En el ejercicio de 2007 fueron 46, pero en 2008 han sido 45 contrataciones de las áreas de Justicia, Infraestructuras, Educación, Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente, Bienestar Social, Gobernación e Inmigración. De los 45 expedientes -29 adjudicados por concurso abierto, 12 por procedimiento negociado, tres por procedimiento de emergencia y uno por procedimiento restringido-, sólo 10 se salvan de que la Sindicatura les ponga algún reparo y una treintena presentan "incidencias", que es el término con el que la institución se refiere a las irregularidades.
El control de la Sindicatura pone "especial énfasis" en los criterios de adjudicación, la baremación y la evaluación de las adjudicaciones en la contratación pública. De hecho, la mayoría de las incidencias que anota se refieren, precisamente, a que no están adecuadamente establecidos los criterios de valoración o a que la evaluación de las ofertas no justifica adecuadamente la puntuación otorgada a cada oferta.
"Con criterio general, y en relación con la determinación de los criterios de adjudicación, se recomienda que las fórmulas establecidas en los pliegos permitan, de una manera razonable, que la importancia relativa concedida a la oferta económica, en relación con los otros criterios, sea efectiva", señala el informe de la Sindicatura. En otras palabras, pide que el peso de la oferta económica a la hora de la baremación esté más claro en aras de una mayor objetividad de la adjudicación.
Entre los aspectos concretos que destaca sobre los contratos auditados, el informe advierte de que, por ejemplo, en la adquisición de vacunas antigripales para la campaña 2008-2009 por parte de la Consejería de Sanidad, el contrato se formalizó antes de la adjudicación.
En dos casos, correspondientes a la construcción de un centro sanitario integrado en Burriana y al ramal derecho del trasvase Júcar-Vinalopó, detecta que "las actas de replanteo de las obras llevan fechas anteriores a las de aprobación de los proyectos".
Y en el contrato para el depósito, custodia y gestión de los archivos de documentación clínica del hospital La Fe, apunta que el documento se formalizó en febrero, aunque la prestación efectiva del servicio había comenzado el 1 de enero y la facturación, en diciembre.
Precisamente la construcción del nuevo hospital universitario La Fe, en el barrio valenciano de Malilla, ocupa un lugar destacado entre las incidencias detectadas en siete contratos de ejercicios anteriores que también ha revisado la Sindicatura. Se trata, ni más ni menos del incumplimiento, por la Generalitat, de una sentencia del Tribunal Superior de marzo de 2008, ratificada por el Supremo, que anuló la adjudicación porque se había contratado conjuntamente la dirección facultativa y la ejecución de las obras.
También destaca la Sindicatura la paralización de las obras de la autovía CV-95 y los retrasos y prórrogas en las obras de la CV-35, con modificados que incrementan el contrato original en un 19,98%.
En relación con la sanidad, el informe señala que la empresa que gestiona el área 20, de Torrevieja, no había liquidado en tiempo y forma con la Generalitat lo establecido en el contrato.
"La liquidación del año 2007 está pendiente de aprobación por la Comisión Mixta", añade la Sindicatura, que se queja de la falta de "determinada documentación requerida para la fiscalización".
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