Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete reclaman además que se diseñen "planes de emergencia" para los grandes bancos cuya quiebra puede poner el riesgo el sistema. Y lanzarán un llamamiento para "acelerar las reformas estructurales" por considerar que constituyen la mejor receta para luchar contra el paro.
"El G-20 debe comprometerse a pactar normas vinculantes para las instituciones financieras sobre las remuneraciones variables, respaldadas por la amenaza de sanciones a nivel nacional", reclaman los líderes europeos.
En concreto, los Veintisiete son partidarios de "limitar el total de las remuneraciones variables en un banco ya sea en función de una determinada proporción de la remuneración total o de los ingresos/beneficios del banco".
Las primas a los banqueros deben fijarse "a un nivel apropiado en relación con la remuneración fija y deben hacerse dependientes del rendimiento del banco, las unidades de negocio y las personas, teniendo debidamente en cuenta los resultados negativos para evitar que los bonus estén garantizados", resaltan las conclusiones de la cumbre.
La UE solicita además que "durante un periodo de tiempo apropiado se impida (a los directivos) ejecutar las opciones sobre acciones o vender las acciones recibidas" y que se aumente la transparencia sobre las remuneraciones de los directivos.
El objetivo de estas medidas es evitar la asunción de riesgos excesivos a corto plazo por parte de los directivos bancarios, una práctica que los dirigentes europeos consideran que está en el origen de la crisis financiera. Con estas propuestas, la UE choca con la administración estadounidense, mucho más reacia a imponer límites a las primas de los ejecutivos.
Por lo que se refiere a los grandes bancos, la UE cree que "el G-20 debe reforzar la vigilancia de las instituciones financieras de importancia sistémica endureciendo sus requisitos de supervisión, por ejemplo a través de pruebas de estrés hechas a medida, planes de emergencia y reservas de capital".
Los ministros de Economía de los Veintisiete ya reclamaron a principios de mes planes para facilitar el desmantelamiento ordenado de los grandes bancos, de manera que estas entidades no puedan chantajear a los Gobiernos con el argumento de que son "demasiado grandes para quebrar".
"Para salvaguardar la viabilidad a largo plazo de los bancos, debe llevarse a cabo una reestructuración del sector bancario, en paralelo con actuaciones para mejorar la calidad de los balances de los bancos", señalan las conclusiones de la cumbre.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE pretenden que el G-20 se comprometa a seguir aplicando las medidas anticrisis de forma coordinada, que en el caso de la UE ascienden al 5% del PIB en 2009 y 2010.
"Los esfuerzos deben mantenerse hasta que la recuperación esté garantizada". No obstante las conclusiones de la cumbre señalan que "las políticas fiscales deben reorientarse hacia la sostenibilidad", una referencia que no gusta a España y a otros países, que consideran que el énfasis debe estar ahora en la medidas de estímulo.
"Ahora deben diseñarse estrategias de salida, que tendrán que aplicarse de manera coordinada tan pronto como la recuperación se consolide, teniendo en cuenta las situaciones específicas de los miembros del G-20", subraya el borrador.
Los líderes europeos reclaman que se dé prioridad a la lucha contra el paro y apuntan que "la mejor manera de garantizar un rápido retorno al empleo es sentar las bases para una recuperación sostenible y unas finanzas públicas sanas acelerando las reformas estructurales".
La UE cree que para evitar una "exclusión permanente" del mercado laboral es necesario promover la movilidad y mejorar la formación de los trabajadores para que puedan beneficiarse de "nuevas inversiones en las áreas de energía limpia, sanidad e infraestructuras".
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también quieren llevar al G-20 una posición común en materia de financiación de la lucha contra el cambio climático. Pero sobre esta cuestión todavía no hay consenso entre los Veintisiete.
El borrador de conclusiones recoge la estimación de la Comisión de que la comunidad internacional deberá dedicar 100.000 millones de euros al año a la altura de 2020 para ayudar a los países pobres a luchar contra el cambio climático.
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