MADRID.- Los socialistas, no los murcianos o valencianos, proponen 600 hectómetros 'no trasvasables' y hablan de 2015 como la fecha de 'la extinción del Tajo-Segura' tras agrupar todas sus propuestas en nueve enmiendas, que afectan al preámbulo y nueve títulos del Estatuto de Castilla-La Mancha, y que han presentado en solitario al apreciar que la negociación con el PP estaba bloqueada y que este partido decía cosas diferentes en Castilla-La Mancha y en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
Al menos, eso recogen las enmiendas presentadas por el grupo socialista a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, propuestas que han sido ya registradas, según el secretario general del grupo parlamentario socialista, Ramón Jáuregui, y el diputado por Toledo Alejandro Alonso.
La sexta enmienda del PSOE pretende modificar la política hidráulica fijada en el texto que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en enero de 2007 y que establece la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Ese planteamiento ha sido suprimido de la disposición transitoria primera del texto y se ha incluido sólo en el preámbulo, sin fuerza normativa y como una voluntad del Parlamento autonómico.
La enmienda socialista plantea que el preámbulo del texto hable de una "progresiva disminución del agua trasvasable y el cumplimiento de los objetivos medioambientales" fijados en la directiva marco del agua de la UE, "cuya eficacia plena habrá de alcanzarse en el año 2015 y que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, conllevaría la extinción del trasvase".
En el preámbulo y en el articulado se recoge otro de los aspectos clave de la propuesta: que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo plantee "la disminución progresiva de los caudales trasvasables y el aumento de las reservas no trasvasables para atender las necesidades de la propia cuenca que los poderes públicos de Castilla-La Mancha han estimado en 600 hectómetros cúbicos".
La enmienda del PSOE propone que la Junta de Comunidades tenga que ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase o cesión de agua que afecte a las cuencas de la comunidad, a fin de que emita preceptivamente un informe, que requeriría respuesta motivada.
Recoge también la participación de Castilla-La Mancha en el proceso de planificación hidrológica de las cuencas que afecten a su territorio y en los órganos de dirección de las cuencas hidrográficas intercomunitarias que le afectan.
Tras presentar las enmiendas, Jaúregui ha explicado que, en materia de agua, el PSOE ha tratado de respetar el texto, que combina "cierta fidelidad" al espíritu de lo propuesto por las Cortes de Castilla-La Mancha con un principio fundamental: que sólo el Estado puede decidir sobre la planificación del agua y determinar qué es trasvasable o no, o cuándo se trasvasa.
Al menos, eso recogen las enmiendas presentadas por el grupo socialista a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, propuestas que han sido ya registradas, según el secretario general del grupo parlamentario socialista, Ramón Jáuregui, y el diputado por Toledo Alejandro Alonso.
La sexta enmienda del PSOE pretende modificar la política hidráulica fijada en el texto que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en enero de 2007 y que establece la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Ese planteamiento ha sido suprimido de la disposición transitoria primera del texto y se ha incluido sólo en el preámbulo, sin fuerza normativa y como una voluntad del Parlamento autonómico.
La enmienda socialista plantea que el preámbulo del texto hable de una "progresiva disminución del agua trasvasable y el cumplimiento de los objetivos medioambientales" fijados en la directiva marco del agua de la UE, "cuya eficacia plena habrá de alcanzarse en el año 2015 y que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, conllevaría la extinción del trasvase".
En el preámbulo y en el articulado se recoge otro de los aspectos clave de la propuesta: que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo plantee "la disminución progresiva de los caudales trasvasables y el aumento de las reservas no trasvasables para atender las necesidades de la propia cuenca que los poderes públicos de Castilla-La Mancha han estimado en 600 hectómetros cúbicos".
La enmienda del PSOE propone que la Junta de Comunidades tenga que ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase o cesión de agua que afecte a las cuencas de la comunidad, a fin de que emita preceptivamente un informe, que requeriría respuesta motivada.
Recoge también la participación de Castilla-La Mancha en el proceso de planificación hidrológica de las cuencas que afecten a su territorio y en los órganos de dirección de las cuencas hidrográficas intercomunitarias que le afectan.
Tras presentar las enmiendas, Jaúregui ha explicado que, en materia de agua, el PSOE ha tratado de respetar el texto, que combina "cierta fidelidad" al espíritu de lo propuesto por las Cortes de Castilla-La Mancha con un principio fundamental: que sólo el Estado puede decidir sobre la planificación del agua y determinar qué es trasvasable o no, o cuándo se trasvasa.
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