MADRID.- Cáritas ha advertido hoy de los intentos de restar visibilidad a los inmigrantes en situación irregular -en alusión a los ayuntamientos que quieren negar su empadronamiento- y ha reiterado su apuesta por un pacto de Estado sobre inmigración y por garantizar los derechos sociales básicos a todas las personas.
Ante la polémica que surgió recientemente por las dudas de varios ayuntamientos a empadronar a los "sin papeles", Cáritas asegura hoy en una nota que este registro no sólo constituye un derecho sino una obligación para los ayuntamientos, que deben velar porque el padrón sea un reflejo de la población real de cada municipio.
En el caso de los extranjeros no comunitarios, "esta obligación cobra especial relevancia" porque es la puerta de entrada a derechos como la sanidad, con independencia de su situación administrativa.
Añade que la inscripción de todos los extranjeros en el padrón es "procedente", un acto para el que -dice- basta con el pasaporte.
Al obstaculizar su registro, "sólo se está intentando que estas personas dejen de existir en las estadísticas, sin que por ello dejen de vivir entre nosotros".
Al hilo de esta polémica, la organización católica -que trabaja con el colectivo de inmigrantes desde hace mucho tiempo- critica un modelo de crecimiento que impide acceder a muchas personas a una vivienda digna y señala que los "pisos pateras" o "camas calientes" es una realidad bien conocido por sus profesionales.
Hace unas semanas el Gobierno anunció su intención de modificar las condiciones de habitabilidad de una vivienda para establecer la superficie habitable por persona y, por tanto, cuántas personas pueden ser empadronadas en un mismo domicilio.
En España todas las administraciones tienen competencias propias en este ámbito, "por tanto tienen responsabilidad directa a la hora de promover y garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, sobre todo para personas en situación de desventaja social".
En 2001 se censaron casi millón y medio de familias residentes en infraviviendas, "lo que pone en evidencia que las dificultades de acceso a la vivienda y los problemas de hacinamiento no son realidades generadas por los recién llegados, sino más bien una consecuencia directa de un modelo de crecimiento que excluye a muchas personas del acceso a una vivienda digna".
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