Garzón dice que el PP de Valencia pudo recibir 420.700 euros en concepto de comisiones de Correa

MADRID.-El juez Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que se inhibe de una parte de la investigación sobre el 'caso Gürtel' en favor del TSJ de Valencia que el PP pudo recibir 420.700 euros en concepto de "comisiones en adjudicaciones amañadas" por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

En un auto hecho público hoy, el magistrado afirma que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa de Correa".

APUNTE 2002: PP VLC: 420.700 EUROS

Así, explica que en la "contabilidad B" de uno de los pisos utilizados por la trama de Correa en la calle de Serrano de Madrid aparece "una hoja de ingresos con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002". En este apunte figura una cantidad de un millón de euros de la que no consta procedencia y dentro de la distribución de esa cantidad y como "primer concepto" aparecen las siglas "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.700 euros.

"El dinero recibido se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia", apunta el juez de la Audiencia Nacional, que añade que en este traspaso "no existe lógica" porque "un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones".

APUNTE 2005: 15.000 EUROS

Añade que existe un segundo apunte fechado en agosto de 2005 en el que aparecen con la clave "bruja" entradas y salidas de la caja B de Orange Market, entre las que figura uno correspondiente a 15.000 euros procedentes del PP de Valencia. Así, Garzón llega a afirmar: "Conclusión: figura un apunte de entrega de 15.000 euros al PP de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

La tercera irregularidad financiera del PP valenciano a la que Garzón se refiere está relacionada con "los gastos de organización del Congreso" regional que esta formación celebró el 28 de septiembre de 2002, que ascendieron a 240.582,77 euros.

El juez explica que el PP de Valencia abonó a Orange Market por la organización de este evento "dinero de procedencia A y B" y aclara que, a su entender, "el B fue obtenido fuera del control fiscal y en efectivo". El dinero facturado legalmente ascendió a 90.151,82 euros, mientras que el negro alcanzó los 150.430,95 euros.

LOS TRAJES DE CAMPS

También señala que el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', pagó trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa.

Entre los trajes que 'El Bigotes' encargó para el presidente de la Generalitat figuran "un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano", así como "una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta austriaca y una de fantasía".

Tras recordar que Camps "ocupa un cargo de responsabilidad en la Generalitat valenciana", Garzón añade que Correa, "a través de Orange Market, obtuvo la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo entre 2006 y 2009" por un importe superior a los cuatro millones de euros.

Según el auto, Camps acudió a las tiendas de Madrid Milano y Forever Young a instancias del presidente de Orange Market con el fin de "adquirir ropa", ya que en estos establecimientos trabajaba el sastre José Tomás, que era una "persona de su confianza".

El instructor asegura que en el momento en que los trajes se encargaron, las tiendas generaron un concepto "a cuenta" que la empresa de 'El Bigotes' se encargó de abonar mediante transferencia o cheque. De esta forma, la ropa encargada se hizo "a medida", lo que requería "la toma de medidas de patronaje y la elaboración de una ficha para la empresa confeccionadora". Toda esta documentación obra en las diligencias previas instruidas por Garzón.

LLAMADAS AL SASTRE

La implicación de Camps en la trama se basa en las declaraciones realizadas por su sastre, José Tomás, y la imputada Isabel Jordán, además de facturas, documentos y anotaciones contables intervenidas. "Se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al señor Camps, haciendo aparecer conceptos falsos", dice el auto.

La resolución también explica que durante la toma de declaración policial de Tomás, que se produjo el pasado 9 de febrero, éste recibió varias llamadas de Camps que "no atendió" al señalar que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas".

TRAJES DE COSTA, GUINOT Y BETORET

En cuanto a Costa, Campos Guinot y Betoret, el juez detalla también que compraron trajes en las mistas tiendas que Camps por importes, respectivamente, de 7.325, 4.850 y 9.950 euros.

En relación con Costa y con el eurodiputado Gerardo Galeote, Garzón recuerda que el Ministerio Fiscal informó el pasado 23 de febrero que "por el momento" no disponía de "elementos suficientes" para inhibirse de la causa en favor del Tribunal Supremo. En su escrito de ayer, sin embargo, el Ministerio Público extendió la petición de imputación referida al diputado valenciano.

MÚLTIPLES DELITOS

Garzón también explica en el auto que la investigación se inició por los presuntos delitos de blanqueo de dinero, defraudación fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, oficial y mercantil, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias, que imputa indiciariamente a los tres presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez-- y al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

Según el magistrado, el conglomerado de empresas de Correa "centraba su actividad en el sector de la publicidad, organización de eventos, asesoramiento y diseño de campañas de promoción y sus principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las administraciones local, autonómica o estatal".

"Para la obtención de estos contratos públicos utilizaban las relaciones con las personas que ocupaban puestos de responsabilidad en dichos órganos, de tal forma que conseguían, sin que existiera una libre concurrencia, las adjudicaciones", explica Garzón. "En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas entregaban a los responsables políticos compensaciones de naturaleza económica en la forma y en el lugar que le solicitaran", añade.