MADRID.- La Fundación Alternativas, organización en cuyo patronato se encuentran varios dirigentes socialistas, ha publicado un informe titulado "Urbanismo y democracia. Alternativa para evitar la corrupción" .El informe enumera 159 supuestos casos de irregularidades que se han publicado en medios españoles desde 2000, analiza las causas y propone 54 medidas para acabar con ellos, entre otros un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas.
Analiza el alcance de la corrupción urbanística en España y sus efectos sobre la democracia. Al tiempo, aporta un conjunto de propuestas técnicas para cambiar el actual estado de cosas.
El Informe consta de 2 volúmenes: El primero de ellos (188 páginas) incluye un conjunto de investigaciones sobre la materia así como un listado de propuestas, destiladas en diversos grupos de trabajo, para erradicar las irregularidades y actos de corrupción urbanística en el territorio del Estado. A estos efectos, se ha contado con un equipo de sociólogos que ha trabajado con 35 expertos pertenecientes a 13 colectivos profesionales así como a un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, el segundo volumen (344 páginas) es un análisis sistemático de toda la información publicada sobre urbanismo y corrupción en los últimos 7 años de la democracia española. Este conjunto de estudios ha sido elaborado por un equipo de 20 periodistas de todas las Comunidades Autónomas del Estado.
En la elaboración han participado más de 50 expertos y profesionales. El desglose de los expertos participantes en el proyecto es el siguiente: Registradores, notarios, jueces, promotores inmobiliarios, abogados inmobiliarios, economistas, arquitectos urbanistas, responsables políticos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, funcionarios relacionados con urbanismo, representantes de organizaciones ecologistas y ciudadanas, sociólogos, juristas, geógrafos y periodistas.
Este estudio enumera diez casos en la Comunidad Valenciana, nueve de ellos se han producido en ciudades gobernadas por el PP. La única referencia a un municipio gobernado por el PSOE es Catral, y en ese caso, resalta la voluntad del Ayuntamiento socialista de arreglar el problema, mientras el Consell lo utilizó mediáticamente el día antes de la moción de censura planteada por el PSPV contra Camps.
El informe fue presentado en el Congreso de los Diputados porque, según explicaron sus creadores, aspira a ser un revulsivo para que los legisladores tomen conciencia de este problema e impulsen la puesta en marcha de, al menos, algunas de las medidas que contiene.
El vicepresidente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius (en la fotografía), quien alertó de que España está “al borde de una pandemia” de corrupción, fue el encargado de desgranar estas propuestas, entre las que destacó la necesidad de buscar fórmulas que aumenten el poder de intervención de la Administración General del Estado en materia urbanística.
En concreto, el informe aboga por crear agencias de disciplina urbanística en todas las comunidades autónomas, así como una agencia estatal de supervisión urbanística que haga un seguimiento de los planes urbanísticos e investigue denuncias. También plantea que la Agencia Tributaria tenga conocimiento detallado de los grandes proyectos urbanísticos.- (Agencias)
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