ALICANTE.- El inquietante paisaje que dibuja el sector inmobiliario en la provincia, a tenor de multitud de variables económicas, no es tan dramático, desde el punto de vista laboral, como pueda pensarse. Aunque numerosas obras se encuentran paradas, total o parciamente.
Lejos de la lluvia de expedientes de regulación de empleo (suspensión temporal y rescisión de contratos) que se produjo durante el último ciclo de crisis de la industria manufacturera (sobre todo en los años 2003, 2004 y 2005), las pymes de la construcción mantienen intactas sus plantillas fijas.
Así se desprende de los datos registrados por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, recogidos por "La Verdad" depositaria de las competencias sobre ordenación laboral. Desde que ha empezado el año, no se ha presentado ante la autoridad laboral ni un solo expediente de regulación de empleo por parte de empresas promotoras, constructoras, de actividades anexas o de gestión de suelo o intermediación inmobiliaria.
Sólo dos pymes de tamaño muy reducido (no llegan ni a cinco empleados) han optado por la fórmula que establece el Estatuto de los Trabajadores en caso de fuerza mayor, causas económicas derivadas de un descenso de la producción o causas tecnológicas.
El sector de la construcción, que suma a día de hoy 15.335 demandantes de empleo parados en la provincia, acumula 5.742 parados más que hace un año, lo que fue resaltado hace unos días por los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT.
El importante repunte de la cifra de paro está directamente relacionada con la finalización de los contratos eventuales, no con la fórmula del despido colectivo por quiebra de la empresa o del expediente de regulación de empleo.
«Como mucho, si se producen expedientes de regulación en las constructoras alicantinas será a futuro, dentro de varios meses, en el supuesto de que no hubiera más actividad después de la que ahora sí hay», razona un experto laboral de la provincia.
Ayer se conoció el número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) entre enero y febrero de este año. La cifra ascendió a 790 en la Comunidad Valenciana.
En la provincia de Alicante, el grueso de los expedientes de regulación tienen que ver con suspensiones temporales de empleo en el sector del calzado, algo «habitual» y que está sujeto al cambio de producción por cambio de temporada.
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