viernes, 11 de junio de 2010

El PSPV, dispuesto a abordar la racionalización de la administración pública valenciana

VALENCIA.- El secretario de Política Municipal del PSPV, José María Ángel, aseguró hoy que los socialistas valencianos están dispuestos a abordar la racionalización de la administración pública, "con todo rigor, no sólo por la medida económica derivada y por los reiterados incumplimientos de la Generalitat, sino para garantizar que los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades reciban servicios de máxima calidad con independencia del pueblo o la ciudad en la que vivan".

Ángel se expresó en estos términos en un comunicado en relación a las declaraciones realizadas hoy por el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien apostó por la "fusión o supresión de ayuntamientos", ante la situación económica "insostenible" por la que atraviesan.

En opinión del dirigente socialista, "garantizando la identidad política de cada municipio existen fórmulas y acciones supramunicipales y mancomunadas con las que se puede garantizar e incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios que se prestan a los consistorios".

Asimismo, recordó que los ayuntamientos gobernados por los socialistas van a celebrar una serie de plenos para exigirle al presidente de la Generaitat, Francisco Camps, que "salde su deuda histórica y cumpla con los acuerdos que alcanzó hace más de diez años para crear el Fondo de Cooperación Municipal".

"El municipio de Benetússer va a ser el primero que va a reclamar al presidente de la Generalitat que pague y cumpla lo prometido, pero tras él habrá muchos más", puntualizó Ángel, quien explicó que se convocarán "multitud" de plenos extraordinarios y monográficos en los municipios de la Comunitat Valenciana donde gobierna el PSOE, "pero también en el resto de localidades".

En dichas sesiones plenarias, según estableció la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Declaración de Elche de 27 de octubre de 2009, se exigirá al Consell la creación de "un fondo de carácter incondicionado, que complemente la financiación del Estado, conforme a un reparto con criterio de población que se corresponda al menos a los 70 euros por habitante".

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