Los hechos se emarcan en los prolegómenos de la asamblea para la elección de compromisarios al congreso nacional del PP del 24 de octubre de 2004 que concluyó en una bronca entre campistas y ripollistas y con la urna de la votación en la comisaría.
El fiscal mantiene que los días previos a la celebración de la accidentada asamblea los tres acusados, Josefa Martí Bru, ex portavoz del Grupo Popular, José Botella, concejal del PP, y Manuel Vicente Pérez, militante del partido en aquellas fechas, idearon un plan, con el beneplácito de Ripoll, para acusar en la prensa a Ortuño de apropiarse de las cuotas de los afiliados, unos 192.000 euros, para sus gastos personales.
La acusación particular solicita además una indemnización de 12.000 euros para Ortuño.
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