En este sentido, manifestó su "sorpresa" por lo sucedido y subrayó que en su partido "seguimos pensando y creyendo siempre en la presunción de inocencia y no tomaremos las medidas hasta que no se haya tomado por parte de la Justicia ninguna decisión".
Clemente, que se pronunció de esta manera en los pasillos de las Cortes en relación a la detención del ex alcalde, José Mas Avellá, del PP, explicó que la información que dispone al respecto es que está detenido y aún no ha pasado a disposición judicial.
El líder 'popular' apuntó que si el ex alcalde pasa a disposición judicial y el juez decide que hay delito y lo imputa, "evidentemente, el PPCV tomará las medidas cautelares contra el ex alcalde que, en estos momentos, sigue siendo militante del PP". Las medidas, "evidentemente, serán cesarlo de militancia de forma cautelar hasta que esto se resuelva", apostilló.
Clemente, preguntado por los medios, aseguró que es una "sorpresa" la detención de José Mas y apuntó que "nosotros seguimos pensando y creyendo siempre en la presunción de inocencia y no tomaremos las medidas hasta que no se haya tomado por parte de la Justicia ninguna decisión".
La magistrada decidió ayer el envío a prisión del promotor de Xàbia Miguel M., presunto cerebro de la trama por la que varias empresas vendieron 300 viviendas en suelo rústico, con el concurso del ex alcalde de Llíber, José Más, del PP, como máximo responsable político de los permisos fraudulentos que habrían permitido la edificación de los inmuebles ilegales entre 1999 y 2004.
El ex alcalde no se encuentra solo en los calabozos, le acompañan tres constructores y el ex aparejador municipal. Éste y Mas ya habían sido imputados en un anterior proceso judicial por un caso vinculado también a las construcciones ilegales. La jueza tenía previsto tomar hoy declaración a tres de los detenidos.
En el fraude masivo de la venta de centenares de viviendas ilegales se encuentran implicadas más personas que deberán comparecer ante la juez: constructores, intermediarios y hasta un notario. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, cohecho, pertenencia a asociación ilícita y ordenación contra el territorio.
El caso, en el que la fiscalía de Medio Ambiente de Alicante actuó de oficio tras la denuncia de uno de los clientes estafados, no es más que la herencia de la fiebre urbanística que se adueñó de Llíber desde finales de los años noventa, cuando la corporación aprobó una ordenanza que permitía la construcción de chalés en parcelas de tan solo 5.000 metros cuadrados.
Este resquicio legal provocó un marasmo de operaciones de compraventa de suelo y el desembarco de los promotores de la trama, que pronto vendieron terrenos para edificar. Sus precios oscilan entre los 200.000 euros y el millón de euros.
Los promotores se encargaban de todo. Contactaban con el cliente -normalmente de procedencia británica o alemana-, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje del municipio, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación.
Muchos de estos eran para la restauración de ruinas que no existían o para la instalación de almacenes que nunca iban a existir y que fueron expedidos por el gobierno del alcalde del PP.
Llíber es hoy un caos urbanístico, hasta el punto de que el Ayuntamiento, gobernado desde 2003 por el PSPV, instaló un cartel que en castellano e inglés advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación legal". Los estafados se han organizado en la plataforma Abusos Urbanísticos Llíber.
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