MADRID.- La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP, según revela 'El País'.El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.
La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.
La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.
Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.
Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).
En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".
Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.
Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.
La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.
El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps
Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.
El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.
El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.
Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.
El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.
"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".
Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".
Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.
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