ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha pedido tres años de prisión y una multa de dos millones de euros al ex conseller del PP Luis Fernando Cartagena por un delito contra la Hacienda Pública, según el escrito de acusación, que cifra en medio millón de euros el fraude, según recoge "Información".Para garantizar el pago de estas cantidades, el fiscal ya ha reclamado el embargo preventivo de los bienes del ex dirigente popular.
El juzgado de Orihuela que ha finalizado la instrucción del caso ha estado investigando el patrimonio del ex conseller de Obras Públicas entre 1995 y 1998 y ex alcalde de Orihuela para aplicar la medida económica.
Fuentes cercanas al caso indicaron que están teniendo dificultades para localizar bienes a nombre del imputado. Durante este último año se ha consultado en el Registro de la Propiedad, en Tráfico y en otros organismos pero no se había podido localizar nada.De no encontrarse bienes a su nombre, debería firmarse un documento de insolvencia.
El presunto fraude a Hacienda cometido por el ex conseller es de 83,6 millones de las antiguas pesetas, más de medio millón de euros, según el escrito del fiscal.
Los hechos denunciados, que se remontan a 1988, están entrando ahora en su recta final, dos décadas después, aunque la investigación comenzó en 1992. El ex conseller tuvo que dimitir por este caso hace diez años y desde entonces se encuentra retirado de la vida política.
El caso arranca de la comercialización por parte del Banco de Santander, entre los años 1988 y el 1991, de un producto financiero denominado cesiones de crédito de nuda propiedad con el reclamo de que eran opacas a Hacienda.
Según el escrito de fiscal, "el contrato de la nuda propiedad de créditos estaba encaminado a propiciar la inversión de dinero negro o físicamente opaco asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de los propietarios de las cantidades invertidas".
Un decreto ley del año 1989 impidió que estos productos siguieran ofreciéndose como opacos y los bancos tuvieron la obligación de enviar a Hacienda los titulares de estos productos. La investigación reveló que uno de los titulares de estos productos financieros era el ex conseller Cartagena.
Las cuentas estaban a nombre de un empresario ilicitano, en la actualidad ya fallecido, F. M. S. I., que aparecía como titular de nueve cesiones de crédito y que inicialmente fue imputado en la causa.
La Fiscalía sostiene que el informe de la documentación contable y los estudios de Robótica de la Universidad de Valencia avalan que Cartagena era el verdadero beneficiario y quien había realizado las inversiones. Cartagena siempre ha negado que el dinero sea suyo. Las operaciones financieras realizadas entre 1988 y 1989 ascendieron a 300 millones de pesetas.
El fiscal recuerda que Luis Fernando Cartagena declaró en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos aunque según los informes de los peritos judiciales el imputado tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones de las antiguas pesetas. Por tanto, según la acusación presentada por Anticorrupción, el dinero defraudado a Hacienda asciende a 83 millones de pesetas (medio millón de euros).
Por este motivo, reclama una pena de tres años de prisión más una multa de un millón y medio de euros, que equivale al triple de la cantidad defraudada. Asimismo, se pide el pago de medio millón de euros más a la Agencia Tributaria por el dinero presuntamente defraudado.
La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regularizar su situación con el fisco. Cartagena no se acogió en su día a este proceso, pues no reconoce ser el titular de ese dinero.
La Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC) se ha personado como acción popular en las causas por fraude fiscal que fueron derivadas a los juzgados de Instrucción, entre ellas la del ex conseller Cartagena.
La asociación se ha sumado a la petición de tres años de prisión que reclama el ministerio público. La defensa tiene ahora un plazo de diez días para responder al auto judicial de apertura del juicio oral. La vista deberá celebrarse por un juzgado de lo Penal de Orihuela.
Luis Fernando Cartagena tuvo que dimitir de su cargo como conseller de Obras Públicas tras el escándalo por este caso en el año 1998, cuando estaba Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat.
Esperando el indulto 4 años
El ex conseller Luis Fernando Cartagena ya tiene pendiente una condena judicial de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por apropiación indebida, por haberse quedado 40.000 euros que le entregaron unas monjas en 1993 que administraban el hospital municipal.
La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo y por el momento permanece en suspenso a la espera de que se resuelva el indulto que está solicitado. Han pasado más de cuatro años desde entonces y el Ejecutivo todavía no ha tomado una determinación sobre la medida de gracia.
La Audiencia de Elche ha dado de plazo hasta el 20 de mayo para que el ex conseller ingrese en prisión si para entonces no se ha pronunciado el Gobierno sobre el indulto. Con ello se pretende que la pena no prescriba. Por tanto, la petición tendría que haber quedado resuelta en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, último antes del día 20.
La Fiscalía ha emitido informes en el pasado en contra de la medida de gracia porque la considera contraria a derecho. El empresario Angel Fenoll (también en la imagen), investigado por cohecho en la llamada "Operación Brugal" ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, fue también condenado en su día por estos mismos hechos.
La apertura del juicio oral para Cartagena se ha producido en una semana crucial para la tramitación del indulto, ya que supondría una segunda condena en caso de que el juez fallara que cometió delito.
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