MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, en un escrito dirigido al vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, el alicantino Pedro Solbes, se reserva el derecho de acudir al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y al Parlamento Europeo, para informarles acerca de las inversiones sociales humanas de la Caja de Ahorro del Mediterráneo y ver si realmente se ajustan a sus obligaciones legales.
En nombre de la Asociación Murciana de Afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica y Fibromialgia, un 3,4% de la población, y ante el anuncio de creación de un depósito gubernamental de 10.000 millones de euros para ayudar a entidades financieras en apuros, De Ramón informa a Solbes que la CAM sigue endeudándose porque sigue subiendo la morosidad hasta de promotores con proyectos inmobiliarios condenados por el Parlamento Europeo.
"Y eso, teniendo en cuenta la grave crisis financiera, con posible imprudencia temeraria en expedientes concursales, de dudosa salida económica al 100%, por parte de la CAM".
El letrado advierte a Solbes antes "de acceder la CAM a ese auxilio de financiación sin depurar las responsabilidades de sus dirigentes", ya que doce de sus consejeros se han concedido 23 millones de euros en créditos "y el director general goza de un contrato blindado". Luego se pregunta: "¿Dónde están sus inversiones sociales humanas?", al referirse también a posible imprudencia temeraria financiera y hablar hasta de la compra de participaciones en bancos de Marruecos.
Diego de Ramón, antes de querer saber cuánto ha invertido en obras sociales humanas y, concretamente la CAM en la asociación que representa, y el grado de participación o audiencia a los colectivos afectados, recuerda a Solbes la reciente declaración de la agencia internacional de calificación de riesgo, "Moody's", poniendo en revisión la solvencia de la CAM.
El letrado quiere también que los gobiernos autónomos murciano y valenciano muestren los escritos dirigidos a la CAM en la exigencia de participación comparativa con otras cajas de ahorro, que ascienden hasta un 45% y más, sobre programas de ayudas sociales. Y cuál ha sido la última auditoría, sobre los fondos sociales europeos y del Estado español recibidos, a estos gobiernos.
También exige que la CAM muestre su gestión, tanto en Murcia como en la Comunidad Valenciana, en infraestructuras sociales de discapacitados y colectivos carentes de cualquier tipo de ayuda.
Ante tal quebranto social y humano, De Ramón anuncia que, de no obtener respuesta de Solbes, se dirigirá también a otras instituciones europeas competentes, al Banco Central Europeo, a la Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional para informarles de las verdaderas políticas sociales de estas entidades financieras en los países que dicen aplicarlas y de los contratos blindados de los directivos de Cajas, que dicen ser sociales, para que sean examinados todos estos extremos de aplicación y su grado de cumplimiento.
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