Luna cree que el TSJCV ha decidido con "ojos sesgados"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, criticó hoy que la "gravedad" del auto emitido por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que sobresee la causa abierta por un presunto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es que "la mayoría de los magistrados hayan contemplado esta causa con unos ojos no claramente imparciales, sino sesgados en una determinada dirección".

No obstante, afirmó que el recurso que el PSPV --que ejerce la acusación popular-- presentará en septiembre ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto del TSJCV conocido hoy se podrá resolver en "ocho o nueve meses", por lo que Camps "se puede ver en el escenario" de que este tribunal "valore que los hechos sí pueden ser constitutivos de delito y entonces devolverá la causa a Valencia para que siga adelante". Así, instó al jefe del Consell a que "haga acopio de fuerzas porque le quedan unos cuantos escalones antes de terminar su relación con la Justicia".

Luna hizo estas declaraciones hoy en rueda de prensa, tras conocer el auto del TSJCV.

"Sólo se puede archivar la causa en el supuesto de tener una certeza absoluta de que no hay delito, si hay la más mínima duda hay que continuar con la causa", aseveró Luna, quien se preguntó si "es tan firme la certeza de los dos magistrados como para archivar la causa", algo que consideró "muy difícil".

El responsable socialista calificó el auto de "insólito" porque "el TSJCV ha pretendido resolver amablemente para Camps una decisión conflictiva" y enumeró tres razones por las que no se podía archivar la causa. Así, señaló que el hecho de que el auto haga referencia a que no se contempla relación de causalidad entre dádivas y la adjudicación de contratos a Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', "no se corresponde con la realidad".

Según explicó, "los indicios a los que hacían referencia el 21 de abril --en el auto en el que el TSJCV aceptaba la inhibición de la causa que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)-- no tenían que ver con los contratos" y añadió que "la actividad de la Sala ha ido dirigida a impedir que se aceptaran las peticiones de la acusación popular y la Fiscalía de que abrieran la investigación a las relaciones contractuales entre la trama de empresas del caso Gürtel y la Generalitat valenciana".

Por otro lado, indicó que los hechos a los que se refiere el magistrado instructor José Flors en su auto del pasado 6 de julio, y en el que --dijo-- considera que es "más que plausible la existencia de indicios de delito", permanecen "incólumes", mientras que la versión de Camps "no es ni siquiera tomada en consideración".

El tercer argumento es que "se ha dado carpetazo" sin resolver el auto de inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para incorporar a la causa en el TSJCV la investigación sobre los empresarios Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, en lo relacionado al regalo de trajes, algo que para Luna "constituye una anomalía procesal de primera magnitud".

Además, se refirió al voto particular de uno de los magistrados porque "no compartía la decisión de los otros dos" puesto que "lo que tenían que juzgar en este momento no era si los hechos eran ciertos o no, sino si había indicios de que se habían producido y si podían ser o no constitutivos de delito, porque si los hechos son delito o no, se tiene que dilucidar en el juicio y no en los preliminares del juicio".

Así, comentó que el voto particular indica que "solamente en el supuesto de certeza absoluta de que no hay delito se puede archivar la causa", algo que consideró "muy difícil" y criticó que para argumentar esta decisión el auto apunta a que "no existe relación entre las dádivas y la función que realizan los cuatro encausados como funcionarios públicos".

En este sentido, se refirió a un auto del Tribunal Supremo de 2008 sobre la existencia de indicios de delito de cohecho en un caso de recepción de dádivas, en el que no se establece "relación directa" entre los regalos y la función pública, sino que atribuye a las dádivas un "peligro abstracto".

"¿Alguien cree que no se ha puesto en peligro la credibilidad del funcionamiento imparcial y democrático de la administración valenciana cuando el presidente y tres altos cargos de la Generalitat y el PP han recibido sustanciosos regalos?", se preguntó Luna, quien considera que esta resolución del Supremo señalada "favorece" el recurso que presentará el PSPV contra el auto del TSJCV.

Para Luna, la decisión del TSJCV "complica extraordinariamente la posición política del presidente en ejercicio en la Comunitat Valenciana", y calificó el futuro del jefe del Consell como "complicado" porque "no se trata de un archivo que no tenga recorrido".

"Al presidente le queda algún que otro escalón que recorrer antes de poder dormir tranquilo", aseveró y subrayó que "todavía quedan en Madrid muchos contenedores de pruebas sin desprecintar".