ALICANTE.- La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela ordenó el ingreso en prisión sin fianza del ex senador socialista y alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, imputado por los presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y contra la ordenación del territorio, según "Abc".
En cambio, la jueza ha dejado en libertad con cargos a los otros cuatro detenidos: el interventor Antonio Saseta, un ingeniero y los empresarios del sector de la construcción Manuel Nortes Hernández y José Pérez Moya.
En cambio, la jueza ha dejado en libertad con cargos a los otros cuatro detenidos: el interventor Antonio Saseta, un ingeniero y los empresarios del sector de la construcción Manuel Nortes Hernández y José Pérez Moya.
El alcalde socialista José Joaquín Moya llegó a los Juzgados de Orihuela a las diez de la mañana esposado y en el interior de un vehículo de la Guardia Civil. Su declaración no comenzó hasta la tarde, cuando ya habían comparecido ante la juez los otos cuatro imputados.
Moya, del PSPV-PSOE, remitió ya un escrito a la Subdelegación del Gobierno en el que pide dimitir del cargo, en el mismo día en el que una juez decretaba su ingreso en prisión sin fianza por un presunto delito urbanístico.
La primera teniente de alcalde y presidenta de la corporación de Bigastro en funciones, Inmaculada Martínez, declaró que la intención del todavía alcalde es dejar el cargo y también renunciar al acta de concejal. Moya, que lleva 25 años como alcalde de Bigastro, fue enviado a la cárcel por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y varias falsedades.
La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia del PP de finales del año 2005 acerca de la permuta de unos terrenos en suelo industrial por un local comercial, operación de la que la Guardia Civil ha recabado información del Ayuntamiento desde el pasado febrero.La mano derecha de Moya y alcaldesa en funciones ha afirmado que el consistorio se encuentra en un momento de «indefinición» y que el equipo de gobierno está pendiente de reunirse con sus asesores y abogados para ver cómo se encauza la situación.
En todo caso, ha afirmado que la renuncia de Moya deberá ser comunicada oficialmente al Ayuntamiento y, dado que hoy y el domingo son festivos, esto no se haría hasta el próximo lunes.
Moya, del PSPV-PSOE, remitió ya un escrito a la Subdelegación del Gobierno en el que pide dimitir del cargo, en el mismo día en el que una juez decretaba su ingreso en prisión sin fianza por un presunto delito urbanístico.
La primera teniente de alcalde y presidenta de la corporación de Bigastro en funciones, Inmaculada Martínez, declaró que la intención del todavía alcalde es dejar el cargo y también renunciar al acta de concejal. Moya, que lleva 25 años como alcalde de Bigastro, fue enviado a la cárcel por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y varias falsedades.
La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia del PP de finales del año 2005 acerca de la permuta de unos terrenos en suelo industrial por un local comercial, operación de la que la Guardia Civil ha recabado información del Ayuntamiento desde el pasado febrero.La mano derecha de Moya y alcaldesa en funciones ha afirmado que el consistorio se encuentra en un momento de «indefinición» y que el equipo de gobierno está pendiente de reunirse con sus asesores y abogados para ver cómo se encauza la situación.
En todo caso, ha afirmado que la renuncia de Moya deberá ser comunicada oficialmente al Ayuntamiento y, dado que hoy y el domingo son festivos, esto no se haría hasta el próximo lunes.
Moya fue detenido el pasado día 28, como resultado de las diligencias abiertas por la juez y por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones a raíz de una denuncia interpuesta por el PP contra el edil socialista.
El pleno municipal aprobó en diciembre de 2004, con los votos del PSOE, la desafectación de dos zonas verdes que suman 1.600 metros cuadrados. Cuatro meses después, el Ayuntamiento permutó estos terrenos al empresario José Pérez Moya a cambio de un local comercial. Los técnicos municipales valoraron el local en 180.000 euros y las parcelas en 48.000.
El PP denunció ante el Juzgado que el Ayuntamiento ha permitido construir siete naves industriales en estos terrenos que siguen teniendo la calificación de zona verde.
El PP denunció ante el Juzgado que el Ayuntamiento ha permitido construir siete naves industriales en estos terrenos que siguen teniendo la calificación de zona verde.
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