Los afectados por el PAU-21 en la Sierra de Escalona piden una investigación a las Cortes Valencianas

ALICANTE.- La Asociación de Propietarios Afectados por la Declaración del Parque Natural de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor se ha dirigido a través de su abogado, Diego de Ramón, a la presidenta de las Cortes Valencianas en relación a la propuesta de Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y de la declaración de ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), en base a "la fuerte colindancia del PAU-21, que incluye 2.300 viviendas, con una media de 9.300 residentes asociados a usos urbanísticos de gran concentración".

Los afectados solicitan a la presidenta de las Cortes Valencianas que se abra una investigación en base a la resolución de Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2007, de respetar y aplicar las disposiciones del Tratado de la Unión Europea con respecto a la utilidad pública y el interés social, y por el ruego que implica al gobierno de la Comunidad Valenciana, "con el fin de prevenir y prohibir que las decisiones de las autoridades locales y regionales vulneren los derechos de propiedad de las personas".

En el escrito dirigido a la presidencia de las Cortes Valencianas se incide además en que dicha resolución del Parlamento Europeo encierra quince determinaciones "que influyen en el sistema de contratación pública y protección de los propietarios a efectos de expropiaciones a particulares, gestores, urbanistas", incluida la declaración por la Generalidad Valenciana de Parque Natural para la Sierra de Escalona, en Orihuela, teniendo en cuenta el PAU-21 "con sus correspondientes talas de miles de pinos" para poder urbanizar.

Por último dicen estar interesados en saber cuantas cajas de ahorro dependientes del control legal de la Consejería de Hacienda han concedido préstamos al promotor para gestionar planes urbanísticos en la Comunidad Valenciana, antes y después de dicha resolución de condena del Parlamento Europeo.

Caso de ser así, la propia Generalidad Valenciana sería la posible causante de los daños producidos como consecuencia del exceso urbanístico, ya que aprueba los grandes planes y además no se opone, fiscaliza o gestiona, a través del poder de sus representantes políticos en dichas cajas, a las aludidas inversiones multimillonarias en créditos dados

Y así se puede producir también grave quebranto y merma de inversiones sociales si se producen problemas económicos para estas entidades, concluye el escrito.