ALICANTE.- El Secretariado de Migración de la Diócesis realizó 11.339 atenciones a inmigrantes dentro de sus programas de atención jurídica y social y destinó el pasado año 180.000 euros a asesorar jurídica y socialmente a ciudadanos extranjeros, según informaron en un comunicado fuentes del Obispado de la Diócesis de Orihuela-Alicante.
El Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Asti-Alicante, resolvió 2007 un total de 2.014 consultas telefónicas, más de 3.000 citas personales, 225 acompañamientos, 1.574 gestiones y 364 presentaciones de expedientes en la Oficina de Extranjeros, entre otras acciones.
Con siete puntos de atención en la provincia, concretamente en las localidades de Alicante, Elche, Benidorm, Almoradí, Elda, Villena y Callosa de Ensarrià, Asti-Alicante ha ofrecido asesoramiento jurídico y social a 3.324 ciudadanos extranjeros, según su memoria 2007.
Este órgano pastoral, con personalidad jurídica propia gracias a la creación en 2003 de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes de Alicante (Asti-Alicante), tiene como misión "promover en la Diócesis una respuesta pastoral adecuada a la realidad de los inmigrantes que viven en su ámbito territorial".
En 2007 se han invertido 180.021,57 euros, en su mayoría procedentes de subvenciones de entidades privadas, administraciones públicas y donativos, en el Programa de Atención Jurídica en Materia de Extranjería, el de Intervención Social en Materia de Inmigración, los Grupos de Crianza --espacio formativo dirigido a mujeres embarazadas y madres tanto nacionales como extranjeras-- y "otras muchas acciones y actividades".
El Secretariado de Migración lleva trabajando en la Diócesis de Orihuela-Alicante desde el año 1990 y según su consiliario, Nicandro Pérez, atienden a "una segunda generación de inmigrantes que "quieren y deben sentirse como unos ciudadanos más entre nosotros".
Según dijo, "el inmigrante no se marcha, se queda y ya no está tan solo, sino que vive en familia, por lo que es urgente iniciar un proceso por el cual se asocie a los inmigrantes a un proyecto común de sociedad, donde se sientan ciudadanos de pleno derecho, miembros activos en la vida económica, social, cívica, cultural y espiritual de nuestro país, objeto de deberes y derechos".
El Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Asti-Alicante, resolvió 2007 un total de 2.014 consultas telefónicas, más de 3.000 citas personales, 225 acompañamientos, 1.574 gestiones y 364 presentaciones de expedientes en la Oficina de Extranjeros, entre otras acciones.
Con siete puntos de atención en la provincia, concretamente en las localidades de Alicante, Elche, Benidorm, Almoradí, Elda, Villena y Callosa de Ensarrià, Asti-Alicante ha ofrecido asesoramiento jurídico y social a 3.324 ciudadanos extranjeros, según su memoria 2007.
Este órgano pastoral, con personalidad jurídica propia gracias a la creación en 2003 de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes de Alicante (Asti-Alicante), tiene como misión "promover en la Diócesis una respuesta pastoral adecuada a la realidad de los inmigrantes que viven en su ámbito territorial".
En 2007 se han invertido 180.021,57 euros, en su mayoría procedentes de subvenciones de entidades privadas, administraciones públicas y donativos, en el Programa de Atención Jurídica en Materia de Extranjería, el de Intervención Social en Materia de Inmigración, los Grupos de Crianza --espacio formativo dirigido a mujeres embarazadas y madres tanto nacionales como extranjeras-- y "otras muchas acciones y actividades".
El Secretariado de Migración lleva trabajando en la Diócesis de Orihuela-Alicante desde el año 1990 y según su consiliario, Nicandro Pérez, atienden a "una segunda generación de inmigrantes que "quieren y deben sentirse como unos ciudadanos más entre nosotros".
Según dijo, "el inmigrante no se marcha, se queda y ya no está tan solo, sino que vive en familia, por lo que es urgente iniciar un proceso por el cual se asocie a los inmigrantes a un proyecto común de sociedad, donde se sientan ciudadanos de pleno derecho, miembros activos en la vida económica, social, cívica, cultural y espiritual de nuestro país, objeto de deberes y derechos".
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