Bruselas denunciará la legislación urbanística valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo

ESTRASBURGO.- El comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, Charly McCrevee, anunció en el pleno del Parlamento Europeo, que la CE ha decidido denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por entender que la tramitación administrativa para la contratación de los Programas de Actuación Urbanística (PAI) vulnera el derecho comunitario. La denuncia se presentará el próximo miércoles 27 de junio.

El anuncio se produjo durante el debate en el que los europarlamentarios analizaron el informe redactado tras la última visita de una delegación de Bruselas a la Comunidad Valenciana para investigar las denuncias presentadas contra la LUV por propietarios afectados por las expropiaciones.

La denuncia es consecuencia, por otro lado, del expediente sancionador abierto contra España en 2005, precisamente por entender que la tramitación de los proyectos urbanísticos no era transparente, tanto porque ni se anuncia en los diarios oficiales de la UE, lo que vulnera la libre competencia, ni porque tampoco da opción a la presentación de alegaciones como se está obligado en cualquier licitación pública. En muchas ocasiones los PAI se han aprobado mediante convenios entre el ayuntamiento de turno y el agente urbanizador (promotor), y los afectados se han enterado prácticamente cuando las máquinas comenzaban la urbanización de la parcela.

McCrevee no dio la fecha, en principio, para la presentación de la demanda pero su anuncio da un giro de ciento ochenta grados al contencioso Bruselas-Consell, ya que hasta ahora ninguna de las condenas de la UE sobre el urbanismo valenciano ha sido vinculante. Una sentencia en contra, sí que obligaría a la Generalitat a modificar la ley e incluso podría acarrear una sanción económica al Reino de España.

En cuanto a las denuncias de que la LUV vulnera el derecho a la propiedad, McCreevy dejó claro que la CE «no puede intervenir» en esta materia porque no tiene competencias. «Las supuestas vulneraciones de los derechos de propiedad no afectan a ninguna disposición de la legislación comunitaria», aseguró.

En materia medioambiental, el comisario de Mercado Interior indicó que Bruselas sólo puede adoptar acciones legales cuando se vulnera la normativa comunitaria con algún plan de urbanización.

McCreevy intervino ante el Parlamento en respuesta a una pregunta sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía planteada por los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias, el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman. Ambos han presentado una resolución apoyada por todos los grupos políticos, salvo el PP, que se votará mañana jueves.

El eurodiputado laborista criticó especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, y destacó que pese a las tres misiones que ya ha enviado allí la Eurocámara, las autoridades regionales «sólo han introducido cambios menores».

La Dirección General de Mercado Interior de la UE considera que, tanto la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, como la ley aprobada por el Consell para sustituirla -LUV-, vulnerarían en su aplicación dos directivas europeas sobre la regulación de los contratos públicos. Una situación grave porque, según Bruselas, la ejecución de un Plan de Actuación Integrada es, además de una operación privada para la construcción de las viviendas, un acto público al incluir, previamente, la urbanización de unos terrenos para dotarlos de infraestructuras públicas.

En concreto, las directivas que no se habrían respetado en la ejecución de los planes urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde 1995 son la 93/37/CEE (contratos públicos de obras) y la 92/50/CEE (contratos públicos de servicios) y es ahí donde se apoya Bruselas para llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo. La CE considera que las autoridades españolas no se han ajustado a la carta de emplazamiento que remitió a España, y que la LUV no ha solucionado los problemas de la LRAU.

Durante el pleno, el eurodiputado socialista valenciano, Joan Calabuig, defendió que la Comunidad Valenciana sigue siendo un buen lugar para los inversores europeos y los ciudadanos que quieran comprar una vivienda. No obstante, criticó que el Consell no hubiera atendido las reclamaciones de Bruselas para corregir los errores de la LUV. Calabuig abogó por cambiar la ley y tendió la mano a Territorio para colaborar.