MADRID.- El coronel auditor Ricardo Fortún, al que Defensa encargó un informe sobre el sistema de contrataciones del Ejército tras el accidente del Yak-42, aseguró ayer que sólo pudo utilizar la documentación que le proporcionó el propio Ministerio y que no tuvo autonomía para realizar trabajo de campo.
Durante su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las supuestas irregularidades en la contratación del avión siniestrado, Fortún también indicó que, cuando Defensa le encargó la elaboración del informe, se le especificó que no investigase las identificaciones de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos.
Además, tampoco incluyó las quejas del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV), la pregunta parlamentaria donde se abordaban esas quejas ni la denuncia de los familiares, porque “no se las dieron”.
Fortún declaró que conocía y asumía las subcontrataciones realizadas por Defensa a través de la empresa de la OTAN ‘Namsa’, pero que nunca vio ninguno de los contratos de los 43 vuelos anteriores ni el del propio Yak-42 más tarde siniestrado.
El informe, entregado al Ministerio en diciembre de 2003 –el accidente había ocurrido en mayo–, le fue encargado en reuniones con el entonces ministro Federico Trillo, el teniente general José Luis Beltrán –imputado por los errores en la identificación de los cadáveres– y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte.
El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil aseguró ayer en la que el avión Yakovlev-42 no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias, según informaron fuentes jurídicas.
Durante su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las supuestas irregularidades en la contratación del avión siniestrado, Fortún también indicó que, cuando Defensa le encargó la elaboración del informe, se le especificó que no investigase las identificaciones de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos.
Además, tampoco incluyó las quejas del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV), la pregunta parlamentaria donde se abordaban esas quejas ni la denuncia de los familiares, porque “no se las dieron”.
Fortún declaró que conocía y asumía las subcontrataciones realizadas por Defensa a través de la empresa de la OTAN ‘Namsa’, pero que nunca vio ninguno de los contratos de los 43 vuelos anteriores ni el del propio Yak-42 más tarde siniestrado.
El informe, entregado al Ministerio en diciembre de 2003 –el accidente había ocurrido en mayo–, le fue encargado en reuniones con el entonces ministro Federico Trillo, el teniente general José Luis Beltrán –imputado por los errores en la identificación de los cadáveres– y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte.
El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil aseguró ayer en la que el avión Yakovlev-42 no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias, según informaron fuentes jurídicas.
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