Un informe policial cita a cinco empresarios con contratos en la administración como financiadores del PPCV

VALENCIA.- El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que se incluye en el sumario del 'caso Gürtel', cuyo contenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo público hoy, cita a cinco empresarios con contratos en la Administración Pública como financiadores de parte de los actos del PPCV. Para ellos se trataba de donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido.

El documento explica que estos empresarios tenían contratos vigentes, prestaban servicios y realizaban obras para las Administraciones Públicas obtenidas "como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos", según se especifica.

Además, recoge que el propio PP en la persona de Ricardo Costa, ex secretario general, actuaba "como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas", una forma de actuar que "da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".

Los empresarios citados en el informe son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras S.A.; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A.; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa; y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF S.L.

Respecto a las empresas en las que participa Enrique Tomás Ortiz, el informe recoge que han resultado adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la Comunitat, principalmente en la zona de Alicante, por un importe total de 202.249.738 euros. En cuanto a las entidades en las que participa Enrique Gimeno, que fundamentalmente consiguieron contratos en la zona de Castellón, el total ascendería a 13.876.087 euros.

Por lo que respecta a Vicente Cotino, el documento recuerda que tiene vínculos familiares con personas con cargos públicos, dentro de la Generalitat, como es el caso de su tío Juan Cotino, vicepresidente tercero de las Corts y en esa fecha conseller de Bienestar Social.

Por otro lado, indica que Vicente Cotino entró en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado al objeto de efectuar la compra de la mercantil Easy Concept S.L., algo en lo que también participaba Pedro García, entonces director de Canal 9, ya que éste había manifestado su interés en colaborar en este proyecto. En total, las empresas del grupo Sedesa recibieron contratos por 539.016.098 euros.

Respecto a Luis Batalla, el documento recoge las empresas que componen el grupo Lubasa contrataron obras por un importe global de 77.337.451 euros; mientras que el grupo PIAF, de Antonio Pons, resultó adjudicatario de diversos contratos públicos.

El informe concluye que "existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular" de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa y que dicho sistema "tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política".

En concreto, precisa que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunitat Vaenciana", ya que "existe un doble sistema de contabilización de los actos derivado de una facturación dual", una real plasmada en una factura formal --bajo la denominación de Alicante-- y otra "sin factura y por tanto sin que exista un reflejo contable de su emisión --denominada Barcelona--".

Así, "por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura", de modo que "una parte por tanto es fiscalizable porque está reflejada en los libros de contabilidad y otra parte es opaca al integrarse en los fondos ajenos al circuito económico de los que dispone la organización".

En cuanto a la financiación, constata que una parte de los cobros por adelantado que reducen la deuda viva "entra en dinero procedente de los circuitos económicos y reduce por tanto la deuda A --Alicante-- y otra parte son fondos que no están en el sistema económico y por tanto reducen la deuda B --Barcelona--".

Dentro de la deuda A, figuran por un lado las cantidades relativas a actos realizados para la Comunitat derivados de concursos públicos --como las ferias de turismo--, que son liquidadas mediante la entrada de los fondos públicos, y por otro, actos organizados para el PP mediante la emisión de facturas, en las que detecta tanto cambios en la base imponible como en el nombre de los clientes. Así, por ejemplo, sustituye PPCV por Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.

Respecto a la deuda B, destaca que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en cuenta corriente del partido" mientras "dicha empresa tiene contratos vigentes, presta servicios y realiza obras para las Administraciones públicas".

Es más, puntualiza que en alguna de las facturas que sufrieron una transformación del cliente --como una que pasa del PPCV al grupo empresarial PIAF-- "por una parte se engrosa el valor de realización del acto y por otra se cambia al cliente pasando de ser el partido a una empresa privada".

El informe recoge que esa deuda B se reduce mediante facturas emitidas por el PP, de las que se descuenta únicamente la base imponible; con aportaciones directas de empresarios de la Comunitat Valenciana; y con entregas de dinero directas anotadas como procedentes del PPCV sin que tengan contrapartida en facturas emitidas por Orange Market.