"Si no lo hace el propio Ayuntamiento, el Consell debe iniciarlo", puntualizó en un comunicado Torró, tras la detención del alcalde de la localidad alicantina, Juan Cano, por su presunta relación con la muerte de su antecesor, Alejandro Ponsoda, en un crimen en el que se apunta a un posible móvil urbanístico.
Para EUPV, el Consell tiene la obligación "de exigir a las administraciones municipales que cumplan con la legalidad urbanística".
"Si existe cualquier sospecha de que no está haciéndose así y si además se producen unos hechos tan graves y luctuosos como el asesinato de un alcalde y la detención de otro por su implicación en la muerte, hay motivos más que de sobra para reclamar esta comisión de investigación", manifestó.
"El primer paso es que el consistorio entregue toda la documentación y abra sus puertas a una comisión de investigación", reiteró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario