Garzón asegura que la investigación del caso Gürtel se llevó a cabo "dentro de la más estricta legalidad"

VALENCIA.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aseguró hoy que la investigación del 'caso Gürtel' se llevó a cabo "dentro de la más estricta legalidad".

"Se tomaron una serie de medidas en las que el control judicial fue acompañado de control por parte del Ministerio Fiscal", dijo el magistrado, quien afirmó que "cuando llegue el momento, quedarán las cosas perfectamente claras y diáfanas".

Garzón se pronunció así en Valencia tras impartir la conferencia de clausura de las jornadas 'Justicia e impunidad', al ser preguntado por la querella que anunció ayer el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra Garzón y las fiscales adscritas al caso por un delito de prevaricación y por otro de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones con motivo de las escuchas ilegales que, a su juicio, sufrieron varios de los abogados de los imputados en la trama, entre ellos los de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo.

Por otro lado, preguntado por la relación entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, manifestó que no puede "opinar sobre estas particularidades".

"Ni lo voy a hacer", agregó.

En cualquier caso, recalcó que "cada uno tiene su tanto de responsabilidad y sabe lo que hacer", a lo que añadió que "la ley es igual para todos".

"Y cuando digo eso, lo digo convencido, porque estoy siendo objeto de investigación", insistió Garzón, quien hizo hincapié en que "ese principio de igualdad ante la ley es básico en una democracia".

Por otra parte, Baltasar Garzón sostuvo que no puede "entrar a debatir" la acusación del Gobierno valenciano de que se hayan eliminado pruebas que exculpan al jefe del Consell de los hechos que le relacionan con el 'caso Gürtel', ya que "forman parte de una investigación penal abierta".

El magistrado aseguró no tener "ni idea de que se haya interpuesto" una querella por parte del Gobierno valenciano ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra él y los fiscales que han intervenido en el caso, aunque comentó que "si se ha interpuesto, cualquier ciudadano puede interponer las acciones legales que considere, ya que para eso están los tribunales".

No obstante, agregó que "siente muchísimo" no poder valorar la querella anunciada el pasado viernes por la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, puesto que le "encantaría poder contestarla y dejar muy claritas las cosas".

"No puedo hacerlo", sentenció el magistrado, quien indicó que "eso es el débito y la responsabilidad que tenemos los jueces: que no podemos hablar de los casos que están en marcha".

"En cambio, otros lo hacen y lo hacen en demasía, a veces, pero hay que asumir nuestra posición y mantener el equilibrio necesario", concluyó.

A su llegada a la Facultad de Derecho de la Universitat de València, representantes de la Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios le entregaron una carta invitándole a que "explique sus actuaciones" en este caso y en el de la Memoria Histórica, en la que se interesaban también por las "escuchas ilegales", las "investigaciones secretas" y las "filtraciones a los medios de comunicación de los sumarios".