El pleno de la Cámara valenciana debatió una Proposición no de ley presentada por Compromís sobre la suspensión de la contratación por parte de la Generalitat con las empreas de construcción mencionadas en el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Gürtel'.
Los socialistas presentaron a esta propuesta una enmienda, aceptada por los otros dos grupos de la oposición, en la que se planteaba la creación del organismo contra la corrupción.
Representantes de PSPV, Compromís y No Adscritos intervinieron en este punto de la sesión plenaria para exponer la posición de sus respectivos grupos, mientras que ningún miembro del PP tomó la palabra para intervenir en este debate aunque sí participó en la votación final para manifestar su rechazo.
La propuesta de Compromís planteaba que "la vinculación aparecida en el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Audiencia Nacional entre empresas del sector de la construcción y la presunta trama de financiación ilegal del PP, introduce serias dudas sobre la gestión de las contrataciones públicas realizadas con cargo a los presupuestos de la Generalitat".
Asimismo, señalaba que su objetivo era "aclarar e informar a la ciudadanía sobre los procedimientos y destino de las contrataciones públicas de la Generalitat, que pueden ascender a cerca de 1.000 millones de euros, parte de los cuales pueden haber servicio para financiar ilegalmente el PP".
La diputada de Compromís Mireia Mollà, que defendió esta iniciativa, agregó que con ella se pretendía "recuperar los valores democráticos y restablecer la legalidad en la gestión pública" ante las "situaciones desagradables que vive la política valenciana".
Mollà consideró que "no es de gusto que el partido que sustenta el Gobierno valenciano esté implicado en un entramado de corrupción" y estimó "ridículo negar la situación que vivimos y mirar hacia otro lado", tras lo que invitó a "no negar la realidad, ni evadirla, ni negarla".
La proposición de Compromís planteaba instar al Consell a facilitar información sobre los procedimientos de contratación y a encargar a auditores externos independientes la auditoría de las contrataciones efectuadas desde 1999 con las empresas que aparecen en el informe policial "para facilitar información a la justicia".
Asimismo, establecía solicitar un informe especial a la Sindicatura de Greuges y a la de Comptes respecto a las actuaciones de funcionarios y autoridades en esas contrataciones en todo lo que no esté siendo investigado por la justicia. Compromís también pretendía instar al Gobierno autonómico a suspender la contratación con dichas empresas y su participación en futuras adjudicaciones de la Generalitat hasta la aclaración del destino de las cantidades pagadas con cargo a los presupuestos autonómicos y la relación de sus responsables con esta 'trama Gürtel'.
Este último planteamiento fue retirado finalmente después de que Compromís aceptara la enmienda presentada por el PSPV para crear en la Comunitat un organismo contra la corrupción.
Mollà afirmó que las medidas que demandaba su grupo al Consell eran "oportunas" porque no ha visto "en ningún momento voluntad política de ningún miembro del PP para reponer la situación" actual, además de afirmar que las pide también "la ciudadanía en general".
Agregó que son "medidas simples" y aseveró que no encuentra "argumento coherente para decir que no" a ellas, además de rechazar el "oscurantismo" y el "hacer y deshacer sin rendir cuentas a los ciudadanos".
Criticó que "en lugar de poner transparencia y eficiacia", la "ficha" que ha movido el PP haya servicio para "sacrificar la cabeza" de su secretario general y portavoz en las Corts, Ricardo Costa, "un sacrificio" que no se puede entender "si no tienen nada que esconder", señaló.
Por su parte, el diputado del PSPV Ximo Puig explicó que su grupo respalda "cualquier iniciativa para profundizar en la democracia y garantizar la transparencia", al tiempo que estimó "necesaria la visualización de lo que el Consell hace con el dindero público" y dijo que "no debería ser objeto de discusión dejar a los diputados acceder" a esta información. Rechazó la "opacidad" e indicó al PP que la "legitimidad" se obtiene "con el comportamiento diario y la acción de gobierno".
Puig manifestó, respecto al 'caso Gürtel', que "la mera existencia de un informe policial y toda la documentación presentada exige" del Consell "explicaciones y asunción de responsabilidades políticas". Aseguró que "es momento de responsabilidad, de decir --si los 'populares'-- están o no de lado de la corrupción".
Opinó que "el PP tiene en sus manos aclarar lo que el informe policial dice de esas empresas y de las contrataciones", pero lamentó que "al Consell le falta voluntad política de actuar con transparencia".
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