La jueza dice que Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante, permitió desviar dinero

MADRID.- Un gerente que se enriquece a costa de la empresa pública que gestiona, adjudicaciones opacas sin concurso cuyo precio se acaba disparando, concesiones lesivas y un quebranto económico calculado en seis millones de euros.

Así se resume el rosario de presuntas ilegalidades perpetradas en la empresa pública Mercalicante, con el supuesto “conocimiento y consentimiento” de quien durante trece años y hasta que dimitió por sorpresa en septiembre fue alcalde de la capital alicantina, Luis Díaz Alperi (PP), ahora diputado en las Cortes Valencianas y, por tanto, aforado, según "Público".

Alperi presidía Mercalicante, el mercado central de abastecimiento de la provincia.

Reo de delito societario y malversación

El entrecomillado sobre “conocimiento y consentimiento” procede del auto dictado el pasado día 10 por la jueza instructora del caso, Cristina Costa. En ese escrito, la magistrada traslada las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) para que las prosiga por sí mismo dada la condición de aforado de Alperi, imputado en el caso.

Los datos de esta larguísima instrucción, emprendida en 2002 y aún inacabada, hacen concluir a la jueza que no debe levantarse la imputación a Alperi, a quien señala como posible reo de delito societario “sin descartar” el de malversación.

Dinero desaparecido

El relato de hechos que traza la jueza y el prolijo informe de 90 páginas elaborado por la Fiscalía Anticorrupción dibujan un panorama desolador: en Mercalicante, sostiene el fiscal Anticorrupción de Alicante, Alperi creó al margen del consejo de administración una comisión ejecutiva monocolor (PP) a modo de administración paralela. La configuró “como un instrumento a la medida, fácilmente manejable”.

Tan fácilmente que pagó hasta 300.000 euros de más a la empresa Urdema, cuyo contrato original se cifraba en 1,5 millones de euros. Urdema, explica el fiscal con detalle, recibió 86.859 euros extra sobre los consignados en la contabilidad de Mercalicante.

Y “sin explicación aparente”, esa misma empresa transfirió a Mercalicante en un solo día 231,7 millones de las antiguas pesetas. Lo hizo en abril de 2002, cuando ya se barruntaba el escándalo.

De la bolsa a la cuenta privada

Según la jueza, la comisión ejecutiva toleró que el entonces gerente invirtiera en Bolsa 400 millones de pesetas de Mercalicante supuestamente destinados a obras y terminara embolsándose 95 millones. En 2002, el Ayuntamiento despidió al gerente. Ni el fiscal ni la jueza creen verosímil que la comisión ejecutiva no hubiera detectado sus manejos.

La comisión ejecutiva también adjudicó la cesión de varias naves del recinto a dos empresas propiedad del mismo individuo y cuya oferta había sido inferior a la lanzada por otra firma local. El adjudicatario subarrendó finalmente las naves al otro ofertante inicial.

Por otra parte, el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno, ha afirmado que el ex alcalde y diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi ya habría sido condenado "y además con sentencia firme" por el desfalco del "caso Mercalicante" si no fuera aforado por Les Corts Valencianes.

Moreno ha hecho estas declaraciones tras conocerse que la juez instructora del caso ha imputado a Díaz Alperi y ha elevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ya que, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, sólo el alto tribunal puede enjuiciar a un diputado autonómico.

La juez ha trasladado la causa informando al TSJCV que Díaz Alperi pudo cometer, presuntamente, un delito societario, "sin descartar" también otro de malversación de caudales públicos, ya que considera que estaba enterado de la comisión de diversas irregularidades.

Moreno ha manifestado que las investigaciones han dado "un salto cualitativo realmente trascendente" al apreciar la juez los supuestos delitos cometidos por Díaz Alperi, del que ha comentado que hasta ahora argüía que estaba imputado judicialmente "por que sólo el PSOE veía indicios".

"Esto quiere decir que si el caso no se hubiera o se tuviera que trasladar al TSJCV, muy posiblemente en estos momentos Díaz Alperi, (Juan) Zaragoza y (José María Rodríguez) Galant no estarían imputados sino condenados y, además, con sentencia firme", ha sostenido.

Moreno también ha citado otras declaraciones de Díaz Alperi con motivo de su inclusión en la lista autonómica en las últimas elecciones en las que rechazaba que deseara ser aforado para beneficiarse judicialmente.

"Habría que recordar las palabras de Alperi de que él no se iba a Valencia para estar aforado y que, si en algún momento este aforamiento fuera obstáculo para que un proceso se parase o no, él pediría que no se tuviera en cuenta", ha recordado.

"Ahora tiene el momento y la oportunidad para que Alperi cumpla con su palabra y pida no estar aforado", ha instado el socialista antes de que proseguir que "si para eso es necesario dimitir (como diputado), que lo haga, y que la Justicia siga los cauces".

Preguntado por si cree que beneficia los intereses de Díaz Alperi que la causa pase al TJSCV, Moreno ha comentado que "en principio no tiene por qué haber diferencias" aunque ha añadido que esas diferencias "las marcó él".

"La Justicia en Alicante ya se ha pronunciado de manera clara y contundente. Veremos ahora lo que ocurre en Valencia ", ha manifestado.

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, ha manifestado que no le sorprende que de los juzgados salgan noticias que perjudiquen la imagen de su antecesor en el cargo y ha comentado que ella misma ha sido víctima de esta situación en el pasado.

"Es lo habitual, que salgan de los juzgados (estas noticias). Yo lo llevo viviendo muchos años y no nos sorprende a ninguno", ha indicado Castedo, alcaldesa después de que el pasado 11 de septiembre Díaz Alperi anunciara inesperadamente que renunciaba al cargo, tras obtener cuatro mayorías absolutas.

Además de Díaz Alperi, están imputados en la causa los otros cuatro miembros del antiguo comité ejecutivo de Mercalicante, uno de ellos el actual concejal de Hacienda, el popular Juan Zaragoza.

Preguntado por las últimas novedades del caso, Zaragoza ha rechazado realizar comentario alguno: "De eso no hablo nada".