EL DETERIORO DEL TRANSPORTE AÉREO. Permítaseme sostener, como premisa que revolotea en el ánimo colectivo, que la catástrofe de ayer en Madrid debe poner fin al deterioro de la calidad y fiabilidad del transporte aéreo de pasajeros lo que implicará en muy breve plazo la reconsideración de la deriva en la que están incurriendo las compañías llamadas de low cost cuyo negocio se basa más en trasladar a personas como a mercancías que en la prestación de un servicio digno de tal nombre.
Dando una paso más, parece imperativo que las administraciones públicas competentes dispongan de los instrumentos necesarios de intervención en las compañías aéreas aplicando criterios de absoluta inflexibilidad en la aplicación de los protocolos de seguridad que no consisten sólo en las comprobaciones técnicas, sino también en la constatación de la concurrencia de un estado laboral adecuado, incompatible con tensiones excesivas en las plantillas que puedan repercutir en la seguridad del transporte aéreo. Es decir, el tratamiento correcto del factor humano.
LOS PROLEGÓMENOS INQUIETANTES DE LA CATÁSTROFE. Y es en este terreno en el que se tantea el primer aspecto preocupante de las circunstancias que rodearon la catástrofe de Barajas: sólo dos horas antes del terrible accidente, una nota pública de los pilotos de la compañía, integrados en el Sepla, ofrecía un panorama inquietante porque en el texto se denunciaban “gravísimas carencias organizativas y estructurales”, calificadas, como “de difícil solución” con el actual equipo gestor. El dimensionamiento de la plantilla, decían los pilotos de Spanair, “está provocando continuas presiones y amenazas por parte de la dirección para que los tripulantes y el personal de mantenimiento transgredan las normas, incluyendo vulneración de límites de actividad, violación del régimen de día libres y vacaciones, de los convenios colectivos y de la legislación vigentes”.
Si estas durísimas acusaciones –nótese la expresión “transgresión” de normas—se vinculan con el itinerario seguido por el MD-82 siniestrado antes del accidente, hay motivos para la máxima preocupación. Porque la aeronave, primero, sale con retraso por problemas “técnicos”. Luego, hace un intento de despegue que aborta para regresar al aparcamiento. Vuelve a la pista y, cuando ha llegado a elevarse hasta 200 pies –según versión de la ministra de Fomento—cae y se produce la catástrofe.
Se da una coincidencia general en qué la determinación de las causas de la tragedia –serán varias concurrentes, al parecer no una sola—tardará hasta un año en conocerse porque, primero, debe elaborarse una dictamen por la Comisión Nacional de Accidentes y, luego, agotar el proceso judicial que, en función de la razón de la catástrofe, deducirá responsabilidades civiles y, eventualmente, penales. Sin embargo, la investigación parte desde unos datos objetivos –el malestar de la plantilla y la inquietante salida del vuelo JKK 5022—sobre los que cabe construir un diagnóstico inicial que Spanair debe considerar como decisivo para su continuidad como compañía aérea.
EL INCIERTO FUTURO DE SPANAIR Y DEL BAJO COSTE. Inmersa en un expediente de regulación de empleo (ERE) de más de mil empleados –sobre los cuatro mil de la plantilla--, previsto ya el cierre de varios hubs –centros operativos--, canceladas nueve líneas, próxima la venta de varios MD-82 y con fortísimas pérdidas en el primer semestre del año, Spanair podría no recuperarse del tremendo golpe que esta catástrofe representa para su imagen y fiabilidad. Y, simplemente, desaparecer, bien reactivando la oferta de compra por Iberia, bien por absorción de su matriz, la escandinava SAS. Porque Spanair –con una ineficiente sede en Palma de Mallorca—no ha dado muestras inequívocas de su propósito de mantener su presencia en el mercado español.
Se haría mal si el análisis general se centrase en el accidente, aislándolo del fortísimo estrés que sufre el sector. Las pérdidas económicas –tanto por el incremento del combustible como por el descenso de viajeros—deberían propiciar una revisión íntegra del transporte aéreo y racionalizar el fenómeno de competencia casi histérica entre las compañías de bajo coste que, con tarifas demasiado accesibles, compensan sus ingresos con cobros adicionales –por facturación de equipaje, por emisión de tarjetas de embarque, por asignación fija de plaza en la aeronave, por incremento del número de pasajeros con menor espacio de movilidad—y con la prestación de un servicio de mínimos que recuerda a los transportes estabulados. Y así, por un lado, se ofrecen posibilidades inéditas de movilidad, pero, por otra, se producen en condiciones que –desde una perspectiva más integral—pueden considerarse abusivas. En todo este complejo asunto, que ha ido creciendo desordenada y anárquicamente (¿qué decir del episodio que protagoniza ahora Ryanair?, ¿recuerdan Air Madrid?) hay que hacerle un pasillo a las autoridades para que penetren hasta el corazón de la cuestión y la ordenen de manera inflexible.
LO QUE FUNCIONÓ BIEN. Una aproximación crítica a la tragedia de Barajas, no puede dejar de constatar aspectos positivos desde el punto de vista operativo. Funcionaron las emergencias (¿en qué consiste el llamado “protocolo 11-M”) con abundancia y profesionalidad en pleno periodo vacacional y la comunicación –que ha recibido críticas—fue, a mi juicio, prudente y acertada, sin salidas en falso por parte de autoridades políticas o profesionales, con un tratamiento informativo oficial que –dejando plena libertad a los medios—optó por la gradualidad para evitar convulsiones y errores, simultaneándolo con el tratamiento adecuado a las familias de las víctimas. Los políticos con su rápido desplazamiento estuvieron al nivel de la tragedia y los medios de comunicación ofrecieron despliegues informativos poderosos.
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