MADRID.- Jueces, abogados, profesores universitarios y miembros de las asociaciones de consumidores apostaron hoy por el desarrollo y la unificación de un sistema de arbitraje y mediación dentro de la Unión Europea para facilitar la resolución de los grandes fraudes financieros y proporcionar protección a los consumidores víctimas.
Los expertos en consumo coincidieron en la defensa de este sistema como alternativa a la Justicia ordinaria durante el simposium celebrado en Madrid bajo el título 'Consumidores y Justicia eficaz en la UE: Retos y perspectivas". La convocatoria estuvo organizada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).
La primera intervención corrió a cargo del eurodiputado y ex ministro socialista Enrique Barón, quien recordó que el sistema arbitral no puede separarse del todo del sistema judicial, y abogó por la "defensa de una equidad basada en el derecho".
Barón explicó que el objetivo de la Unión Europea para la protección de los consumidores es tratar de conseguir la ratificación por parte de los 27 países miembros del Tratado de Lisboa, aprobado el pasado 13 de diciembre, y que haría jurídicamente vinculantes a los ciudadanos europeos para reclamar sus derechos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Su ratificación implicaría el reconocimiento de la ciudadanía europea contemplada en el Tratado de Maastrich, firmado en 1993, y su derecho a interponer recurso ante los tribunales europeos. "Queremos romper con el beneficio dado a los productores en favor de los consumidores", matizó Barón.
Por su parte, el profesor de derecho procesal de la Universidad de Zaragoza Javier López Sánchez declaró que la posición de la UE respecto a los consumidores "no está muy clara". López explicó que la apuesta europea pasa por desarrollar los servicios de reclamación del cliente y no por la creación de órganos específicos que atiendan las reclamaciones entre países.
La UE mantiene operativa la Red de Centros Europeos del Consumidor que canalizan las quejas de los usuarios. López consideró que el sistema arbitral es "el mejor y el más rápido para la resolución de conflictos sin tener que someter a las partes al relato jurídico de los hechos" y defendió las acciones colectivas para evitar el colapso y los altos costes de la Justicia ordinaria.
Por su parte, el abogado Francisco Llanos expuso la problemática que contemplan los procesos concursales con acreedores en varios países. "La globalización ha internacionalizado las insolvencias", afirmó.
Los principales problemas que contemplan estos concursos son la falta de cooperación judicial, la acotación de los derechos reales de los consumidores sobre los créditos, la averiguación del patrimonio y la exclusión de la normativa comunitaria.
Llanos explicó que otra dificultad está en que las entidades que comercializan productos financieros, de seguros, etc, están sometidas a las leyes del propias del país. En el caso de España a la Ley del Mercado de Valores.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, defendió el sistema arbitral como método "extrajudicial" de resolución de conflictos de los consumidores. Sauquillo recordó la aprobación, el pasado mes de febrero, del Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo de resolución de conflictos entre consumidores y empresas.
Sin embargo, este sistema "único en España" no aplica el arbitraje a las entidades financieras, matizó. Por último, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, alertó de que los consumidores "todavía no conocen los mecanismos de reclamación ni sus derechos".
Los expertos en consumo coincidieron en la defensa de este sistema como alternativa a la Justicia ordinaria durante el simposium celebrado en Madrid bajo el título 'Consumidores y Justicia eficaz en la UE: Retos y perspectivas". La convocatoria estuvo organizada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).
La primera intervención corrió a cargo del eurodiputado y ex ministro socialista Enrique Barón, quien recordó que el sistema arbitral no puede separarse del todo del sistema judicial, y abogó por la "defensa de una equidad basada en el derecho".
Barón explicó que el objetivo de la Unión Europea para la protección de los consumidores es tratar de conseguir la ratificación por parte de los 27 países miembros del Tratado de Lisboa, aprobado el pasado 13 de diciembre, y que haría jurídicamente vinculantes a los ciudadanos europeos para reclamar sus derechos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Su ratificación implicaría el reconocimiento de la ciudadanía europea contemplada en el Tratado de Maastrich, firmado en 1993, y su derecho a interponer recurso ante los tribunales europeos. "Queremos romper con el beneficio dado a los productores en favor de los consumidores", matizó Barón.
Por su parte, el profesor de derecho procesal de la Universidad de Zaragoza Javier López Sánchez declaró que la posición de la UE respecto a los consumidores "no está muy clara". López explicó que la apuesta europea pasa por desarrollar los servicios de reclamación del cliente y no por la creación de órganos específicos que atiendan las reclamaciones entre países.
La UE mantiene operativa la Red de Centros Europeos del Consumidor que canalizan las quejas de los usuarios. López consideró que el sistema arbitral es "el mejor y el más rápido para la resolución de conflictos sin tener que someter a las partes al relato jurídico de los hechos" y defendió las acciones colectivas para evitar el colapso y los altos costes de la Justicia ordinaria.
Por su parte, el abogado Francisco Llanos expuso la problemática que contemplan los procesos concursales con acreedores en varios países. "La globalización ha internacionalizado las insolvencias", afirmó.
Los principales problemas que contemplan estos concursos son la falta de cooperación judicial, la acotación de los derechos reales de los consumidores sobre los créditos, la averiguación del patrimonio y la exclusión de la normativa comunitaria.
Llanos explicó que otra dificultad está en que las entidades que comercializan productos financieros, de seguros, etc, están sometidas a las leyes del propias del país. En el caso de España a la Ley del Mercado de Valores.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, defendió el sistema arbitral como método "extrajudicial" de resolución de conflictos de los consumidores. Sauquillo recordó la aprobación, el pasado mes de febrero, del Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo de resolución de conflictos entre consumidores y empresas.
Sin embargo, este sistema "único en España" no aplica el arbitraje a las entidades financieras, matizó. Por último, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, alertó de que los consumidores "todavía no conocen los mecanismos de reclamación ni sus derechos".
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