ELCHE.- Inmigrantes y españoles se han unido en Elche en una plataforma para luchar por el mantenimiento de unas cuotas de pago de hipotecas a los bancos que sean asequibles e impidan el desahucio de la vivienda y la salida a subasta de ésta por impago, según "Información".
Por el momento, 40 personas se han integrado, 20 ilicitanos y 20 inmigrantes (colombianos, ecuatorianos y rumanos, principalmente), en la recién creada Unión de Propietarios de Viviendas Hipotecarias con Intereses Impagables de Elche, que apuesta porque cada individuo se declare en suspensión de pagos y acuda a un proceso concursal de acreedores por la vía judicial.
"Se trata de evitar que se embargue la vivienda y evitar los intereses de demora", explica Felipe Naranjo, portavoz de la plataforma, quien concreta que lo primero que ha de realizar un afectado es "acudir al Colegio de Abogados para solicitar asistencia jurídica gratuita, y ante el juez hay que declararse en suspensión de pagos".
De esta manera, asegura Naranjo, "se establecen las cuotas a pagar de acuerdo con los ingresos". La plataforma asegura que el proceso de suspensión de pagos no es sólo para las empresas, sino que también puede ser utilizado por las personas de manera individual.
"Aunque los abogados dicen que la suspensión de pagos sólo es para empresas, en Madrid ya se está haciendo y hay sentencias judiciales al respecto", sostiene el portavoz de la plataforma.
En la reunión que los afectados mantuvieron esta semana, se ha decidido iniciar 20 procesos de suspensión de pagos de manera individual. Los afectados rechazan categóricamente que no se quiera pagar la hipoteca contratada, "al contrario, pero no es razonable que se hayan dado créditos para la compra de vivienda a razón de 390 euros al mes y ahora el banco pretenda cobrar por un quinto piso sin ascensor, de 70 metros cuadrados, 670 euros mensuales.
La gente quiere seguir pagando, pero una cifra razonable".
Los asistentes a la reunión de constitución de la plataforma pusieron en evidencia la angustia y desasosiego que les produce no poder hacer frente a los pagos. Una colombiana con cuatro hijos ponía encima de la mesa unos ingresos de 600 euros al mes y una cuota de hipoteca de 550 euros mensuales.
Los intereses de demora que ante los retrasos en el pago de la hipoteca están aplicando las entidades bancarias son causa de desesperación en algunos casos. "Dejas de pagar tres cuotas y te pasan unos intereses de demora de entre 6.000 y 8.000 euros, porque aplican un 25% de interés sobre el total del capital. Así es imposible vivir", considera Naranjo, quien entiende que se debe actuar. "No va a ser un camino fácil, pero lo importante es buscar soluciones".
Reclaman una ayuda de socorro del Gobierno
La plataforma de Elche promoverá, junto con otras que se están constituyendo en otros puntos del país, la creación en el ámbito del Estado de un fondo de garantía que socorra a quienes no puedan pagar sus hipotecas.
Felipe Naranjo insistía sobre esta cuestión en que "no se trata de que el Gobierno pague las hipotecas, sino que si hay una persona que no puede pagar, el Estado puede comprar la vivienda y arrendársela al anterior propietario de manera preferencial".
A juicio de Naranjo, "el problema social y psicológico que se está creando, más allá del económico, requiere de una intervención, porque hay una situación de alarma que va más allá".
La hipoteca se está convirtiendo en una pesada carga cada vez más difícil de soportar para las familias. La crisis y las continuas subidas del Euribor están provocando que cada vez más personas se vean incapaces de hacer frente al pago de sus viviendas.
El colectivo inmigrante ha sido uno de los primeros en reaccionar de forma activa ante este problema. El pasado verano se creó en Madrid la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Hipotecas Impagables, integrada en su inicio por casi un centenar de familias extranjeras que adquirieron un piso gracias a un crédito hipotecario y que ahora tienen problemas para pagar las cuotas.
Esta plataforma nació en el seno de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación, Aesco.
En poco más de dos meses «cerca de 5.000 familias de toda España, inmigrantes y españolas, han recurrido a esta plataforma cívica, según explica Gustavo Fajardo, responsable de los servicios jurídicos de la agrupación.
En Alicante, son «450 las familias que han pedido ayuda y asesoramiento a la asociación». Por este motivo, los responsables de la plataforma ultiman la puesta en marcha «de una delegación en la provincia, similar a otras que ya funcionan en Barcelona, Valencia, Murcia o País Vasco».
Precisamente, el pasado fin de semana, responsables de la plataforma en Madrid se desplazaron a Elche para mantener un encuentro con familias afectadas e informarles de todas las iniciativas que la plataforma está llevando a cabo.
El pasado martes se celebró una reunión en la sede de la Asociación de Colombianos en Elx con el objetivo de poner en marcha una delegación de la plataforma en la ciudad.
El objetivo de este colectivo es buscar una solución para quienes, momentáneamente, no pueden hacer frente a sus hipotecas debido a las continuas subidas del Euribor o a la crisis económica. Una de las iniciativas ha sido «la de plantear a las familias que se declaren en suspensión de pagos. Para ello, ya se han presentado en Madrid más de 400 solicitudes de justicia gratuita con el objetivo de plantear ante el juez dichas suspensiones», afirma Gustavo Fajardo.
Otra de las principales peticiones de la agrupación es la creación, por parte del Gobierno, «de un fondo de garantía hipotecaria para ayudar a las familias que, por circunstancias excepcionales, se ven imposibilitadas para hacer frente al pago de su vivienda».
Este fondo, «similar al que ya existe para los seguros de vehículos, sería sufragado por las entidades financieras y por quienes suscriban una hipoteca». Estas ayudas «deberían ser para familias que cumplan determinados requisitos y siempre de una manera temporal», explica Fajardo.
Responsables de la plataforma han hecho llegar estas y otras propuestas a la directora de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de la Vivienda en una reunión mantenida el pasado mes de julio «y de la que todavía estamos esperando una respuesta».
En Madrid, los afectados por esta situación ya han celebrado varias manifestaciones. El pasado 12 de octubre más de un centenar de inmigrantes se han concentraron en la madrileña plaza de Neptuno para reclamar al Gobierno un conjunto de medidas para ayudar a las familias a afrontar la crisis.
El acto fue convocado por la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), el Consejo de Inmigración de la Comunidad de Madrid (CODEIN) y la Plataforma de Ahorcados por las Hipotecas Impagables.
Los participantes, vestidos de rojo, exhibieron carteles con lemas como "Por la creación del Fondo de Garantía Hipotecaria", "Interés justo", "Hipotecas pagables", "Buscamos condiciones dignas para nuestras hipotecas", "ZP: Dinero para la banca, y ¿para las familias en crisis?" y "ZP: Ahora medidas de salvamento para las familias hipotecadas".
El martes 14 de octubre una comisión de vivienda fue al Congreso de los Diputados para exponer las propuestas que han desarrollado y que existen "frente al descontrol y a la mala praxis de los bancos" para que con ellas "hagan algo para la gente que no tiene solvencia". Los manifestantes vistieron camisetas rojas y se concentrarón en la Plaza de Neptuno.
Por el momento, 40 personas se han integrado, 20 ilicitanos y 20 inmigrantes (colombianos, ecuatorianos y rumanos, principalmente), en la recién creada Unión de Propietarios de Viviendas Hipotecarias con Intereses Impagables de Elche, que apuesta porque cada individuo se declare en suspensión de pagos y acuda a un proceso concursal de acreedores por la vía judicial.
"Se trata de evitar que se embargue la vivienda y evitar los intereses de demora", explica Felipe Naranjo, portavoz de la plataforma, quien concreta que lo primero que ha de realizar un afectado es "acudir al Colegio de Abogados para solicitar asistencia jurídica gratuita, y ante el juez hay que declararse en suspensión de pagos".
De esta manera, asegura Naranjo, "se establecen las cuotas a pagar de acuerdo con los ingresos". La plataforma asegura que el proceso de suspensión de pagos no es sólo para las empresas, sino que también puede ser utilizado por las personas de manera individual.
"Aunque los abogados dicen que la suspensión de pagos sólo es para empresas, en Madrid ya se está haciendo y hay sentencias judiciales al respecto", sostiene el portavoz de la plataforma.
En la reunión que los afectados mantuvieron esta semana, se ha decidido iniciar 20 procesos de suspensión de pagos de manera individual. Los afectados rechazan categóricamente que no se quiera pagar la hipoteca contratada, "al contrario, pero no es razonable que se hayan dado créditos para la compra de vivienda a razón de 390 euros al mes y ahora el banco pretenda cobrar por un quinto piso sin ascensor, de 70 metros cuadrados, 670 euros mensuales.
La gente quiere seguir pagando, pero una cifra razonable".
Los asistentes a la reunión de constitución de la plataforma pusieron en evidencia la angustia y desasosiego que les produce no poder hacer frente a los pagos. Una colombiana con cuatro hijos ponía encima de la mesa unos ingresos de 600 euros al mes y una cuota de hipoteca de 550 euros mensuales.
Los intereses de demora que ante los retrasos en el pago de la hipoteca están aplicando las entidades bancarias son causa de desesperación en algunos casos. "Dejas de pagar tres cuotas y te pasan unos intereses de demora de entre 6.000 y 8.000 euros, porque aplican un 25% de interés sobre el total del capital. Así es imposible vivir", considera Naranjo, quien entiende que se debe actuar. "No va a ser un camino fácil, pero lo importante es buscar soluciones".
Reclaman una ayuda de socorro del Gobierno
La plataforma de Elche promoverá, junto con otras que se están constituyendo en otros puntos del país, la creación en el ámbito del Estado de un fondo de garantía que socorra a quienes no puedan pagar sus hipotecas.
Felipe Naranjo insistía sobre esta cuestión en que "no se trata de que el Gobierno pague las hipotecas, sino que si hay una persona que no puede pagar, el Estado puede comprar la vivienda y arrendársela al anterior propietario de manera preferencial".
A juicio de Naranjo, "el problema social y psicológico que se está creando, más allá del económico, requiere de una intervención, porque hay una situación de alarma que va más allá".
La hipoteca se está convirtiendo en una pesada carga cada vez más difícil de soportar para las familias. La crisis y las continuas subidas del Euribor están provocando que cada vez más personas se vean incapaces de hacer frente al pago de sus viviendas.
El colectivo inmigrante ha sido uno de los primeros en reaccionar de forma activa ante este problema. El pasado verano se creó en Madrid la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Hipotecas Impagables, integrada en su inicio por casi un centenar de familias extranjeras que adquirieron un piso gracias a un crédito hipotecario y que ahora tienen problemas para pagar las cuotas.
Esta plataforma nació en el seno de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación, Aesco.
En poco más de dos meses «cerca de 5.000 familias de toda España, inmigrantes y españolas, han recurrido a esta plataforma cívica, según explica Gustavo Fajardo, responsable de los servicios jurídicos de la agrupación.
En Alicante, son «450 las familias que han pedido ayuda y asesoramiento a la asociación». Por este motivo, los responsables de la plataforma ultiman la puesta en marcha «de una delegación en la provincia, similar a otras que ya funcionan en Barcelona, Valencia, Murcia o País Vasco».
Precisamente, el pasado fin de semana, responsables de la plataforma en Madrid se desplazaron a Elche para mantener un encuentro con familias afectadas e informarles de todas las iniciativas que la plataforma está llevando a cabo.
El pasado martes se celebró una reunión en la sede de la Asociación de Colombianos en Elx con el objetivo de poner en marcha una delegación de la plataforma en la ciudad.
El objetivo de este colectivo es buscar una solución para quienes, momentáneamente, no pueden hacer frente a sus hipotecas debido a las continuas subidas del Euribor o a la crisis económica. Una de las iniciativas ha sido «la de plantear a las familias que se declaren en suspensión de pagos. Para ello, ya se han presentado en Madrid más de 400 solicitudes de justicia gratuita con el objetivo de plantear ante el juez dichas suspensiones», afirma Gustavo Fajardo.
Otra de las principales peticiones de la agrupación es la creación, por parte del Gobierno, «de un fondo de garantía hipotecaria para ayudar a las familias que, por circunstancias excepcionales, se ven imposibilitadas para hacer frente al pago de su vivienda».
Este fondo, «similar al que ya existe para los seguros de vehículos, sería sufragado por las entidades financieras y por quienes suscriban una hipoteca». Estas ayudas «deberían ser para familias que cumplan determinados requisitos y siempre de una manera temporal», explica Fajardo.
Responsables de la plataforma han hecho llegar estas y otras propuestas a la directora de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de la Vivienda en una reunión mantenida el pasado mes de julio «y de la que todavía estamos esperando una respuesta».
En Madrid, los afectados por esta situación ya han celebrado varias manifestaciones. El pasado 12 de octubre más de un centenar de inmigrantes se han concentraron en la madrileña plaza de Neptuno para reclamar al Gobierno un conjunto de medidas para ayudar a las familias a afrontar la crisis.
El acto fue convocado por la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), el Consejo de Inmigración de la Comunidad de Madrid (CODEIN) y la Plataforma de Ahorcados por las Hipotecas Impagables.
Los participantes, vestidos de rojo, exhibieron carteles con lemas como "Por la creación del Fondo de Garantía Hipotecaria", "Interés justo", "Hipotecas pagables", "Buscamos condiciones dignas para nuestras hipotecas", "ZP: Dinero para la banca, y ¿para las familias en crisis?" y "ZP: Ahora medidas de salvamento para las familias hipotecadas".
El martes 14 de octubre una comisión de vivienda fue al Congreso de los Diputados para exponer las propuestas que han desarrollado y que existen "frente al descontrol y a la mala praxis de los bancos" para que con ellas "hagan algo para la gente que no tiene solvencia". Los manifestantes vistieron camisetas rojas y se concentrarón en la Plaza de Neptuno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario