La Moncloa acusa recibo sobre la sugerencia del abogado Diego de Ramón de depurar responsabilidades personales en la CAM

MURCIA.- La Presidencia del Gobierno ha remitido al abogado murciano Diego de Ramón el acuse de recibo de su escrito del pasado 14 de octubre planteando si procediese la apertura de un expediente de depuración de responsabilidades personales de los dirigentes de la CAM por, a su juicio, "la imprudencia temeraria financiera que ha ocasionado pérdidas multimillonarias en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana".

Aparte del expediente abierto ya a la CAM por la Unión Europea, con una investigación en marcha de la propia Comisión, De Ramón tambien desvela en el escrito dirigido a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha pedido al Banco de España y a la C.N.M.V., la suspensión de las cuotas participativas a cotización porque la CAM no provisiona su morosidad desde finales de agosto en el Banco de España, tal como ha reconocido el propio Banco Central Europeo, por lo que también, a criterio de Diego de Ramón, "se debería pedir la suspensión de su ejercicio financiero".

Tras informar al Presidente de que la Región de Murcia es la de población más pobre y, en su calidad de representante legal de varios colectivos de desfavorecidos sociales, explicarle que la descapitalización y falta de liquidez en la CAM se debe a sus inversiones multimillonarias en macro proyectos urbanísticos, en claro detrimento de las dotaciones a la obra social a que le obliga la ley, le sugiere igualmente una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en base al último informe de "Transparencia Internacional", que constata la percepción internacional de una imagen de corrupción de España en base a los escándalos urbanísticos.

Se pregunta Diego de Ramón en el escrito a La Moncloa, si la CAM ha aceptado como garantía de sus créditos para la financiación de esos macro proyectos urbanísticos otra distinta a los terrenos rústicos recalificados como urbanizables, "siguiendo un rigor estrictamente financiero", en lo que luego ha resultado una mucha menor atención a las necesidades de financiación "de sectores vanguardistas innovadores" de la economía productiva de su ámbito de actuación.

El abogado murciano pone en conocimiento directo del presidente Zapatero que los miembros de la dirección de la CAM se han concedido créditos a ellos mismos por un montante de 4.000 millones de las antiguas pesetas sólo en la Región de Murcia; que las inversiones sociales, obligatorias legalmente, se han quedado en el 18% de los beneficios mientras la aportación a reservas ascendió al 82% y la inversión social queda ahora congelada por la crisis.

De Ramón se pregunta, ante ésto, dónde está la inspección del Banco de España y qué hace la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) frente a lo que califica como "dejación social" ante la obligada responsabilidad social corporativa "en estos momentos de mayor necesidad". Y, en consecuencia, plantea la posibilidad de "un castigo ejemplar y personal" a los directivos y miembros del consejo de administración de la CAM (sin perjuicio de concederle luego a la entidad la ayuda que precise) por los créditos que se han autoconcedido y los contratos blindados que se han procurado.

Tras recordar que, tanto Sarkozy como Brown, se han mostrado públicamente partidarios de exigir responsabilidades y sancionar a los gestores financieros que han provocado la actual situación de crisis, el letrado le plantea a Zapatero que, antes de ayudar a la CAM, se le haga un análisis económico-financiero y se depuren responsabilidades personales, penales y civiles, por eventual imprudencia temeraria.

También que se hagan públicas las retribuciones mensuales (gastos, dietas, comisiones, tarjetas de crédito, viajes, etc) y blindajes ó clausulas económicas indemnizatorias de sus directivos; recuperación de dichas cantidades para un fondo social directo de desfavorecidos; que las ayudas a la CAM sea devuelta a los fondos del Estado; y que se cree una unidad pública financiera.

Finalmente le recuerda al presidente Zapatero que la CAM tiene que hacer frente a vencimientos de deuda por un montante de 7.208 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2010, de los cuales 200 deben ser pagados a final de éste año y 3.410 antes de que acabe 2009.