viernes, 28 de marzo de 2008

La construcción valenciana cuenta con los niveles más altos de morosidad

MADRID.- Los impagos en las operaciones comerciales a crédito entre empresas españolas crecieron un 29,7% en febrero frente al mismo mes del año anterior y se espera que la morosidad registre una variación interanual acumulada del 20% al cierre de 2008, según refleja el Índice de Crédito y Caución de Incumplimiento.

Este índice revela que los niveles más intensos de impago en el sector de la construcción se concentran en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Canarias.

Este dato contrasta con el incremento de la morosidad entre empresas registrado en 2007, cuando los impagos entre compañías españolas aumentaron un 14,2% en relación con el año anterior.

De esta forma, en febrero se encontraban en la banda de morosidad alta el sector de la construcción, el siderúrgico, el textil y el de cueros y textiles, mientras que los sectores que registraban menores niveles de impago eran juguete, artes gráficas, alimentación y distribución y el sector químico.

La región tiene, en efecto, uno de los niveles más altos de morosidad en operaciones comerciales en el sector de la construcción, según refleja este Índice de Crédito y Caución de Incumplimiento.

Crédito y Caución explicó que el incremento general de los niveles de impago en el 2008 se ha trasladado «con distinta intensidad» a los diversos sectores económicos, lo que ha provocado cambios en la composición de las bandas de morosidad, que clasifican a los sectores en tres grandes categorías a partir de la comparación de sus niveles de impago.

El sector de la construcción se encuentra desde noviembre en la banda de morosidad alta y su evolución, al ser usuario intensivo de financiación ajena, se ha visto afectada por la crisis financiera que tuvo su origen en el segundo semestre del 2007.

Crédito y Caución considera que cabe esperar que las tensiones de liquidez persistan durante el primer semestre de 2008, y subraya que este escenario provocará que las sociedades inmobiliarias se enfrenten a «dificultades en su capacidad de pago», que se verá contraída ante la menor frecuencia de los flujos de caja.

La entidad explica que, al tratarse de un proceso productivo que se prolonga entre 18 y 24 meses y que en muchos casos es financiado con pasivos corrientes de vencimiento menor al año, estas entidades «se ven empujadas a la búsqueda de refinanciaciones de deuda sobre el vencimiento y en última instancia, ante las restricciones de crédito y de liquidez del sistema financiero, a desinversiones selectivas de activos no estratégicos en una primera fase y emblemáticos en una fase avanzada».

Este escenario es «especialmente desfavorable», para el segmento promotor inmobiliario, desarrolladores de suelo y constructores asociados a dichos proyectos.

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