Los socialistas estaban citados este jueves a las 14.00 horas ante el Alto Tribunal con el objeto de poder ratificar la querella interpuesta, y otorgar un poder especial a los procuradores, que en el momento de presentar el escrito no se adjuntó.
Los diputados llegaron puntuales, andando, y estuvieron alrededor de 10 minutos dentro del TSJCV, es decir, el tiempo que tardaron en firmar la querella ante la secretaria de la Sala y el magistrado José Ceres. "Ha sido todo muy breve, muy rápido", indicó Luna a los medios de comunicación tras concluir con este trámite procesal.
Explicó que los socialistas tuvieron que presentarse ante el Tribunal porque interpusieron la querella con el poder especial de un procedimiento anterior, que no es específico para el actual, "con lo que se ha tenido que ratificar". No obstante, aclaró que esto no supone "un defecto de forma".
Luna, quien recordó que ahora la Sala debe decidir si admite a trámite el escrito, afirmó que con esta actuación, el PSPV "ha cumplido con su obligación, porque ha tenido conocimiento de unos hechos en los que existen indicios de unos delitos, que vienen reseñados en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, y lo ha puesto en conocimiento del TSJCV mediante una querella".
Así, insistió en que "hay indicios suficientes" como "para abrir un procedimiento penal". "En este momento --agregó-- no se trata de probar nada, sino de ver si hay indicios o no, y este tribunal es el adecuado para estudiarlo, porque hay cinco personas aforadas en el documento".
Por ello, mostró su confianza en que los jueces "entiendan el tema del mismo modo que lo ha entendido el PSPV, y abran un procedimiento penal para poder averiguar los hechos". Pidió "calificar lo que haya y juzgar a quien se tenga que juzgar", dijo.
Preguntado por si cree que el hecho de que el juez Antonio Pedreira investigue parte del caso puede abrir camino a la querella, respondió que no lo sabía, pero aclaró que si el magistrado llegara a la conclusión de que hay indicios suficientes como para abrir un procedimiento penal contra estas cinco personas aforadas, "tendría que inhibirse en favor del TSJCV o elevar el asunto al TS".
"Hay que empezar ya aquí, en el TSJCV, por eso se ha traído este documento aquí, porque hay indicios más que sobrados"
La querella va dirigida contra 17 personas, que son Francisco Camps; el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa; y los considerados principales responsables de la 'trama Gürtel' en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', entre otros.
Además de los ya nombrados, el PSPV incluyó en la querella a diversos empresarios de la construcción como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Vicente Cotino, administrador de Sedesa, y Luis Batalla, administrador de Lubasa.
La lista se completa con el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera del PPCV, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; el ex director de RTVV, Pedro García; el miembro del Consejo de Administración de Orange Market, Cándido Herrero; y el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.
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