Alarte instó a Camps a dar "explicaciones" en las Cortes Valencianas tras el sobreseimiento de la causa abierta en relación con el 'caso Gürtel', "tal como ha venido anunciando que haría y que cumpla con su obligación que no es otra que contar la verdad de lo sucedido a los valencianos y las valencianas".
Para Alarte, Camps "debería mantenerse respetuoso en espera de que el proceso avance y de la resolución de la sala segunda del Tribunal Supremo, o en su caso, por higiene democrática, dimitir como ya tenía que haber hecho hace un par de meses".
En su opinión, el jefe del Consell "ha entrado en una enloquecida estrategia de salvación personal consciente de que el auto del TSJCV, desde el punto de vista técnico y jurídico, tiene posibilidades de que sea anulado por el Tribunal Supremo".
El secretario general de los socialistas valencianos afirmó que, en esta tarea, Camps "ha recibido el apoyo de todo su equipo compuesto por quienes han tenido o tienen causas penales abiertas por corrupción", y citó a los consejeros Rafael Blasco y Serafín Castellano; al presidente provincial del PP de Castellón y de la Diputación, Carlos Fabra, y al portavoz 'popular' en las Cortes, Ricardo Costa.
"Aquí sabemos bien quiénes son todos ellos: produce vergüenza y sonrojo colectivo oírles hablar de ética, de honradez y de Estado de Derecho", manifestó.
En esta línea, incidió en que la "desfachatez ha llegado a tal extremo" que "intentan enrolarse en la bandera de la democracia" cuando, según dijo, Camps y su Gobierno "son los que bloquean, coartan e instrumentalizan la televisión pública hasta lo insoportable".
El secretario general de los socialistas criticó que en la Radio Televisión Pública Valenciana (RTVV), donde afirmó que se "niega todo tipo de información" y "bloquean la actividad de oposición legítima del PSPV", se mantenga a Pedro García como director general, al que calificó como "un destacado amigo" de "la trama corrupta Gürtel".
El responsable socialista manifestó que Camps y su Gobierno "hace ya tiempo que están inhabilitados para alzar la voz en defensa de la Democracia y del Estado de Derecho" y criticó que "se niegan a reconocer la libertad de prensa y de información como pilar básico de un verdadero sistema democrático, desprecian a los profesionales, se niegan a contestar preguntas y a dar cuenta ante los medios".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, calificó la actitud del Gobierno valenciano de "cortina de humo" para no responder a "dos cosas que el auto ha dejado muy claras, en primer lugar que ni el presidente de la Generalitat ni los otros tres implicados se han pagado sus trajes" sino que han sido pagados por una "banda criminal con los fines y objetivos que habrá que investigar".
Asimismo, señaló que el auto del TSJCV "también ha dejado claro" que la empresa Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', obtuvo unas adjudicaciones por valor de más de 8 millones de euros y, al respecto, indicó que el Consell deberá responder ante las Cortes de esas licitaciones y "qué decisiones se van a tomar al respecto", a la vez que, según remarcó, "se han demostrado las mentiras que se han dicho acerca del pago de los trajes".
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