GINEBRA.- El relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó ayer al Gobierno español que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país «se enfrenta a una grave crisis» inmobiliaria. «El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población», declaró el experto de la ONU.
«El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas», explicó Kothari. Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el «acceso a la educación, la alimentación o el vestido».
En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, «de las más altas de Europa», está «directamente relacionada con el problema de accesibilidad». «Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación», explicó.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que «la situación no pueda sostenerse a largo plazo». «En cuanto suban un mínimo los tipos de interés - apuntó - , las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente», por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que «se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar».
Para Kothari, «la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo». Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15%) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales.
Además, apostó por abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
En ese sentido, recordó que sólo el 12 por ciento de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2 por ciento calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30 por ciento de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".
Entre esos esfuerzos citó la creación y compromiso del Ministerio de Vivienda, la Ley del Suelo, el Plan de Vivienda, el Código Técnico de la Edificación y el Plan Nacional de Calidad de Aguas.
Valoró especialmente las legislaciones regionales del suelo, en especial la vasca y andaluza y recomendó que las autonomías se impliquen más con el problema a través de iniciativas novedosas, "como las de Cataluña y el País Vasco".
"A los ciudadanos les recomiendo que sigan saliendo a la calle y exigiendo a su Gobierno que solucione el problema, porque la presión de la sociedad civil es fundamental", concluyó el relator.- (EFE)
«El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas», explicó Kothari. Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el «acceso a la educación, la alimentación o el vestido».
En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, «de las más altas de Europa», está «directamente relacionada con el problema de accesibilidad». «Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación», explicó.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que «la situación no pueda sostenerse a largo plazo». «En cuanto suban un mínimo los tipos de interés - apuntó - , las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente», por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que «se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar».
Para Kothari, «la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo». Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15%) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales.
Además, apostó por abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
En ese sentido, recordó que sólo el 12 por ciento de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2 por ciento calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30 por ciento de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".
Entre esos esfuerzos citó la creación y compromiso del Ministerio de Vivienda, la Ley del Suelo, el Plan de Vivienda, el Código Técnico de la Edificación y el Plan Nacional de Calidad de Aguas.
Valoró especialmente las legislaciones regionales del suelo, en especial la vasca y andaluza y recomendó que las autonomías se impliquen más con el problema a través de iniciativas novedosas, "como las de Cataluña y el País Vasco".
"A los ciudadanos les recomiendo que sigan saliendo a la calle y exigiendo a su Gobierno que solucione el problema, porque la presión de la sociedad civil es fundamental", concluyó el relator.- (EFE)
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