El presidente de la patronal alicantina, COEPA, implicado en la financiación del PP

VALENCIA.- Las empresas del presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Martínez, también aparecen implicadas en la supuesta financiación irregular de los populares valencianos, según 'El País'.

Según el auto del TSJ de Madrid, existen indicios de que seis conocidos empresarios de la Comunidad Valenciana -todos ellos relacionados con el sector de la construcción- asumieron el pago de distintos eventos del Partido Popular durante los años 2007 y 2008, bien de manera opaca, bien mediante facturas abonadas a la trama corrupta por servicios inexistentes.

Así, según el auto del juez Pedreira, el grupo Vallalba y sus sociedades Constructora Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste -sociedades controladas por el presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez- pagaron a Orange Market casi 194.000 euros durante 2007 por supuestos trabajos.

Esta cantidad, según los indicios investigados, habría servido para rebajar la deuda oficial de los populares valencianos con la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por los servicios prestados durante la campaña electoral autonómica y municipal de 2007.

Ese mismo año, las constructoras Facsa, con 150.000 euros, y Piaf, con casi 27.000 euros, también pagaron facturas a Orange Market que, supuestamente, sirvieron para aminorar la deuda oficial de los populares valencianos.

La investigación revela que también se produjeron pagos en dinero negro que, a pesar de no figurar en las cuentas del PP ni en los balances de las empresas, quedaron registrados en la contabilidad B de la trama corrupta.

Según el auto, "los gestores efectivos" de Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf habrían colaborado en un supuesto delito electoral.

En 2008, las constructoras que habrían financiado ilegalmente al PP valenciano serían las sociedades del Grupo Sedesa, de la familia del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (130.000 euros), Lubasa Desarrollos Inmobiliarios (más de 50.000 euros), Enrique Ortiz e hijos (100.000 euros) y, otra vez, Facsa (231.000 euros) y Piaf (3.800 euros).

La fiscalía considera que si los pagos investigados se refieren a los actos del PP con motivo de la campaña de las elecciones generales los hechos podrían ser constitutivos también de un delito electoral.

Unos delitos que se podrían sumar al de falsedad en documento mercantil, ya que las constructoras habrían intentado encubrir sus donaciones al PP.