ALICANTE.- La acusación particular en el juicio por la presunta quiebra fraudulenta de Caja Alcoy considera que el consejo rector de la entidad de crédito "tiene una responsabilidad" en los hechos.
Durante la décima sesión de la vista, que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante, el abogado de la acusación particular, Luis Ferrer, presentó su escrito de acusación en el que difiere del criterio de la Fiscalía al entender que "por el principio de responsabilidad, el consejo rector tiene de forma directa una responsabilidad" en la presunta quiebra fraudulenta de la caja.
La acusación particular pide 40 años de cárcel para las 10 personas, incluyendo los miembros del consejo rector, a las que acusa de los hechos, algunos de ellos no acusados por el fiscal. Además, acusan a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida y también del de insolvencia punible, y solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
Ferrer añadió que el consejo "sabía exactamente lo que estaba ocurriendo", porque así queda reflejado en las actas del mismo, y sin embargo "pese a ser informados no hicieron nada" para evitar la "mala marcha" de la caja, por lo que en opinión de esta parte, el consejo rector es "responsabe".
Así, la acusación particular entiende que el consejo rector era conocedor de la situación de la caja porque en el año 1988 se comentó en una reunión "el informe sobre la inspección del Banco de España". Además, Ferrer apuntó que "el propio consejo estaba al tanto del mal funcionamiento de la caja porque esta había dado pérdidas en los años 1987, 1988 y 1989".
Por otra parte, la acusación particular señaló que el que fuera director general de Caja Alcoy, Jesús L.F. tuvo durante su gestión una actuación "completamente irregular y consciente" durante la que dispuso "del dinero de la caja en beneficio propio y de su familia y asociados".
En cuanto a Jesús L.L., director de una sucursal de la caja e hijo del director general, Ferrer sostuvo que puede ser cómplice sino coautor del delito principal ya que "hizo un alzamiento de bienes".
Además, la acusación particular sostiene que "no existió dilación indebida porque ha sido una causa complicada, con multitud de afectados y mucha documentación".
También manifestó Ferrer que el "blindaje" que se hicieron el director general y la subdirectora de la entidad financiera, al ponerse una indemnización por despido de 15 veces la retribución del último año, "demuestra que querían beneficiarse de su actuación en la caja".
Por su parte, el abogado de Jesús L.F. y Jesús L.L., Manuel Maza, intervino durante la sesión de hoy para pedir la absolución de sus clientes ya que considera que no cometieron ningún delito. Además añadió que Jesús L.L. "jamás podrá ser condenado" puesto que él "no es el quebrado y no tenía poderes".
Maza destacó también que "la suspensión de pagos no se hizo necesaria por falta de liquidez", ya que "el activo era superior al pasivo", sino que se hizo necesaria por "la noticia" publicada en un periódico que alarmó a la gente.
Por otro lado, Maza apuntó que "los hechos transcurridos antes de 1990 no son imputables" a Jesús L.F., puesto que ya han pasado más de diez años. Y sobre él dijo que se encuentra "destrozado moral y físicamente" por la causa.
Los hechos que se juzgan en la sección tercera de la Audiencia Provincial se remontan al año 1993, cuando los directivos de la entidad, ahora procesados, presuntamente cometieron operaciones fraudulentas y un delito de insolvencia punible.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal acusa a cinco directivos de Caja Alcoy, para los que solicita seis años de prisión por conceder créditos sin las debidas garantías, lo que provocó la suspensión de pagos y la quiebra de la entidad que afectó a más de 1.500 clientes.
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