miércoles, 3 de octubre de 2007

Más de 2.000 pymes ligadas al ladrillo se han disuelto en Alicante en los últimos 7 meses

ALICANTE.- De febrero a septiembre, 2.055 empresas de construcción de la provincia de Alicante han dejado de existir. El escenario de desaceleración de la actividad y la nueva ley de subcontratación, que obliga al sector a cumplir unas condiciones muy rígidas para reducir la siniestralidad, están provocando una profunda remodelación de la actividad más dinámica de la economía valenciana y trasvasando mano de obra de mercantiles pequeñas a otras más grandes.

Menos empresas, pero más empleados, según datos de la Fundación Laboral de la Construcción, de la que es presidente autonómico el dirigente de la patronal de Alicante (Fecia), Jerez.
Alicante, febrero de 2007: empresas de construcción, 12.961; trabajadores, 73.481. Septiembre de 2007: empresas, 10.906; trabajadores, 74.586, revela el diario "Información".

El baile es extensible a toda la Comunidad Valenciana, que en siete meses ha registrado la disolución de 3.645 mercantiles y un aumento en la cifra de trabajadores de 9.157. En la Comunidad Valenciana, la construcción y sus filiales tienen en su haber 26.204 sociedades y 90.690 empleados, según los mismos datos.

«En definitiva, el sector va a ser mucho más competitivo y habrá que tener cuidado para que la mano de obra más cualificada no se vea desplazada por razones de tipo económico», añadió Jerez.

Patronal y sindicatos han consensuado la emisión de una tarjeta profesional que identificará la cualificación de los trabajadores de la construcción. Este elemento, opina Jerez, «marcará la profesionalidad de cada empleado y medirá las necesidades reales de mano de obra extranjera. Patronal y Administración deberemos llegar a acuerdos para controlar los flujos migratorios», declaró el presidente autonómico de los constructores.

El empresario atribuyó la desaparición de empresas más a la nueva ley de subcontratas que a la situación del negocio inmobiliario, aunque «es evidente que tenemos que adaptarnos» a la nueva situación de la oferta y la demanda del mercado de la vivienda.

«Si somos capaces de habilitar fórmulas para afrontar una posible recesión, debemos buscar el modelo que resulte menos perjudicial para la economía. Desaparecen empresas pero aumentan plantillas, lo que significa que la regulación está funcionando», aseguró Jerez.-(EPI)

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