MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha designado a las aseguradoras españolas Mapfre, Zurich España y St. Paul Insurance España como responsables civiles directas para afrontar las indemnizaciones que pudieran derivarse de la causa sobre las identificaciones erróneas de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 cuando el cartagenero Federico Trillo, diputado por Alicante del PP, era ministro de Defensa en el Gobierno de Aznar.
Según un auto de ampliación del de apertura del juicio oral contra tres militares españoles a los que se acusa de un delito de falsedad documental, con fecha del pasado 19 de septiembre y hecho público ayer, el juez requirió a las tres empresas para que depositen en un plazo de 24 horas que comenzará a contar una vez reciban copia de la causa, una fianza de un total de seis millones de euros –dos millones cada una de ellas– que servirían para afrontar las posibles responsabilidades futuras una vez que se celebre el juicio.
La Fiscalía solicitó al magistrado el pasado mes de agosto que diera este paso y aportó un informe en el que detallaba la existencia de pólizas de seguros de estas compañías para la cobertura de la responsabilidad civil. La información fue aportada por la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, según especifica el auto.
El juez Grande-Marlaska concede, además, a las aseguradoras Mapfre, Zurich y St.Paul un plazo de tres días para que designen abogado a fin de que se les haga entrega de una copia de la causa. A partir de ese momento los representantes legales de las compañías dispondrán de diez días para presentar al magistrado su escrito de defensa.
Tras más de dos meses de instrucción, y después de que el pasado mes de abril la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligará a reabrir la causa, el magistrado dictó el pasado 8 de julio la apertura del juicio oral contra tres mandos militares médicos por la identificación errónea de 30 de los 62 militares españoles que viajaban en el avión Yakolev-42 que se estrelló en mayo de 2003 en Turquía.
Los procesados son el general médico Vicente Navarro y los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez.
Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, se enfrenta a una condena de cinco años de prisión, mientras la Fiscalía pide penas de cuatro años y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia: el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Además, para Navarro el Ministerio de Público solicita una multa 30.000 euros y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que para los otros dos imputados pide multa de 24.000 euros y un periodo de inhabilitación de cuatro años.
También pide indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea como demostraron los análisis de ADN que se realizaron con posterioridad.
La Fiscalía solicitó al magistrado el pasado mes de agosto que diera este paso y aportó un informe en el que detallaba la existencia de pólizas de seguros de estas compañías para la cobertura de la responsabilidad civil. La información fue aportada por la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, según especifica el auto.
El juez Grande-Marlaska concede, además, a las aseguradoras Mapfre, Zurich y St.Paul un plazo de tres días para que designen abogado a fin de que se les haga entrega de una copia de la causa. A partir de ese momento los representantes legales de las compañías dispondrán de diez días para presentar al magistrado su escrito de defensa.
Tras más de dos meses de instrucción, y después de que el pasado mes de abril la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligará a reabrir la causa, el magistrado dictó el pasado 8 de julio la apertura del juicio oral contra tres mandos militares médicos por la identificación errónea de 30 de los 62 militares españoles que viajaban en el avión Yakolev-42 que se estrelló en mayo de 2003 en Turquía.
Los procesados son el general médico Vicente Navarro y los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez.
Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, se enfrenta a una condena de cinco años de prisión, mientras la Fiscalía pide penas de cuatro años y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia: el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Además, para Navarro el Ministerio de Público solicita una multa 30.000 euros y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que para los otros dos imputados pide multa de 24.000 euros y un periodo de inhabilitación de cuatro años.
También pide indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea como demostraron los análisis de ADN que se realizaron con posterioridad.
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