MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió al juez alicantino Francisco Javier de Urquía Peña nada más conocer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía abrió el pasado martes una investigación contra él por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. De Urquía es hijo del prestigioso magistrado y ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Faustino de Urquía.
Los indicios contra el titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella han surgido dentro de la Operación Malaya, la investigación que desde el año 2006 desmonta la gran trama de corrupción política construida durante años en torno al ayuntamiento de la ciudad más elitista de la Costa del Sol y a su ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca.
La Comisión Permanente del Poder Judicial se reunió de forma extraordinaria, tras conocer la investigación penal abierta por un auto del Tribunal Superior de Justicia andaluz y acordó por unanimidad la suspensión cautelar del juez con el informe favorable de la Fiscalía General del Estado.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la suspensión era obligada y urgente, al actuar contra Urquía un tribunal por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, y que la decisión se ha tomado “con la celeridad que estos casos aconsejan”. La exclusión profesional del juez alicantino no tiene plazo límite, pese a tratarse de una medida cautelar, y quedará apartado de su juzgado tanto tiempo como dure el proceso penal en su contra.
El tribunal superior andaluz, que es quien en las próximas horas ejecutará la suspensión, abrió las diligencias contra Urquía el martes pasado, después de estudiar el informe remitido por el juez Miguel Ángel Torres, el instructor de la Operación Malaya, en el que narra los indicios delictivos hallados de forma casual contra su colega marbellí en el transcurso de esta investigación.
Torres se declara incompetente para completar las indagaciones, por la condición de aforado del juez bajo sospecha, por lo que se las remite al tribunal habilitado por ley para estas pesquisas. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior ya ha designado un instructor para las diligencias que, en los próximos días, tomará declaración como imputado al magistrado.
Los hechos concretos que se le imputan a Urquía no han trascendido, al encontrarse las investigaciones bajo secreto de sumario, pero las fuentes consultadas indicaron que no puede tratarse más que de la presunta toma de decisiones ilegales y el cobro de los sobornos correspondientes en beneficio de personas del entorno de Juan Antonio Roca o del resto de imputados en la Operación Malaya.
Las mismas fuentes indicaron que estas presuntas irregularidades podrían no estar relacionados directamente con el núcleo de la trama de corrupción marbellí y tratarse de hechos colaterales, con los que la policía se habría tropezado durante la investigación principal.
El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella –nacido en Alicante– investigaba desde hace varios meses la llamada Operación Hidalgo, con la que la Policía trata de desmontar una red internacional de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas a gran escala, con base en la ciudad malagueña, de la que podrían beneficiarse varias organizaciones criminales europeas.
Las pesquisas, con ramificaciones en varios países europeos y americanos, han permitido hasta ahora la detención de 23 sospechosos, entre ellos varios abogados y notarios, y la intervención de unos 92 millones de euros en 632 cuentas de 22 bancos y más de 550 propiedades inmobiliarias.
Fuentes del Poder Judicial indicaron que lo normal es que en los próximos días se designe un juez sustituto o uno en comisión de servicios para el juzgado marbellí, para evitar su paralización durante los meses que puede durar la suspensión. Las mismas fuentes comentaron que es posible que esta institución ordene una inspección preventiva del órgano judicial para auditar su funcionamiento y evitar nuevas sorpresas.
El magistrado alicantino bajo sospecha lleva unos ocho años en la carrera judicial, cuatro en su actual destino, y nunca había merecido expedientes disciplinarios por su labor profesional.
Enrique López reconoció que los imputaciones hechas a Francisco Javier de Urquía son “las más graves” que se le pueden realizar a un juez en el ejercicio de sus funciones, pero quiso dejar claro que la suspensión de magistrados es algo “excepcional” y recalcó que “podemos confiar en nuestros jueces y en la respuesta del sistema” a las irregularidades.
Un estudiante brillante e inteligente
Un estudiante brillante y muy inteligente. Es lo que dicen los que conocen muy de cerca a Francisco Javier de Urquía, el magistrado alicantino que hasta el pasado miércoles ejercía en Marbella y que ayer fue suspendido cautelarmente al ser investigado en la “operación Malaya”.
Francisco Javier de Urquía nació en Alicante hace 39 años. De su padre, un prestigioso magistrado que llegó a presidir la Audiencia Provincial de Alicante, heredó la vocación por la magistratura. Inició sus estudios en el colegio Maristas de Alicante, donde destacó por sus excelentes calificaciones. Posteriormente, entró en la Universidad de Alicante (UA) para estudiar la carrera de Derecho, centro en el que se licenció con buena nota.
No obstante, esta situación no le privó de “vivir la vida y salir por la noche”, haciendo gala de un carácter “divertido” y “culto”, según comentan fuentes de su entorno. Lector de libros de historia y literatura y gran aficionado al cine, De Urquía está casado y es padre de una niña de pocos meses.
Aprobó las oposiciones a juez en 1999 y en 2001 fue destinado a Vélez-Málaga, donde desempeñó su labor profesional hasta finales de 2002, cuando, tras convertirse en magistrado, pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Talavera de la Reina (Toledo).
Su traslado a Marbella como titular del Juzgado de Instrucción número 2 tuvo lugar hace unos dos años, destacando su labor como instructor del ‘caso Hidalgo’, una operación contra el blanqueo de capitales que se destapó el pasado abril y que se ha saldado hasta el momento con más de una veintena de detenidos, entre ellos abogados y notarios.
El hasta ayer titular del juzgado de instrucción número 2 no sólo llevaba actualmente el ‘caso Hidalgo’, sino que ha juzgado numerosas causas contra la ordenación del territorio en el que estaban imputados ex alcaldes y ediles marbellíes imputados precisamente en la ‘operación Malaya’.
Nadie puede dar crédito a la nueva situación del juez alicantino. Muchos fueron los que lo llamaron para mostrarle su apoyo, sobre todo sus mejores compañeros de Alicante, con los que Francisco Javier sigue manteniendo estrechos lazos de amistad. “Es muy buen amigo de sus amigos”, indican desde su entorno. Y añaden que Paco, como lo conocen sus más allegados, “ha detenido a mucha gente, a notarios muy importantes y con peso” en la instrucción de la ‘operación Hidalgo’, “lo que ha provocado que muchos lo vean con malos ojos y tengan ganas de matarlo profesionalmente hablando”.
De Urquía cuenta también con el respaldo en el ámbito judicial , hasta que no se demuestre su culpabilidad. “Es un juez inaccesible a presiones de ningún tipo, un magistrado muy progresista, un hecho que la judicatura conservadora puede que no vea con buenos ojos”, indican fuentes judiciales. “Es una persona que vive la judicatura con mucha naturalidad, correcto y honesto en el desempeño de sus labores, de trato afable y humano”, afirman.
www.lasprovincias.es
Los indicios contra el titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella han surgido dentro de la Operación Malaya, la investigación que desde el año 2006 desmonta la gran trama de corrupción política construida durante años en torno al ayuntamiento de la ciudad más elitista de la Costa del Sol y a su ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca.
La Comisión Permanente del Poder Judicial se reunió de forma extraordinaria, tras conocer la investigación penal abierta por un auto del Tribunal Superior de Justicia andaluz y acordó por unanimidad la suspensión cautelar del juez con el informe favorable de la Fiscalía General del Estado.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la suspensión era obligada y urgente, al actuar contra Urquía un tribunal por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, y que la decisión se ha tomado “con la celeridad que estos casos aconsejan”. La exclusión profesional del juez alicantino no tiene plazo límite, pese a tratarse de una medida cautelar, y quedará apartado de su juzgado tanto tiempo como dure el proceso penal en su contra.
El tribunal superior andaluz, que es quien en las próximas horas ejecutará la suspensión, abrió las diligencias contra Urquía el martes pasado, después de estudiar el informe remitido por el juez Miguel Ángel Torres, el instructor de la Operación Malaya, en el que narra los indicios delictivos hallados de forma casual contra su colega marbellí en el transcurso de esta investigación.
Torres se declara incompetente para completar las indagaciones, por la condición de aforado del juez bajo sospecha, por lo que se las remite al tribunal habilitado por ley para estas pesquisas. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior ya ha designado un instructor para las diligencias que, en los próximos días, tomará declaración como imputado al magistrado.
Los hechos concretos que se le imputan a Urquía no han trascendido, al encontrarse las investigaciones bajo secreto de sumario, pero las fuentes consultadas indicaron que no puede tratarse más que de la presunta toma de decisiones ilegales y el cobro de los sobornos correspondientes en beneficio de personas del entorno de Juan Antonio Roca o del resto de imputados en la Operación Malaya.
Las mismas fuentes indicaron que estas presuntas irregularidades podrían no estar relacionados directamente con el núcleo de la trama de corrupción marbellí y tratarse de hechos colaterales, con los que la policía se habría tropezado durante la investigación principal.
El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella –nacido en Alicante– investigaba desde hace varios meses la llamada Operación Hidalgo, con la que la Policía trata de desmontar una red internacional de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas a gran escala, con base en la ciudad malagueña, de la que podrían beneficiarse varias organizaciones criminales europeas.
Las pesquisas, con ramificaciones en varios países europeos y americanos, han permitido hasta ahora la detención de 23 sospechosos, entre ellos varios abogados y notarios, y la intervención de unos 92 millones de euros en 632 cuentas de 22 bancos y más de 550 propiedades inmobiliarias.
Fuentes del Poder Judicial indicaron que lo normal es que en los próximos días se designe un juez sustituto o uno en comisión de servicios para el juzgado marbellí, para evitar su paralización durante los meses que puede durar la suspensión. Las mismas fuentes comentaron que es posible que esta institución ordene una inspección preventiva del órgano judicial para auditar su funcionamiento y evitar nuevas sorpresas.
El magistrado alicantino bajo sospecha lleva unos ocho años en la carrera judicial, cuatro en su actual destino, y nunca había merecido expedientes disciplinarios por su labor profesional.
Enrique López reconoció que los imputaciones hechas a Francisco Javier de Urquía son “las más graves” que se le pueden realizar a un juez en el ejercicio de sus funciones, pero quiso dejar claro que la suspensión de magistrados es algo “excepcional” y recalcó que “podemos confiar en nuestros jueces y en la respuesta del sistema” a las irregularidades.
Un estudiante brillante e inteligente
Un estudiante brillante y muy inteligente. Es lo que dicen los que conocen muy de cerca a Francisco Javier de Urquía, el magistrado alicantino que hasta el pasado miércoles ejercía en Marbella y que ayer fue suspendido cautelarmente al ser investigado en la “operación Malaya”.
Francisco Javier de Urquía nació en Alicante hace 39 años. De su padre, un prestigioso magistrado que llegó a presidir la Audiencia Provincial de Alicante, heredó la vocación por la magistratura. Inició sus estudios en el colegio Maristas de Alicante, donde destacó por sus excelentes calificaciones. Posteriormente, entró en la Universidad de Alicante (UA) para estudiar la carrera de Derecho, centro en el que se licenció con buena nota.
No obstante, esta situación no le privó de “vivir la vida y salir por la noche”, haciendo gala de un carácter “divertido” y “culto”, según comentan fuentes de su entorno. Lector de libros de historia y literatura y gran aficionado al cine, De Urquía está casado y es padre de una niña de pocos meses.
Aprobó las oposiciones a juez en 1999 y en 2001 fue destinado a Vélez-Málaga, donde desempeñó su labor profesional hasta finales de 2002, cuando, tras convertirse en magistrado, pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Talavera de la Reina (Toledo).
Su traslado a Marbella como titular del Juzgado de Instrucción número 2 tuvo lugar hace unos dos años, destacando su labor como instructor del ‘caso Hidalgo’, una operación contra el blanqueo de capitales que se destapó el pasado abril y que se ha saldado hasta el momento con más de una veintena de detenidos, entre ellos abogados y notarios.
El hasta ayer titular del juzgado de instrucción número 2 no sólo llevaba actualmente el ‘caso Hidalgo’, sino que ha juzgado numerosas causas contra la ordenación del territorio en el que estaban imputados ex alcaldes y ediles marbellíes imputados precisamente en la ‘operación Malaya’.
Nadie puede dar crédito a la nueva situación del juez alicantino. Muchos fueron los que lo llamaron para mostrarle su apoyo, sobre todo sus mejores compañeros de Alicante, con los que Francisco Javier sigue manteniendo estrechos lazos de amistad. “Es muy buen amigo de sus amigos”, indican desde su entorno. Y añaden que Paco, como lo conocen sus más allegados, “ha detenido a mucha gente, a notarios muy importantes y con peso” en la instrucción de la ‘operación Hidalgo’, “lo que ha provocado que muchos lo vean con malos ojos y tengan ganas de matarlo profesionalmente hablando”.
De Urquía cuenta también con el respaldo en el ámbito judicial , hasta que no se demuestre su culpabilidad. “Es un juez inaccesible a presiones de ningún tipo, un magistrado muy progresista, un hecho que la judicatura conservadora puede que no vea con buenos ojos”, indican fuentes judiciales. “Es una persona que vive la judicatura con mucha naturalidad, correcto y honesto en el desempeño de sus labores, de trato afable y humano”, afirman.
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La tela de araña de la trama marbellí ha extendido su red hasta la provincia de Alicante. El empresario Tomás Olivo, implicado en el caso Malaya, adquirió hace años en Villena unos terrenos con la intención de construir un gran centro comercial, similar a los que posee en algunas localidades de la Costa del Sol.
ResponderEliminarEn un primer momento, la superficie comercial proyectada ocupaba un total de 40.000 metros cuadrados, que luego fue reducida a 20.000 metros por el Gobierno socialista.
Desde entonces, los problemas para desarrollar dicha actuación se han sucedido y el agente urbanizador todavía no ha acabado de ejecutar la urbanización de los terrenos, debido, sobre todo, a la falta de liquidez de la mercantil Gedecom, propiedad de Tomás Olivo.
Tanto es así que el Ayuntamiento de Villena tuvo que recurrir al aval depositado en su día por el empresario malagueño para poder reanudar las obras de urbanización.
Cabe reseñar que la propia ex alcaldesa de Villena, Vicenta Tortosa, y el ex concejal de Urbanismo, José Ayelo, se desplazaron hasta Marbella para reunirse con el empresario Tomás Olivo con el propósito de intentar alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, acuerdo que nunca se llegó a plasmar en la realidad.
De "Las Provincias"
Francisco Javier de Urquía fue compañero mío en el colegio,pero no en Alicante.Mientras su padre estuvo destinado en el Juzgado de Alcoy,fue alumno del Colegio Público Virgen de los Lirios de nuestra ciudad,en 4º y 5º de EGB.Os lo digo para completar su curriculum pues no toda su educación larecibió en los Maristas de Alicante.
ResponderEliminarLos agentes confían en que Urquía colabore
ResponderEliminarLos investigadores de la «Malaya» confían en que el magistrado Francisco Javier Urquía, suspendido por el CGPJ por presunta corrupción en el ejercicio de su cargo, colabore con la Justicia y aporte datos claves y nombres de la trama de corrupción de Marbella.
Fuentes del caso señalaron que el instructor de la «Malaya», Miguel Ángel Torres, no tiene pensado cerrar todavía el caso, ya que aunque ha levantado casi el noventa por ciento del sumario, cada día surgen informaciones nuevas que deben investigarse, entre otras las relacionadas con la trama judicial. Otros imputados y detenidos en la trama de corrupción aportaron al juez Torres datos definitivos para la investigación. Algunos incluso cambiaron su primer testimonio ante el magistrado a cambio de salir en libertad.- (ABC)
En efecto, Paco no hizo todos sus estudios pre-universitarios en los Maristas: el B.U.P. y el C.O.U lo hizo en el I.B. Miguel Hernández, donde coincidí con él.
ResponderEliminarPersonalmente, siento mucho lo que ha pasado, pero analizándolo bien, no es extraño a su personalidad. Me demostró siempre una chulería sin par. Hijo de papá con aires, sin ningún sentido del esfuerzo y ningún respeto por valores que consideraríamos´"básicos". Pensé que cambiaría (su familia no es de este talente), pero veo que no ha sido así. Se dice que al llegar a Marbella se le volaron importantes documentos de su descapotable... Sin palabras.
Yo lo conozco poco, pero sí conozco a su mujer desde siempre que por cierto es bellísima y muy buena chica. Creo que todo es mentira y que es una víctima más de los escándalos socialistas que sirven para hacer ruido y desviar la atención.
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