte la sensatez de la Comisión de Peticiones impide que sus intereses partidistas se convirtieran en realidad». En el mismo sentido se expresó el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé. «La decisión representa el rechazo de la UE a la política obstruccionista del PP».
Por otro lado, Antonio Rico, uno de los catedráticos autores del informe técnico en defensa de la toma en Cortes, aseveró que «está claro que no se lo ha leído nadie».
www.diarioinformacion.com
Esta decisión impedirá, según los nuevos informes técnicos presentados por los regantes y avalados por profesores de cuatro universidades, la recuperación integral de los acuíferos del Vinalopó, tal como exige la propia Unión Europea, debido a que el agua sólo sirve para regar y 29 municipios deberán seguir abasteciéndose con caudales de los acuíferos.
La Comisión de Peticiones vuelve a dar la razón al Gobierno central y una bofetada, al igual que sucedió en noviembre de 2006 -en aquella ocasión el resultado había sido todavía más ajustado al prosperar el archivo de las denuncias por un voto-, al ánimo de la Junta Central de Usuarios y del PP, al respaldar el trazado del Ministerio de Medio Ambiente al que, además, subvenciona con 120 millones de euros.
El conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, presente en la votación, denunció que «todo este proceso ha estado viciado y la UE se ha plegado a los intereses de un grupo político y no al de los ciudadanos». Por su parte, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó de «bofetón al PP», la decisión que «supone un fracaso para la Generalitat, fruto de su propio despropósito».
Andrés Martínez, representante de los regantes que utilizarán en un futuro el agua que llegue desde Cullera, calificó de «política» la votación realizada en el Parlamento Europeo, cargando, además, contra la actitud del eurodiputado por el PSPV, Joan Calabuig, «que se ha limitado a defender la postura de su partido desde la demagogia y sin consultar los datos técnicos. Se ha atrevido a señalar en la Comisión de Peticiones que llegará más agua de Cullera y por lo tanto que es mejor para Alicante, cuando parece desconocer que el caudal no sirve para beber. Por nuestra parte y aunque nos llamen terroristas, seguiremos defendiendo que el Vinalopó tenga agua de calidad y a precios asequibles. Estoy triste porque se cambió el proyecto sin apuntar un sólo argumento técnico».
Lo cierto es que, una vez más, el PP no logró convencer a sus compañeros de ideología en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde de sus 38 miembros, veinticuatro forman parte de la Derecha Europea y 13 de la Izquierda.
A la sesión acudieron 21 eurodiputados de los que trece votaron a favor de las tesis del Gobierno y, por tanto, del cambio del trazado y ocho por la reapertura de la investigación. Entre éstos últimos figuraban dos de los que no acudieron a la votación de noviembre, que de haberlo hecho entonces hubieran aprobado la posición de Consell y regantes.
Destacar que entre los miembros más conservadores de la Comisión de Peticiones está su presidente, el polaco Martin Libicki, blanco de las iras del Consell en los últimos meses debido a su postura ante las denuncias sobre los presuntos abusos urbanísticos amparados por la Ley Urbanística Valenciana.
Algunas fuentes consultadas en Bruselas apuntaban a que «todo se acaba pagando». En la sesión, la postura de Consell y Junta Central fue defendida por el eurodiputado vasco Carlos Iturgáiz, mientras que el socialista Joan Calabuig abogó por el cambio del trazado. Calabuig, acusó a la Generalitat de «haber tenido una actitud completamente irresponsable al intentar impedir la realización de una obra esencial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Sin embargo hemos conseguido que la política de crispación del Consell no se ponga esta vez por encima de los intereses de la ciudadanía».
Calabuig subrayó que «la Generalitat en una actitud irracional ha intentado obstaculizar que vinieran fondos europeos para una obra muy importante. Por suerte la sensatez de la Comisión de Peticiones impide que sus intereses partidistas se convirtieran en realidad». En el mismo sentido se expresó el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé. «La decisión representa el rechazo de la UE a la política obstruccionista del PP».
Por otro lado, Antonio Rico, uno de los catedráticos autores del informe técnico en defensa de la toma en Cortes, aseveró que «está claro que no se lo ha leído nadie».
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Por segunda vez en menos de medio año, el Parlamento Europeo ha rechazado la petición del Gobierno valenciano y del sector de usuarios contrarios al nuevo trasvase Júcar-Vinalopó de abrir una investigación sobre el cambio de trazado, acordado por el Ministerio de Medio Ambiente en el mes de julio del 2005. Tras escuchar los argumentos a favor de la reapertura del caso del eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz y los formulados en contra por el socialista Joan Calabuig, los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidieron por 13 votos contra 8 no atender la petición.
ResponderEliminarSi hace dos semanas la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente decidía desestimar la alegación presentada a finales de marzo por la Conselleria de Territorio y Vivienda contra el nuevo trasvase Júcar-Vinalopó y ponía en entredicho el llamativo control con lupa de los proyectos hídricos del Gobierno central, ahora le toca el turno a la Administración comunitaria. En esta ocasión ha sido la Eurocámara la que ha legitimado plenamente, como ya hizo en el mes de noviembre, la nueva canalización.
Ante los eurodiputados, Iturgaiz había alegado que después de noviembre han surgido «nuevos elementos de juicio», incluidas alteraciones del proyecto, un «informe negativo» del Consell de la Generalitat sobre la declaración de impacto ambiental y «nuevos estudios» universitarios sobre sus efectos ambientales y sociales. Iturgaiz aseguró, además, que se han publicado informaciones en medios de comunicación sobre ofertas del Gobierno español para ceder agua a usuarios de otras cuencas que, a su juicio, «suponen el incumplimiento de los fines ambientales» del proyecto. «Estamos hablando de 30 localidades, de 276.000 ciudadanos europeos, de la zona de Vinalopó que se quedarían sin abastecimiento», advirtió Iturgaiz.
Calabuig defendió en cambio que «no existe un solo argumento nuevo» para cuestionar el trazado final definido por el Ministerio de Medio Ambiente y que los nuevos informes citados por Iturgaiz sólo se diferencian de los anteriores en que tienen más folios. Además, recordó que la Comisión Europea -responsable de la contribución financiera comunitaria al proyecto con 120 millones de euros- ya se ha pronunciado favorablemente sobre el trazado y calificó de «absurda» la advertencia de Iturgaiz sobre la posible pérdida de suministro. «Sería la primera vez en la historia que, al llevar agua a un sitio, éste se quedase sin agua», dijo Calabuig, que acusó a la Generalitat y al PP de «escudarse en los agricultores para defender a los especuladores».
La petición, presentada por la Generalitat Valenciana y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, fue posteriormente rechazada en votación, gracias a la mayoría formada por socialistas, verdes e Izquierda Unitaria Europea y con la oposición del Partido Popular Europeo.
En posteriores declaraciones a los periodistas, García Antón consideró «lamentable e incomprensible que el señor Calabuig y los socialistas no hayan permitido que los valencianos conozcan cuáles son las razones que han llevado a la modificación. Los usuarios de Vinalopó y Marina Baja se van indignados porque no se les da ninguna posibilidad de explicar que no quieren ese agua, porque no pueden pagarla, y que va a continuar la sobreexplotación de los acuíferos», dijo García Antón, que achacó lo ocurrido a una «política de ordeno y mando y rodillo» del Gobierno español. Desde Acuajúcar se negó este extremo tras informar de que o bien varios diputados populares votaron en contra o se abstuvieron, ya que el PPE cuenta con 14 miembros y el PSE con 10, además de 5 los liberales, 2 los verdes y 1 los de izquierda radical, UEN 3, ID 1e ITS 1. Estos tres últimos grupos son de derecha o extrema derecha.
El consejero, que mostró su convicción en que el proyecto no se llevará a cabo «porque medioambientalmente es una barbaridad», anunció que va a impulsar la presentación de una batería de preguntas a la CE.
La decisión de la Eurocámara generó ayer un auténtico alud de reacciones. Desde las filas socialistas, uno de los primeros en hablar fue el portavoz de infraestructuras de las Cortes, Antonio Godoy: «Hasta dónde quiere llegar con su boicot el Consell y el PP con su demagogia, porque ya son dos dictámenes del Parlamento Europeo, además de tres informes de la Universidad y 120 millones de euros de financiación; el trasvase es viable y pido a Camps altura de miras para que no falte el agua en Alicante». Desde la Diputación, el portavoz Antonio Amorós afirmó que el PE «ha dejado en ridículo al PP por sus intentos de dejar sin agua a más de 276.000 alicantinos con la paralización del Júcar-Vinalopó. Se ha presenciado otro lamentable episodio de la guerra del PP contra Alicante». El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, manifestó que la UE «ha vuelto a apoyar el trasvase Júcar-Vinalopó».
De "La Verdad"
La presencia de los líderes empresariales en los actos de los partidos políticos, en especial cuando se acercan las citas electorales, suele ser interpretada como el mejor termómetro de las posibilidades de triunfo del candidato en cuestión.. En el caso de ayer, el aspirante sigue siendo el presidente de la Generalitat. Y fuera por una circunstancia o por la otra, la presencia de los referentes de la patronal en el acto económico convocado por el PP valenciano fue notable.
ResponderEliminarEn primera fila, y junto al presidente Camps y al conseller de Economía, Gerardo Camps, se pudo ver al presidente de Cierval, Rafael Ferrando ; al de la CEV, José Vicente González ; al de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque y al de la Feria de Valencia, Alberto Catalá .
Con ellos, y también en lugar privilegiado entre las autoridades, el presidente de la Autoridad Portuarias, Rafael Aznar ; el de la patronal alicantina, Modesto Crespo ; al de Fecoval, Juan Cámara ; el de los empresarios de Castellón, José Roca ; el de la Autoridad Portuaria de Alicante, Mario Flores ; y el de la Federación de Promotores, Francisco Murcia Puchades .
En representación de la Asociación Valenciana de Enpresarios (AVE) acudió su director general, Diego Lorente . También se vio a Juan José Monzonís (Puerto de Castellón); a José Vicente Morata , de Cepymev; a Mario Mariner , de Ivefa; Federico Félix , de la Federación Agroalimentaria; Juan Antonio Pastor , de la Asociación de Fabricantes de Juguetes; Angel Torre , de la Bolsa de Valencia, Rafael Soriano , de Caixa Ontinyent y Joan Brusca , de La Unió.
Al acto también acudieron, entre otros representantes del sector empresarial, Carmen de Miguel, del Consejo de Cámaras; Francisco Ros García , de la APD; Cirilo Arnandis , de las Cajas Rurales; Pedro Reig , de Covaco; y Luis Valero , de la Federación de Cooperativas.
De "Las Provincias"