La Universidad de Alicante contraataca en el litigio territorial de la Horadada con Murcia

SAN PEDRO DEL PINATAR.- Una línea trazada sobre un plano puede provocar litigios fronterizos siglos después de ser dibujada. Es el caso del conflicto territorial entre las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, cuyo quid de la cuestión se basa en la forma de una simple línea, según relata "La Verdad".

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar basó su reclamación de 439.753 metros cuadrados de terreno al municipio alicantino de Pilar de la Horadada en que el acta de deslinde de 1897 con Orihuela, que fija la frontera en «la línea recta que une los mojones primero y segundo», situados por el paraje de Lo Romero, zona agrícola y también codiciada en los últimos años para urbanizar.

Con este documento decimonónico, la demanda pinatarense mereció el respaldo del Instituto Geográfico Nacional, en su informe de junio pasado, y de camino iba a la mesa del Consejo de Ministros de no ser por un contraataque del Ayuntamiento pilareño.

El equipo técnico que dirige el catedrático de la Universidad de Alicante Gregorio Canales Martínez, ha presentado unos 600 folios con documentos que datan desde 1304 para defender que la línea fronteriza se quede como está actualmente, es decir, marcada por la línea curva de la vereda del Reino, que emplearon en la Edad Media para dividir los reinos.

Para la arqueóloga municipal Mari García Samper, miembro del equipo pilareño de investigación, «el tratado de Torrellas, en 1304, define la frontera como está en la actualidad, y se ratificó en Elche en 1305». Es en 1441 cuando, según la experta, «se hace deslinde a pie de campo, con representantes de Castilla y Aragón que hacen coincidir la línea divisoria con la vereda del Reino, pues se empleaban accidentes geográficos para fijar fronteras, y las vías pecuarias no son rectas».

Es precisamente el triángulo de terreno que queda entre la línea recta y la curva, que se adentra en el municipio alicantino, el que reivindica como suyo el consistorio murciano por considerarlo «invadido».

Para los historiadores alicantinos, sin embargo, la lectura que el Ayuntamiento de San Pedro hace del acta de deslinde de 1897 «es un error de interpretación». «Un documento del siglo XIX no se puede interpretar como uno actual», alega la arqueóloga. Cree además que «no sé si es legítimo pedir revisión de fronteras en virtud de un documento de hace un siglo, pero si hay tratados firmados por qué se tienen que violar».

En San Pedro del Pinatar están convencidos de que el Instituto Geográfico no tendrá en cuenta el legajo del siglo XV presentado por Pilar de la Horadada. «El deslinde vigente es el de 1897 y hay que respetarlo, por lo que queremos que se lleve a efecto, porque además fue ratificado en 1985 cuando Pilar de la Horadada se segregó de Orihuela», señala el historiador de la Universidad de Murcia Mariano Martínez Lloris, del equipo investigador de la demanda pinatarense.

Explica que, después de que marcaran una línea recta, que beneficia a San Pedro, en 1897, una brigada de topógrafos que no participaron en el deslinde equivocó la planimetría. «Para nada varía ahora un documento de 1441», asegura el historiador.

Para el secretario municipal de San Pedro, Carlos Balboa, «no esperamos que el Instituto Geográfico cambie su informe, que era favorable a nuestra tesis, por lo que el siguiente paso será que el Consejo de Ministros se pronuncie, y nunca lo ha hecho en contra del Instituto Geográfico».

De ser así, sería la primera vez que en el territorio nacional se mueven las fronteras entre comunidades autónomas.