La nueva ley española de extranjería vetará el acceso a la sanidad de ilegales

MADRID.- La nueva ley de Extranjería exigirá a los inmigrantes ser residentes legales para poder inscribirse en el padrón municipal, lo que automáticamente les cerrará las puertas a la sanidad y a la educación.

Así lo han denunciado hoy en rueda de prensa Cáritas Española, la Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), que se han reunido con grupos parlamentarios para presentarles sus enmiendas a la nueva ley de Extranjería, aún en tramitación parlamentaria.

Mañana, el Congreso de los Diputados debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el PP, PNV y ERC-IU-ICV para que el Gobierno retire este proyecto.

El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, ha recalcado que todavía hay margen y posibilidades para corregir aspectos que, a su juicio, limitan los derechos de los inmigrantes, "contradicen" las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia e incluso pueden ser inconstitucionales.

Entre las enmiendas que plantean CEAR, Red Acoge y Cáritas figura modificar la redacción del proyecto sobre el padrón; en sus actuales términos establece que cuando aparezca la palabra "residente" o "residencia" habrá que leer "autorización de estancia o residencia legal", ha explicado Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis Social de Cáritas.

Ello implica -según Abril- que los extranjeros que no tengan una de estas autorizaciones, aunque esté documentado (pasaporte), no van a poder empadronarse y, asimismo, tiene "consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria o a la educación".

La restricción también supondrá que los ayuntamientos verán crecer su población real, y por tanto sus necesidades de recursos, sin que puedan acreditarla, de acuerdo a estas tres organizaciones.

Begoña Santos, directora técnica de Red Acoge, cuestionó asimismo la ampliación del tiempo que un inmigrante podrá ser retenido en un centro de internamiento (el proyecto prevé pasar de 40 a 60 días), pues "no garantiza" la efectiva expulsión de la persona a su país de origen y, además, la media de estancia gira en torno a "los veinte días".

Las enmiendas redactadas por Cáritas, Red Acoge y CEAR, contenidas en más de un centenar de paginas, exigen además modificaciones del proyecto de ley referidas a la reagrupación familiar, el acceso al derecho de justicia gratuita o a la vivienda.

Entre los aspectos positivos de la reforma, las tres organizaciones han valorado que explicite el derecho del menor a nombrar un defensor judicial en los supuestos de repatriación o la posibilidad de que las mujeres maltratadas puedan obtener una autorización provisional de residencia.