"El caso de Llíber se ha destapado por las denuncias de particulares, del Colegio de Arquitectos y por la investigación del grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, es decir, por todos menos por la Generalitat valenciana, que es quien debía haberse dado cuenta de los más de 300 chalés ilegales", criticó la entidad.
Acció ecologista-Agró considera que "la pasividad del Consell en Llíber, no se trata de un hecho excepcional, como ya comprobó en Zarra u Ontinyent, o en las investigaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente".
Por su parte, Santiago Gasset, del Grupo de La Costera de Acció Ecologista-Agró, señaló que se han examinado tres casos --Sax (Alicante), Benasal (Castellón) y Real de Montroi (Valencia)-- en los que la Generalitat "nunca recibió los informes de lo que pasaba en suelo no urbanizable, y tampoco los solicitó", una situación que en su opinión muestra que el Gobierno valenciano "se desentiende de lo que suceda en suelo no urbanizable".
"Algún Ayuntamiento alegaba que la Generalitat nunca había solicitado los informes", continuó Gasset, quien señaló que "esto no quiere decir que la situación de estos Ayuntamientos sea la de Llíber", sino que "la Generalitat no controla", en unos casos en los que el control es "tan sencillo como requerir el informe" al consistorio.
La asociación ecologista consideró que en el caso de Llíber "queda demostrado como la falta de actuación ante las irregularidades urbanísticas puede originar daños graves a particulares", puesto que los afectados "han sido estafados, han sufrido un daño en su patrimonio y la Generalitat podía haberlo evitado ejerciendo sus competencias".
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