El PSPV pedirá explicaciones por las presuntas irregularidades urbanísticas en Castalla

CASTALLA.- El PSPV-PSOE de Castalla solicitará explicaciones al alcalde de la localidad, José Luis Prats (PP), sobre las "supuestas irregularidades" urbanísticas cometidas por el ex alcalde, Juan Rico, y que el regidor apuntó "en los medios de comunicación".

"Estamos ante una situación insólita que no dice nada bueno de la situación política de Castalla ni del trabajo que el PP ha hecho en estos últimos años, tanto en la etapa de Rico como en la actual con Prats", ha indicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castalla, Maite Gimeno.

El PP de Castalla presentó el pasado 17 de agosto una querella criminal contra el alcalde del municipio por un presunto delito de cohecho al otorgar licencias de obra a vecinos de la urbanización Castalla Internacional a cambio de filiaciones al partido y otro por apropiación indebida de las cuotas de esas filiaciones.

La denuncia fue presentada en el juzgado de Ibi "en nombre y representación del PP Asamblea Local de Castalla", según recoge el escrito, y entre cuyos querellantes figuran el ex alcalde de Castalla y presidente local del PP, Juan Rico, y el vocal de la comisión ejecutiva local, Juan Antonio Rico Mira.

"Esta querella no tiene ni pies ni cabeza", afirmó esta semana el alcalde, quien explicó que la Junta de Gobierno Local "está empezando a regularizar el desmadre urbanístico que se produjo durante la época del anterior alcalde Juan Rico Rico (PP)".

En este sentido, el grupo socialista ha solicitado a los dirigentes populares que den explicaciones sobre la denuncia presentada.

"Prats debe responder públicamente, más allá de las explicaciones que tenga que dar ante la Justicia, sobre las acusaciones que miembros de su propio partido han hecho sobre el posible delito de cohecho", ha manifestado la concejal socialista.

Gimeno ha lamentado que "el desgobierno municipal" haya paralizado proyectos en la localidad "hasta la celebración de la próxima asamblea del PP", lo que ha calificado como "una situación que perjudica a los ciudadanos en un momento donde se requiere todo el apoyo de las instituciones".

"No podemos permitir la vuelta a las prácticas que deberían desterrarse de la política local y que suponen el uso del poder y de los medios públicos para satisfacer los intereses personales y familiares", ha añadido la portavoz.