El abogado Leopoldo Gay, que realizó esta petición al exponer su informe definitivo de conclusiones, explicó durante la octava sesión del juicio que la asociación "se plantea pedir deducciones de testimonio" por la existencia de "hechos que podrían derivar en una instrucción penal".
El abogado, que no concretó contra qué testigos se dirigiría la deducción de testimonio, destacó fuera de la sala de vistas que durante el juicio podrían haberse producido conductas constitutivas de un delito de encubrimiento y falsedad documental. Además, apuntó que durante la vista "ha habido acciones posteriores (a las identificaciones) que han endurecido el daño" de las víctimas.
El colectivo, que solicita que el general Vicente Navarro y los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez sean condenados a seis años de cárcel, destacó durante su intervención el "daño moral" que la inclusión de "datos mendaces" en los documentos de identificación de las víctimas provocó a sus familiares. A su juicio, los acusados llevaron a cabo estos actos con "conciencia, conocimiento y voluntad".
Gay también volvió a quejarse de que el tribunal no haya podido contar con los testimonios del ex presidente del Gobierno José María Aznar, del ex ministro Federico Trillo y de su 'número 3', Javier Jiménez-Ugarte, que, a su entender, "habrían arrojado luz" sobre los hechos que son objeto del procedimiento.
En este sentido, recordó que el ex secretario general de Política de Defensa "viajó a Turquía para que se considerara que la labor del equipo médico español había sido impecable" y, de esta forma, "los forenses turcos asumieran una responsabilidad que no les competía".
Tras indicar que en tragedias similares como el 11-M o el accidente del avión de Spanair se empleó el tiempo que resultó necesario para reconocer todos los cuerpos, recordó que las víctimas del Yak-42 pidieron "paciencia" a los afectados por estos hechos para que su "ejemplo de tortura" no se repitiera.
"La sociedad española tiene la sensibilidad de la identificación del cádaver, hay principios jurídicos que la sociedad española sabe mejor que un jurista", dijo.
El abogado Diego Sarabia, que representa a un grupo de familias de las víctimas del accidente del Yak-42, también pidió hoy al tribunal que juzga las identificaciones erróneas que investigue a los "autores intelectuales" de la operación de repatriación de los cuerpos, que, según indicó, obtuvieron "un beneficio político por la pronta celebración del funeral de Estado".
Sarabia, que realizó esta petición durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.
El letrado, que denunció la existencia de "una vorágine de mentiras" tras la identificación errónea de los cuerpos, también solicitó que se abra una investigación contra el ex secretario general de Política de Defensa y ex 'número 3' de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, por si pudiera haber cometido un delito de "encubrimiento".
En una línea similar, el abogado Leopoldo Torres, que ejerce la acusación particular en nombre de trece familias, solicitó, sin citar nombres, que se investigue "la trama de terceras personas que hoy no se sientan en el banquillo y que han dificultado el enjuiciamiento de los que sí se sientan".
Torres se adhirió a la petición de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe para reclamar que se "deduzca testimonio" por un delito de encubrimiento a "todas aquellas personas" que pudieran haber "ocultado el delito para impedir su descubrimiento o que han dificultado la investigación judicial".
El letrado explicó que, de esta forma, se podría "restablecer la realidad de los hechos y devolver a las víctimas, aunque tardíamente, la paz y la serenidad de su dolor de las que tan innecesariamente se les ha privado".
"Hay que restablecer la verdad, la justicia y la reparación íntegra que merece la memoria de quienes se sacrificaron en cumplimiento del deber y de sus familiares tan injustamente agredidos en uss derechos y en sus más íntimos sentimientos", dijo.
En la sesión vespertina de la octava sesión del juicio, en la que expusieron sus informes las tres acusaciones particulares que han ejercido la acusación al margen de la principal asociación de víctimas, también reclamaron que las víctimas sean resarcidas por los "daños morales" derivados de "la angustia y el dolor" que sufrieron al descubrir que a sus seres queridos se les había atribuido una identidad falsa.
Torres explicó que, además de "la pérdida de un ser querido, una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano", las familias vieron agravado su duelo por "las noticias sobre la falsa identificación de los cadáveres", a las que se sumaron "engaños, maltratos psicológicos, amenazas e intimidaciones" por parte de los responsables del Ministerio de Defensa.
El letrado, que recordó durante su exposición la frase "dejen en paz a los muertos" atribuida al ex presidente José María Aznar, también denunció las estrategias de "ocultación y manipulación" que "desde el primer día" llevaron a cabo "personas del entorno de los acusados dentro de su ámbito profesional del Ministerio de Defensa que o fueron excluidas del procedimiento o en ningún momento fueron imputados".
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