El coste podría elevarse a los 10.000 millones de euros incluidos el resto de los sectores económicos y el lucro cesante, según se refleja en un estudio realizado el profesor del Instituto del Agua y de Economía aplicada de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, encargado por la patronal alicantina Coepa.
Durante la presentación del estudio 'Análisis económico, social y ambiental del trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante', el responsable del informe detalló que los afectados podrían exigir al Estado las indemnizaciones o compensaciones por valor de, al menos, 3.500 millones de euros sólo en el sector agrario".
"A esta cifra habría que añadir además lo correspondiente al resto de sectores económicos y al lucro cesante, lo que elevaría a 10.000 millones de euros" el valor de las reclamaciones, incidió el profesor Melgarejo.
El conseller consideró que éstas "son cifras impresionantes", y estimó que el futuro del Tajo-Segura es un "tema muy importante para dejarlo en precario". Por ello, adelantó que la Generalitat valenciana "está totalmente en frente de que el Estatuto de Castilla-La Mancha impida la continuación del trasvase Tajo-Segura".
"De forma total y de forma unánime, nosotros entendemos que ese Estatuto, si llega a reflejar esas condiciones de caducidad del Tajo-Segura u otras condiciones que impliquen modificar la gestión del Tajo-Segura, de alguna manera estaría entrando en temas de inconstitucionalidad", subrayó García Antón, quien adelantó que en este caso, la Generalitat acudiría al Tribunal Constitucional.
El estudio sobre el trasvase recoge en este sentido que el Estatuto de Castilla-La Mancha incorpora unas medidas que no se ajustan a la Constitución en lo referente a esta canalización, "por exceder la función constitucional que incumbe a los Estatutos de Autonomía, así como por invasión de las competencias que corresponden al Estado en materia de aguas".
Este documento estatutario además prevé un informe preceptivo y vinculante en materia de trasvases, transferencias e intercambios, ya que atribuye a la Comunidad Autónoma una facultad decisoria integral en aspectos que no son de su competencia por tratarse de aguas intercomunitarias, según recoge el estudio.
García Antón apuntó que la Generalitat valenciana "va a trabajar en las Cortes en la línea" que defiende que "el Tajo es un río que afecta a varias comunidades autónomas, por lo que su competencia es estatal y no puede quedar en manos de ninguna autonomía, y por lo tanto, no hay ningún estatuto que pueda condicionar el funcionamiento de ese río".
El profesor Joaquín Melgarejo también aludió a la cancelación del trasvase en 2015 que propone el citado Estatuto, y reconoció que "es jurídicamente posible, aunque supondría la derogación implícita de la legislación del trasvase, lo que sitúa la cuestión de la defensa del trasvase en el ámbito político más que en jurídico".
El estudio encargado por la patronal alicantina sobre esta canalización revela que el Tajo-Segura es una "infraestructura estratégica de extraordinaria importancia" para el desarrollo de la población y las actividades económicas como el turismo, con una transferencia que supone el 60 por ciento del volumen que maneja la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para el abastecimiento de agua corriente.
En la actualidad, esta Mancomunidad integra un total de 34 municipios --entre los que se encuentran las tres mayores ciudades de la provincia, Alicante, Elche y Torrevieja--, y abarca cerca de un tercio de la superficie de la provincia, con 1.828 km cuadrados.
Estos municipios constituyen un "área muy dinámica" que alberga el 20 por ciento de las plazas turística regladas, casi el 50 por ciento de la oferta residencial de la provincia, y concentran el 70 por ciento de las empresas de servicios y el 18 por ciento de las de construcción.
En cuanto al medioambiente, el estudio pone de relieve que el trasvase garantiza los abastecimientos para el mantenimiento de caudales ambientales en el cauce del río Segura y del propio parque natural de El Hondo en Elche y Crevillente.
Qué gran medida económica para nuestro país. En nuestra tierra somos unos grandes trabajadores, pero también unos pésimos defensores de lo nuestro. Si tocaran el subsidio del PER o las subvenciones de los cultivos de los latifundios andaluces o extremeños que plantan para dejarlos secar........
ResponderEliminarHoy en día ser un emprendedor que trabaja en su propio negocio está mal visto, eso sí, el gobierno no nos rebaja los impuestos a los agricultores minifundistas de Levante.