ORIHUELA.- La Asociación de Propietarios afectados por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Sierra Escalona y de la Sierra de Carrascoy, y por otras figuras proteccionistas, han presentado una denuncia ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE) contra de los Gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia al considerar que se están violando sus derechos individuales como ciudadanos europeos al verse privados del pleno disfrute de su propiedad privada, según publica el diario 'Información'.Los aproximadamente 1.500 propietarios afectados están representados por el abogado Diego de Ramón Hernández, que recuerda que el Parlamento Europeo ya ha condenado tres veces al Gobierno de España y a las comunidades de Valencia, Andalucía, Murcia y Madrid, respecto al convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La denuncia expone que ambas comunidades a la hora de delimitar el área de protección de Escalona y Carrascoy utilizan "prácticas atípicas" con herramientas jurídicas de planeamiento a costa de la propiedad privada sin indemnizar, pero sí obteniendo los dos gobiernos regionales ayudas europeas como la Red Natura (figura que también afecta a Escalona y Carrascoy) sin que lleguen a los propietarios dichas indemnizaciones.
Para el letrado, lo lógico sería declarar zonas de interés comunitario a proteger y abrir los correspondientes expedientes administrativos e indemnizar a los propietarios, según el valor económico del mercado. Estas plusvalías, añade, deberían alcanzar los terrenos colindantes de particulares que se plasman en tres bandas o anchuras de protección a costa de la propiedad privada, lo cual, "reduce al máximo la explotación y los derechos inherentes al uso total y pleno que corresponde al derecho de propiedad".
Según Diego de Ramón, estas bandas de protección y limitación de los usos de terrenos privados evidencian "un tipo de expropiación encubierta, sin contraprestación alguna, ni económica ni de ningún tipo compensatorio, lo que supone privar gratuitamente los derechos fundamentales de particulares o ciudadanos que ven disminuidos su valor económico a costa de beneficiar a un servicio que se dice común, pero las ayudas que reciben ambas comunidades nunca llegan a los propietarios afectados".
El letrado acusa en su denuncia a los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia de pretender conseguir la propiedad privada adquirida legítimamente por sus propietarios sin entablar el proceso debido, sin las indemnizaciones adecuadas y sin pagar nada, lo que "constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales"
Investigación de los fondos
El abogado Diego de Ramón acusa en su denuncia presentada en la UE a los Gobiernos de Valencia y Murcia de conseguir más ayudas europeas aprovechándose de terrenos privados colindantes con las zonas protegidas (terrenos de colchón y amortiguación de impactos), al justificar territorialmente más suelo. Por ello, pide un investigación sobre las medidas que adoptan sobre la extensión de las zonas protegidas y el destino de los Fondos Europeos.
Para el letrado, los gobiernos regionales, en sus deseos de obtener más fondos europeos, extienden sobre lo más cómodo el perímetro de protección "sin que las ayudas europeas lleguen a la mayoría de propietarios afectados, cuyos derechos individuales no se protegen".
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