ALICANTE.- Francisco Camps, en apenas cinco años de gestión, ha hecho añicos el exquisito equilibrio territorial con el que Eduardo Zaplana diseñó los equipos con los que dirigió la administración autonómica entre 1995 y 2002. Con Camps al frente del Consell, la cuota de altos cargos alicantinos en el organigrama del Ejecutivo ha quedado reducida casi a la mitad y encima, con excepción de los consellers, están ubicados en los escalones más bajos, cuenta "Información".
Apenas un 15,7% del organigrama de la Generalitat está ocupado, a fecha de hoy, por cargos procedentes de la provincia. Cuando Zaplana dejó Valencia para enrolarse como ministro con Aznar, por contra, un tercio de la administración tenía su origen en las comarcas alicantinas, como se aprecia en los cuadros anexos.
Los datos evidencian la progresiva purga de dirigentes de la "terreta", en su inmensa mayoría fichados en su momento por Zaplana, que ha perpetrado Francisco Camps desde que accedió a la Generalitat después de las elecciones autonómicas de 2003.
En 1995, tras la primera victoria del PP, Zaplana, a pesar de que todavía era visto con recelo en amplios sectores de Valencia, incluyó en su equipo a un 30% de altos cargos procedentes de Alicante: 21 sobre un total de 71. En el Gobierno había cuatro alicantinos y cuatro valencianos mientras que existía un cierto equilibrio en los subsecretarios, el cargo que entonces estaba por debajo de los consellers: cerca de un 40% eran de la provincia.
Con Zaplana al mando, el desembarco fue cada vez mayor. De esta manera, en 2002, el último Ejecutivo que presidió el ex ministro tenía 32 altos cargos de la provincia sobre un total de 99. Un tercio de la administración autonómica procedía de Alicante y además estaban situados en los puestos de mayor rango. Un botón de muestra: de los 22 secretarios autonómicos y generales -los números dos de cada conselleria- que formaban parte de aquel organigrama, Valencia y Alicante se repartían diez cada una mientras que Castellón ocupaba las dos plazas restantes.
Todo cambió con la llegada de Camps al Palau de la Generalitat. Desde ese momento, el jefe del Consell acometió una notable reestructuración de todo el aparato administrativo autonómico en dos direcciones. Por un lado, autorizó un progresivo "engorde" de la nómina de altos cargos. Con Camps en el Consell, el organigrama autonómico ha crecido un 20%. Y, por otro, inició un proceso para concentrar el grueso de los altos cargos y del personal de confianza en Valencia.
En estos momentos, de acuerdo a los datos de este periódico, de los 121 puestos del Consell, apenas 19, un 15%, proceden de Alicante, un porcentaje algo superior al de Castellón. Valencia copa el 75% de los altos cargos. El peso de la provincia, por tanto, en los núcleos de poder autonómicos se ha reducido a la mitad desde que Camps llegó a la administración.
Un porcentaje que, desde luego, no se corresponde ni con el volumen de población -el argumento que utiliza Francisco Camps para pedirle más dinero a Zapatero-; ni con la aportación alicantina al PIB autonómico; ni con el peso de Alicante como la cuarta provincia de España.
En consellerias como Educación, dirigida por Alejandro Font de Mora; Agricultura, Pesca y Alimentación, con Maritina Hernández como titular; Gobernación, controlada por Serafín Castellano; o Justicia, dirigida por Paula Sánchez de León no hay ni un sólo alicantino en todo el organigrama.
En Presidencia, sólo es de la provincia el delegado del Consell en Alicante, José Marín Guerrero; y en Economía no hay tampoco ninguno con la única excepción de Gerardo Camps, diputado autonómico por Alicante pero que ha desarrollado casi toda su carrera política en Valencia.
Apenas un 15,7% del organigrama de la Generalitat está ocupado, a fecha de hoy, por cargos procedentes de la provincia. Cuando Zaplana dejó Valencia para enrolarse como ministro con Aznar, por contra, un tercio de la administración tenía su origen en las comarcas alicantinas, como se aprecia en los cuadros anexos.
Los datos evidencian la progresiva purga de dirigentes de la "terreta", en su inmensa mayoría fichados en su momento por Zaplana, que ha perpetrado Francisco Camps desde que accedió a la Generalitat después de las elecciones autonómicas de 2003.
En 1995, tras la primera victoria del PP, Zaplana, a pesar de que todavía era visto con recelo en amplios sectores de Valencia, incluyó en su equipo a un 30% de altos cargos procedentes de Alicante: 21 sobre un total de 71. En el Gobierno había cuatro alicantinos y cuatro valencianos mientras que existía un cierto equilibrio en los subsecretarios, el cargo que entonces estaba por debajo de los consellers: cerca de un 40% eran de la provincia.
Con Zaplana al mando, el desembarco fue cada vez mayor. De esta manera, en 2002, el último Ejecutivo que presidió el ex ministro tenía 32 altos cargos de la provincia sobre un total de 99. Un tercio de la administración autonómica procedía de Alicante y además estaban situados en los puestos de mayor rango. Un botón de muestra: de los 22 secretarios autonómicos y generales -los números dos de cada conselleria- que formaban parte de aquel organigrama, Valencia y Alicante se repartían diez cada una mientras que Castellón ocupaba las dos plazas restantes.
Todo cambió con la llegada de Camps al Palau de la Generalitat. Desde ese momento, el jefe del Consell acometió una notable reestructuración de todo el aparato administrativo autonómico en dos direcciones. Por un lado, autorizó un progresivo "engorde" de la nómina de altos cargos. Con Camps en el Consell, el organigrama autonómico ha crecido un 20%. Y, por otro, inició un proceso para concentrar el grueso de los altos cargos y del personal de confianza en Valencia.
En estos momentos, de acuerdo a los datos de este periódico, de los 121 puestos del Consell, apenas 19, un 15%, proceden de Alicante, un porcentaje algo superior al de Castellón. Valencia copa el 75% de los altos cargos. El peso de la provincia, por tanto, en los núcleos de poder autonómicos se ha reducido a la mitad desde que Camps llegó a la administración.
Un porcentaje que, desde luego, no se corresponde ni con el volumen de población -el argumento que utiliza Francisco Camps para pedirle más dinero a Zapatero-; ni con la aportación alicantina al PIB autonómico; ni con el peso de Alicante como la cuarta provincia de España.
En consellerias como Educación, dirigida por Alejandro Font de Mora; Agricultura, Pesca y Alimentación, con Maritina Hernández como titular; Gobernación, controlada por Serafín Castellano; o Justicia, dirigida por Paula Sánchez de León no hay ni un sólo alicantino en todo el organigrama.
En Presidencia, sólo es de la provincia el delegado del Consell en Alicante, José Marín Guerrero; y en Economía no hay tampoco ninguno con la única excepción de Gerardo Camps, diputado autonómico por Alicante pero que ha desarrollado casi toda su carrera política en Valencia.
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