VALENCIA.- Los vacíos en las auditorías que ha realizado la Sindicatura de Comptes de las cuentas de la Generalitat de 2008 han facilitado al Consell las excusas que necesitaba para tapar el caso Gürtel. La decisión de la Sindicatura de no auditar la Sociedad Gestora de la Imagen Promocional, ni las contrataciones de Turismo o de la empresa Circuito del Motor, cuyas actividades se relacionan en el sumario de la trama Gürtel con los nichos de negocio que buscaba Orange Market y su responsable Álvaro Pérez, han permitido afirmar al Consell que son "transparentes". "Aquí no se esconde nada" ha insistido el vicepresidente económico, Gerardo Camps, que se ha escudado sistemáticamente en la Sindicatura para negar a la oposición toda clase de contratos, según 'El País'.
Una posición que contrasta con la reacción del Gobierno catalán que, tras estallar el caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet, decidió reforzar la capacidad y los medios del órgano auditor.
Tanto Camps, como el resto de miembros del Consell, se han negado este mismo mes a dar información en el Parlamento sobre distintos contratos con el argumento de que tienen cláusulas de confidencialidad o podrían vulnerar el secreto profesional. Para el Consell, la Sindicatura es "la que tiene legitimidad para consultar y fiscalizar la documentación".
Pero la realidad es que la Sindicatura de Comptes no ha auditado las empresas vinculadas a Gürtel y que en las contrataciones que sí ha fiscalizado existen quejas sobre falta de información y transparencia.
La socialista Cristina Moreno recordó ayer que el PP votó en contra, el pasado febrero, de una petición para emplazar a la Sindicatura a fiscalizar las cuentas de las empresas públicas afectadas por la trama de corrupción.
Tras calificar de "déficit, derroche y mucha opacidad", el panorama que describe el informe, Moreno añadió: "Es inadmisible que el PP no haya permitido a la Sindicatura auditar las empresas donde los Gürtel campaban a sus anchas". Para la diputada de Compromís Mireia Mollà, "las denuncias de la Sindicatura son una demostración de que la extensión del caso Gürtel va más allá de trajes y contratos defectuosos".
"Es insostenible que diga que la mayoría de los contratos fiscalizados tienen irregularidades y no pase nada".
La quiebra estructural de la televisión pública
El grupo Ràdio Televisió Valenciana requiere reformas estructurales de calado, reitera el informe de Sindicatura cuando supervisa las cuentas y la gestión de la televisión pública y su hermana menor, la radio pública. Pedro García, director general de RTVV en 2008, dejó el cargo el pasado agosto.
"La financiación de los continuos desequilibrios patrimoniales del grupo RTVV debería ir acompañada de un conjunto de medidas excepcionales de carácter estructural en el marco de un plan de viabilidad a medio y largo plazo, al objeto de paralizar el proceso de deterioro y restablecer su estructura patrimonial y su situación financiera".
Las compras de programas y de derechos de emisión de partidos de fútbol costaron 158 millones de euros en 2008. Los gastos de personal superaron los 80 millones de euros. Y los ingresos fueron inferiores a los 70 millones de euros. Es decir, las compras y los gastos de personal triplican con creces los ingresos. Y la cosa se arrastra año tras año, según deja claro el informe de Sindicatura, que recomienda, una vez más: "Un mayor rigor en la gestión del gasto y en el consiguiente control presupuestario, especialmente en gastos de programas y adquisición de derechos".
La mitad del gasto en compras -"aprovisionamientos"- corresponde a derechos de emisión de partidos de fútbol. Las "retransmisiones deportivas nacionales" costaron a lo largo de 2008 un total de 77 millones de euros. El Valencia CF cobró 30 millones de euros. El Villareal CF cerca de 25 millones. El Levante UD, menos de seis. En los tres casos, RTVV vendió esos derechos a un tercero en exclusiva por un valor inferior al que había pagado. Tanto el Valencia CF como el Villareal CF comunicaron a RTVV a lo largo de 2009 su intención de liberarse del contrato, que habría podido prorrogarse hasta 2011.
El análisis de los gastos de personal revela cómo la RTVV mantiene viva una plantilla duplicada a través de contratos de obra. Los presupuestos de la empresa pública para 2008 estimaban unos gastos de personal de 52,3 millones de euros. El gasto real fue de 81 millones de euros porque el gasto de "personal de programas" supera los 32,4 millones de euros.
El informe de la Sindicatura aclara el concepto "personal de programas": "Como ya se puso de manifiesto en anteriores informes de fiscalización, tras la revisión efectuada de los contratos del personal de programas analizados, se observa que son de naturaleza laboral y que tienen por objeto la realización de las tareas típicas de la actividad de TVV y RAV".
Los técnicos de la Sindicatura sugieren que una adecuada gestión de personal supondría un gran ahorro. No estiman la importancia de contar con una plantilla afín para elaborar informativos condescendientes.
Pero lo que más tortura a los auditores es la deuda acumulada con entidades de crédito a largo plazo y que ascendía a 1.019 millones de euros a finales de 2008. El informe explica que la Generalitat tiene previsto asumir la deuda de RTVV a partir de 2009 y describe cómo la Generalitat asumió los 32,4 millones de euros de deuda cuyos vencimientos se registraron a lo largo del ejercicio.
"La Generalitat ha atendido al pago de 11.869.987 euros, mientras que los 20.614.500 euros restantes han sido satisfechos por RTVV, tras haberle concedido el Instituto Valenciano de Finanzas un anticipo por dicho importe, que se cancelará cuando se produzca el cobro por parte de RTVV de las cantidades que la Generalitat le adeuda por las transferencias corrientes del ejercicio pendientes de cobro".
La deuda que se muerde la cola o el garbanzo del trilero. El informe de la Sindicatura no revela cómo se cerró el círculo, pero alerta: "El anticipo tiene como fecha límite de vencimiento el 15 de diciembre de 2009 y un tipo de interés del euríbor más un diferencial del 1,70%".
En entredicho la viabilidad de Ciegsa
La Sindicatura de Comptes se hace eco, en su informe correspondiente al ejercicio de 2008, de la "incertidumbre" ante la "continuidad del negocio que depende de las futuras aportaciones de la Generalitat" recogida en una auditoría que aporta la propia empresa afectada, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa).
Se trata de una empresa pública, creada para externalizar la gestión de la licitación y construcción de centros educativos, cuyo único accionista es la Generalitat y cuyo único cliente también es la Generalitat.
Ciegsa es propietaria de los colegios e institutos construidos (163 de secundaria y 174 de primaria hasta 2008), que pasan a formar parte de sus activos, y acumula ya una deuda de 2.400 millones de euros (1.700 millones en 2008, que es el ejercicio al que corresponde el informe de la Sindicatura, lo que quiere decir que la sociedad ha acumulado un endeudamiento de 700 millones de euros en un año).
En teoría, el año 2015 Ciegsa debe traspasar al Consell la titularidad de los centros docentes que ha construido, pero la propia empresa apunta, y así lo recoge el órgano de control de las cuentas públicas, la posibilidad de prorrogar el convenio hasta en 75 años.
La empresa pública, caracterizada por su opacidad -esta misma semana los diputados socialistas Ángel Luna y Ana Noguera recibieron una carta del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que les deniega una entrevista con el director gerente, José Luis López Guardiola, porque el Reglamento de las Cortes "no contempla esta posibilidad"-, revela las dificultades financieras de la Generalitat, cuyos impagos reiterados son señalados por la Sindicatura.
El panorama que describe el informe viene a apuntar que, al ritmo actual, es imposible que el Consell pague toda la deuda acumulada en la construcción de colegios e institutos.
En lo que se refiere a aspectos más concretos, el informe de la institución que fiscaliza las cuentas autonómicas revela que la construcción de barracones alcanzó un coste global de 14,6 millones de euros durante el año 2008.
Así, por una parte, los gastos de montaje y alquiler de aulas prefabricadas en Enseñanza Secundaria alcanzó la cifra de 5,8 millones de euros. Por otra parte, en los centros de educación infantil y enseñanza primaria, los gastos en aulas prefabricadas ascendieron a 8,7 millones de euros.
Una de las críticas reiteradas por la oposición a la gestión de Ciegsa es la de los sobrecostes en la construcción de los colegios e institutos, que la Sindicatura ya había recogido en sus informes de años anteriores. En este caso, el muestreo realizado sobre los centros de Secundaria confirma que la práctica totalidad acaban costando más de lo que se establecía en el contrato de adjudicación.
El instituto Radio Exterior, de Alicante, con un 37% de sobrecoste, y el instituto número 3 de Cheste, con un sobrecoste del 27%, son dos de los centros que consigna la Sindicatura de Comptes.
Por lo que se refiere a los colegios públicos, la diferencia entre precios de contrato y costes definitivos es incluso superior. Hay centros, como el colegio público número 7 de Santa Pola, el número 5 de Burriana o el López Marco de Sollana, con un 25% de sobrecoste; pero el colegio público de Pinedo costó un 38% más; el de Sant Vicent del Raspeig, un 45%, y el de La Patacona, en Alboraia, un 57%.
El caso más llamativo es el del colegio público San José de Calasanz, en Bigastro, cuyo sobrecoste alcanzó el 105%, con dos adjudicaciones, la segunda de las cuales se hizo posteriormente y de forma directa al mismo contratista.
El IVF plantea endeudarse más
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco público que gestiona las emisiones de deuda del Consell, tiene encomendada la misión de velar por el correcto funcionamiento de todas las entidades financieras que operan en territorio valenciano. Actúa como un Banco de España de ámbito autonómico. Por eso resultan más sorprendentes algunas de las irregularidades que destapa la Sindicatura de Comptes a propósito de la gestión del IVF en 2008.
Los fondos propios que maneja el IVF ascienden a 40 millones de euros. En 2008, en plena crisis financiera internacional, el endeudamiento de la entidad pública creció un 57% para situarse en 475 millones de euros a final del ejercicio. El informe de la Sindicatura recuerda que el reglamento del IVF establece que "los recursos ajenos del instituto, cualquiera que sea su modalidad de instrumentación, no deberán superar el montante de cinco veces los fondos propios".
Cuando los técnicos de la Sindicatura trasladaron la evidente inconsistencia a los responsables del IVF, la respuesta fue que el instituto "iba a proponer la tramitación de un decreto que derogara dicho límite de su reglamento". La Sindicatura todavía apunta que "a la fecha de este informe" aún no se había tramitado el cambio del reglamento en cuestión.
Enrique Pérez Boada, director del IVF en 2008, fue relevado del cargo hace apenas dos semanas. Pérez Boada fue gerente de la fundación pública constituida para gestionar los gastos que llevó aparejada la visita a Valencia de Benedicto XVI en 2006.
Pedro García, entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), dejó su cargo en agosto pasado. La fundación concedió a RTVV en exclusiva la emisión de los actos del Papa. RTVV adjudicó la sonorización de uno de los actos principales a la empresa constructora Teconsa, vinculada a la red corrupta destapada por el caso Gürtel, por el doble de su coste real.
El informe de la Sindicatura mantiene una de las recomendaciones al IVF que ha reiterado en años anteriores y que también resulta llamativa. "Es necesario clarificar el régimen económico y contable de la actividad crediticia del instituto que le resulta de aplicación, teniendo en cuenta que la actuación del instituto debe realizarse de conformidad con la ordenación del crédito y la banca", la misma que se supone que supervisa el IVF.
"Se recomienda establecer de unas normas específicas relativas a la remisión a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, y a la regulación de las garantías prestadas por el IVF sobre operaciones financieras, cualquiera que sea la modalidad de su instrumentación".
La recomendación queda clara a la vista de algunas operaciones de financiación del IVF. Es el caso del expediente 926, la concesión de un crédito de ocho millones de euros a una empresa que disfruta de un plazo de 15 años para devolver los fondos.
"En el expediente 926, el informe técnico de evaluación recomienda no conceder el préstamo dada la situación financiera de la empresa beneficiaria", apunta la Sindicatura. "Además, el préstamo concedido supuso el 97% del proyecto de inversión, superior al que establece el reglamento".
Un problema añadido es que el IVF usa en exceso "cuentas genéricas que hacen difícil su seguimiento y control" y complican la estimación del "deterioro" de cada crédito.
El informe también alerta sobre un supuesto acuerdo del Consell que permite al IVF dar de baja una deuda de 19,3 millones de euros que arrastraba con la Sociedad de Garantía Recíproca. "A la fecha de este informe", la Sindicatura no había verificado la existencia de ese acuerdo.
Y recomienda cubrir las vacantes del consejo rector de la entidad con el nombramiento de personalidades de "reconocido prestigio" en el mundo financiero.
- El Consell se quedó corto cuando estimó en 25.449 millones de euros las obligaciones contraídas para ejercicios posteriores. El Informe de la Sindicatura alerta sobre otros 4.436 millones comprometidos para los años venideros. En total, 29.882 millones.
- Francis Ford Coppola se debió quedar más largo que ancho cuando ingresó medio millón de euros por una "conferencia o clase magistral en el centro de estudios" de la Ciudad de la Luz de Alicante.
- Los proveedores del IVVSA constituyen un club muy corto. El Instituto de Vivienda adjudica el 83% de sus contratos a 18 empresas. Además, la Sindicatura "ha comprobado la existencia de un mismo administrador, o de vínculos familiares entre los administradores, en seis de los principales proveedores del instituto".
- El IVAM mantiene todavía 4,3 millones en concepto de capital inmovilizado por un proyecto de ampliación que se descartó en 2007. Y contabiliza sus catálogos a precio de venta al público.
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