ALICANTE.- Los principales municipios de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana firman convenios urbanísticos y proyectos de reparcelación sin el control de sus interventores, según recoge el informe especial elaborado por la Sindicatura de Comptes que dirige Rafael Vicente Queralt sobre la gestión del suelo de los consistorios y remitido ayer mismo a las Cortes. La memoria del auditor público, que recoge en general una situación de descontrol del patrimonio en las grandes poblaciones, denuncia que los consistorios están eludiendo de forma sistemática la obligatoriedad de inventariar el suelo municipal y, de esa manera, evitan la reserva obligatoria para la construcción de vivienda protegida.
El estudio de la Sindicatura, con datos correspondientes a 2005, incluye la revisión del patrimonio municipal del suelo en poder de los ayuntamientos de Alicante, Calp, Dénia, Santa Pola, Elche, Orihuela y Torrevieja además, obviamente, de Castellón y Valencia. Es decir, las capitales de provincia, las ciudades de más de 100.000 habitantes y las cinco localidades con, al menos, veinte mil censados de la Comunidad Valenciana que han tenido un mayor crecimiento de población en los últimos cuatro años de acuerdo a los datos del INE.
El escenario que pinta el documento es el de un descontrol casi total y absoluto en la gestión del suelo y en la actividad urbanística. La Sindicatura, de hecho, critica con dureza a los municipios por eludir la auditoría de sus propios interventores. «No se tiene constancia de que en ningún ayuntamiento la intervención fiscalice los convenios urbanísticos ni los proyectos de reparcelación. En general, la fiscalización de las adquisiciones - señala la Sindicatura - cuando se realiza es parcial».
El organismo dependiente de las Cortes Valencianas y dedicado a auditar las cuentas públicas considera que la actividad urbanística debía estar fiscalizada en tanto que genera, aunque no tiene porque ser en efectivo, un movimiento económico y de fondos.
El desbarajuste en el patrimonio del suelo es de tal magnitud que todos los ayuntamientos «debían haber constituido» un inventario específico que ordene sus terrenos y parcelas pero, sin embargo, «ninguno» lo ha hecho formalmente.
En consecuencia, en opinión de la Sindicatura de Comptes, «existe un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos - recoge la memoria del auditor público - que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el Patrimonio Municipal del Suelo, lo que impide su control y que se destinen los bienes que lo integran, a los fines previstos en la ley».
Eso supone que, al no haber un control exacto de la cantidad de suelo municipal, los ayuntamientos eluden la exigencia de una reserva de suelo mínima para la construcción de viviendas en régimen de protección oficial.
De hecho, únicamente dos ayuntamientos de los auditados por el organismo dependiente de las Cortes Valencianas han facilitado altas de los bienes incorporados a su patrimonio. Y tan sólo tres han contestado, asegura la Sindicatura en su informe especial, sobre el número de operaciones relacionadas con la promoción pública de viviendas lo que impide conocer el destino del suelo público.
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